El exfuncionario de la Oficina de Talento Humano de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Bolívar, Carlos Martín Pérez Venecia, irá a la cárcel durante 10 años, luego de que un juez avalara el material probatorio aportado por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cartagena.
Con respecto a la investigación, se conoce que el funcionario, en el ejercicio de sus funciones entre los años 2018 y 2019, proyectó con documentos falsos 13 resoluciones que posteriormente su jefe firmaría, con el fin de aprobar el retiro de cesantías retroactivas a personas que no tenían derecho a la misma.
Dentro de los beneficiados del proceso que adelantó Pérez Venecia, estaban dos funcionarios más de la Secretaría, quienes no estaban cobijados con el régimen de retroactividad, dos pensionados, tres particulares que no tenían vínculos con la gobernación y, por supuesto, el autor material de los hechos.
Por otro lado, también se logró demostrar que estas personas se hicieron de manera irregular con un aproximado de más de 472 millones de pesos, que fue entregado por la administradora de fondos, por los que también se encuentran vinculados a la investigación.
Con las pruebas necesarias, la fiscal del caso consiguió en las audiencias de juicio realizadas, que el exfuncionario aceptara su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Pérez Venecia se encuentra privado de la libertad en la cárcel San Sebastián Ternera, de Cartagena.
Otros casos de corrupción en Cartagena
Como Darwin Javier Cardona Pérez fue identificado el funcionario de la Fiscalía en Bolívar, que fue judicializado por una fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cartagena.
Cardona es acusado de ser responsable en los delitos de abuso de función pública, fraude procesal, falsedad en documento público y falsedad material en documento público agravado.
Los hechos ocurrieron desde el 2016 hasta el 2019, cuando el servidor público, al parecer, abusando de su cargo, realizó funciones que legalmente no le correspondían al interior de varios despachos de la Fiscalía donde laboró.
La presunta corrupción
Dentro de las supuestas irregularidades cometidas por Cardona Pérez, el ente acusador recopiló material de prueba que muestra que, en su calidad de asistente, habría elaborado documentos para entregar vehículos que se encontraban retenidos por delitos culposos, trámite que es exclusivo de los jueces de control de garantías y en algunos casos, excepcionales de los fiscales.
Igualmente, se investiga si el procesado indujo en error al pagador de nómina de la Fiscalía de Cartagena, toda vez que le aportó unos oficios falsos para que este hiciera unos actos administrativos que le permitieron el desembargo de su cuenta, por tres procesos ejecutivos que tenía en su contra.
Durante las audiencias concentradas, el funcionario no aceptó su responsabilidad en los cargos que le imputó el ente acusador. Por su parte, el juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
Otras personas capturadas por corrupción
El pasado 14 de abril fueron capturados rectores de colegios públicos y cuatro contratistas por la Unidad Anticorrupción de la Dijín.
Los funcionarios fueron retenidos por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos en instituciones educativas ubicadas en zonas vulnerables de Cartagena.
La plataforma reveló que los rectores capturados fueron identificados como: Juan Carlos Castillo Castilla, por hechos ocurridos cuando era rector de la Institución Educativa de Bayunca. Robinson Orozco Quejada, investigado por hechos ocurridos cuando fue rector de los colegios Luis Carlos Galán y Fredonia. El tercer funcionario es Remberto Navas Moreno, rector del colegio San Felipe Neri.
Los rectores fueron procesados por los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.
