General Padilla insiste en actuar con transparencia para ganar la guerra

La cumbre de generales y almirantes que se lleva a cabo en la Escuela José María Córdova es quizá uno de los encuentros más importantes que se realizan en el año para evaluar el manejo de la guerra respecto a los derechos humanos.

El momento en el que sucede dicho encuentro es paradójico. Por un lado, la moral de las tropas está alta luego de sus éxitos militares como la operación ‘Jaque’, que le dio la libertad a 15 secuestrados, o las muertes de líderes de las Farc como ‘Martín Caballero’ y el ‘Negro Acacio’ que sembraron el terror durante años en diferentes puntos del país. Pero por otro lado está la sombra de los  falsos positivos que se han presentado en Norte de Santander, entre otros lugares. Y además hay gran molestia entre algunos miembros de las fuerzas precisamente por las críticas que han despertado algunas de las acciones ilegales en las que han estado o pueden haber estado involucrados integrantes de la institución. (Ver Tensión militar).

De ahí la trascendencia esta cumbre. A puerta cerrada, se encuentran 110 generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, más 15 coroneles que en dos meses ascenderán a generales. Están discutiendo la manera como deben seguir aplicando la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, una normativa difícil de ejecutar debido a las condiciones de la guerra colombiana, donde cada vez es más difícl distinguir entre combatientes de fuerzas ilegales, delincuentes comunes y la misma población civil tras la cual se escudan para esconderse. (Ver Multimedia).

“Esta cumbre debe adoptar las medidas preventivas necesarias para fortalecer nuestra moral interna, nuestra cohesión y la aplicación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en cada una de nuestras actuaciones, en cumplimiento de las directrices impartidas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, el Comando General y los comandos de cada una de las fuerzas”, dijo el general Padilla. “Hay una política de Estado, unas órdenes muy claras del alto mando, orientadas a perfeccionar cada día nuestro accionar, en procura de que nuestras operaciones sean efectivas en el momento de la acción y, al mismo tiempo, absolutamente transparentes”, agregó.

Aunque sus palabras suenan más protocolarias que pragmáticas, detrás de éstas hay una realidad y es que, dentro de las filas castrenses, hay dos visiones sobre cómo se debe librar la guerra.

La primera es la tradicional, que aunque nunca se ha dicho explícitamente, es aún bastante generalizada en las filas militares. Esta defiende la filosofía de que el fin justifica los medios y que la única manera de ganar la guerra es apelando a métodos similares a los de los enemigos. Esta manera de pensar ha llevado a muchos a cruzar la raya de la ilegalidad, y de ahí, que hayan terminado perseguidos por la justicia. La Fiscalía acaba de ordenar la captura de los generales retirados Rito Alejo del Río y Jesús Arias Cabrales: el primero por nexos con paramilitares y el segundo por colaborar presuntamente con la desaparición de 11 personas en la toma del Palacio de Justicia.

La segunda es la de unos oficiales más modernos que buscan sintonizarse con una política de Derechos Humanos real, con reglas claras de enfrentamiento, donde la guerra se gane de una manera limpia sin tener que recurrir acciones delincuenciales para lograr positivos porque estratégicamente esto le da una ventaja a la fuerza pública. Contar con la legitimidad que da una acción ética, es un respaldo necesario para ganarse a la población civil.

Al final del jueves se conocerán las conclusiones de la reunión, donde también se encuentran el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, Roberto Pombo, editor general de El Tiempo; Mario Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación; William Brownsfield, Embajador de Estados Unidos; Eduardo Pizarro Leongómez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación; Vólmar Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, y Javier Hernández Valencia, representante encargado de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.