Home

Cartagena

Artículo

La Policía respondió ante el caso de la joven esposada en un local comercial en Cartagena
La Policía respondió ante el caso de la joven esposada en un local comercial en Cartagena - Foto: Collage fotos video youtube Semana y Twitter @gustavopetro

cartagena

Así respondió la Policía por esposar a mujer en Cartagena I En la esquina de Juan Diego Alvira

Las autoridades afirmaron que el procedimiento se realizó de acuerdo con la norma y al protocolo y lo que se buscaba era proteger los derechos de los menores.

La historia de una mujer de nacionalidad venezolana que llegó hasta un local del almacén Jon Sonen en Cartagena para reclamar su liquidación, la cual aseguró se la habían negado por más de un año, ha generado indignación en Colombia.

En un video difundido en las redes sociales, y que también fue compartido por el presidente Gustavo Petro, se muestra a la joven reclamando, en compañía de sus dos hijos, cuando la Policía ingresa al lugar y la saca con esposas.

Las imágenes generan indignación porque las autoridades hacen uso de la fuerza para pedirle que se retire del lugar, frente a los fuertes llantos y angustia de sus dos hijos.

Sobre este tema ya se pronunciaron la empresa, el Ministerio de Trabajo y la misma joven, quien afirmó que llevan más de un año y medio sin pagarle lo que le deben y que ella solo estaba haciendo uso de su legítimo derecho a reclamar.

La Policía también decidió pronunciarse sobre el hecho. En una conferencia de prensa, Tito Castellanos, jefe del servicio nacional de la Policía, fue el encargado de dar a conocer la respuesta oficial de las autoridades frente al hecho.

“El procedimiento se realizó de forma gradual y acorde a la norma. Partimos de una petición de la ciudadanía en un establecimiento público. Cuando se agotó el recurso del diálogo se procedió a continuar con el proceso”, dijo el uniformado.

También afirmó que su objetivo principal era proteger los derechos de los dos menores que estaban siendo vulnerados en el hecho. “Lo que hace la Policía es tratar de solucionar un problema laboral y orientar a la persona que necesita información y evitar que el estado de alternación vulnere la seguridad de los niños”, explicó Castellanos.

Finalmente afirmó que, luego de retirarse del establecimiento comercial, las autoridades le quitaron las esposas a la joven y la orientaron para que pusiera la demanda ante las autoridades competentes. “Sin afectar los derechos de los niños que debemos proteger”, concluyó el oficial.

Vale la pena recordar que el almacén Jon Sonen fue sellado por el Ministerio de Trabajo tras conocerse el caso.

A raíz del incumplimiento y vulneración de sus derechos laborales por la empresa, la mujer decidió hacer pública su denuncia. De hecho, cuando se encontraba en el almacén, luego de una acalorada discusión, fue sacada del recinto esposada por la fuerza pública.

Esto quedó registrado en un video que llegó a manos del Ministerio del Trabajo y hasta del presidente de la República, Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de Twitter expresó la molestia que le generó el caso.

Inmediatamente, el hecho comenzó a ser investigado por funcionarios de MinTrabajo, quienes en la mañana de este martes llegaron hasta las instalaciones de la tienda Jon Sonen y la sellaron de manera indefinida.

Esta decisión fue tomada, luego de la denuncia pública realizada por Norelys Álvarez a través del medio digital local El Bolivarense.

¿Cuánto deberá pagar Jon Sonen a la afectada?

Si bien la mujer abrió el proceso legal en septiembre de 2022, según el material probatorio de acuerdo con el juez Laboral, entre la liquidación, prestaciones sociales definitivas, vacaciones y la indemnización, la cifra asciende los 20 millones de pesos colombianos.

Los hechos

Wendy Norelys Álvarez Sarmiento es una mujer de nacionalidad Venezolana, quien trabajó para la reconocida tienda de ropa Jon Sonen desde el pasado 17 de abril de 2019.

Según el relato de la afectada, mientras se encontraba trabajando en la empresa quedó en estado de embarazo y, al realizarse su primer control médico, se dio cuenta de que no estaba afiliada a EPS, ni seguridad social, esto ocurrió en el año 2019. Tras no contar con seguro médico, no podía asistir a citas de control, por esta razón, Norelys solicitó a la empresa el pago de citas particulares.

Álvarez explicó que al quinto mes de embarazo se encontraba efectuando sus labores habituales en el lugar de trabajo cuando presentó las primeras contracciones. Inmediatamente, recibió primeros auxilios, quienes sugirieron ir a urgencias, ya que los síntomas representaban un peligro para ella y para el bebé.

A pesar del riesgo en que se encontraba, Wendy Norelys no pudo acercarse a ningún centro asistencial, pues no contaba con la seguridad social o el Sisbén. Ante esta situación, decidió tomar acciones legales y se dirigió a la Defensoría del Pueblo, donde instauró una tutela cuyo fallo fue a su favor, en ese momento, Jon Sonen la afilió a la EPS.

Meses más tarde, luego del nacimiento del bebé, según la mujer, la empresa no realizó el pago de la licencia de maternidad, por esta razón, instauró una nueva acción de tutela, y al momento de reincorporarse a sus labores, fue enviada a un periodo de vacaciones.

Nuevamente, al volver a su lugar de trabajo, se encuentra con que había sido trasladada a la ciudad de Yopal, Casanare. No obstante, Norelys no aceptó el traslado, por lo cual la empresa tomó la decisión de despedirla.

A pesar de justificar su negativa de traslado, fue citada a audiencia de descargo, y el día 20 de octubre fue despedida, sin que mediara una justa causa. Hasta la fecha, la empresa no le ha cancelado la liquidación, por lo cual decidió iniciar nuevamente un proceso legal en septiembre de 2022.