“Gobierno obstaculiza investigaciones sobre paramilitares”: Human Rights Watch

Los ataques del presidente Álvaro Uribe contra la Corte Suprema; las reformas constitucionales que le quitarían competencia a este tribunal para investigar la parapolítica; reformas al Congreso para poner fin a la influencia paramilitar; la extradición de jefes paras cuando estaban comenzando a hablar sobre su responsabilidad y la de sus cómplices en violaciones de derechos humanos, estas son algunas de las amenazas que ve Human Rights Watch (HRW) a las investigaciones que sobre paramilitarismo y parapolítica adelantan las autoridades judiciales en Colombia.

En un comunicado que acompañó el informe titulado ¿Rompiendo el Control?, obstáculos a la justicia en las investigaciones de la mafia paramilitar en Colombia, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la HRW, asegura que el gobierno del presidente Uribe pone en riesgo constante los intentos por investigar y juzgar los delitos de paramilitares. “Las autoridades judiciales de Colombia han realizado avances sumamente importantes en la investigación de los paramilitares y sus poderosos aliados (...) Sin embargo, el gobierno de Uribe continúa tomando acciones y medidas que podrían sabotear estas investigaciones”.

De inmediato conoció el informe del organismo, la Vicepresidencia de la República emitió un comunicado de nueve puntos en el que muestra su desacuerdo con dicho balance. “El Gobierno cree que estas y otras falsedades evidentes en el Informe, obedecen a problemas de comprensión de lectura de quienes lo redactaron, pues se niega a creer que estas imprecisiones obedezcan a malas intenciones”, señala.

Añade el gobierno que el país necesita un esclarecimiento de los hechos violentos en el que están involucrados los grupos armados. “Pretender que ese no es el interés del Gobierno es ridículo”, enuncia el comunicado.

Los obstáculos
 
Human Rights Watch recuerda que miembros de este grupo ilegal, bajo órdenes de jefes paramilitares extraditados como Salvatore Mancuso, ‘Jorge 40’ y ‘Don Berna’, han cometido delitos de lesa humanidad y otras atrocidades, entre las cuales se cuentan masacres, asesinatos, amenazas, desapariciones forzadas y el desplazamiento de civiles. “Han acumulado un inmenso patrimonio y una fuerte influencia, en parte a través de alianzas mafiosas con miembros de las fuerzas militares, políticos y sectores empresariales”, señala el informe.

Basta recordar las medidas judiciales que se han tomado en las últimas semanas contra personas como el general retirado Rito Alejo del Río, señalado por la Fiscalía de facilitar asesinatos selectivos en el departamento del Chocó a manos de autodefensas.

Human Rights Watch también evalúa los avances logrados por Colombia en la investigación de la influencia de las mafias paramilitares. En los dos últimos años, dice, la Corte Suprema ha logrado avances sin precedentes en investigaciones contra miembros del Congreso que tuvieron nexos con paramilitares: más de 60 están siendo investigados y por lo menos 38 de ellos pertenecen a la coalición uribista.

“En confesiones ante fiscales, los jefes paramilitares han comenzado a revelar información sobre algunas de las atrocidades que cometieron y a nombrar a sus cómplices en la esfera política y dentro de las Fuerzas Militares”, dice HRW. Uno de ellos es Éver Veloza, alias H.H., quien últimamente ha señalado a funcionarios del gobierno como el ex embajador de Colombia en República Dominicana Juan José Chaux, quien tuvo que renunciar a su cargo tras conocerse conversaciones recientes con desmovilizados de las AUC que seguían delinquiendo.

El informe también habla de los avances en estas investigaciones. Por ejemplo, la sentencia de la Corte Constitucional que mejoró la Ley de Justicia y Paz al generar incentivos para que los jefes paramilitares cuenten la verdad sobre sus delitos. “La presión ejercida en el ámbito internacional (incluida la postergación de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia) ha logrado impedir en ocasiones que el gobierno intentara liberar de toda responsabilidad a los cómplices de los paramilitares”, señala.

El documento, dado a conocer este jueves, está basado en entrevistas con fiscales, funcionarios y académicos que han estado al frente de la investigación fenómeno del paramilitarismo después de la desmovilización de unos 48 mil miembros de las autodefensas desde el 2003 hasta agosto de 2006. El reporte también se hizo con base en declaraciones de testigos y otros documentos recabados durante más de un año de investigación en Colombia.