Gobierno responde al informe de derechos humanos de la ONU

Como una “visión integral, comprensiva y amplia”, calificó el gobierno el “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el 2008” presentado esta semana por las Naciones Unidas. El gobierno, a través de un extenso comunicado, se mostró satisfecho porque el Informe reconoció los “esfuerzos del Estado”, en esta materia.

El comunicado recordó que Colombia suscribió un compromiso de someterse a un Examen Periódico Universal sobre la situación de los derechos humanos del país. El gobierno anotó que el informe hacía bien en señalar que los grupos ilegales desconocen el Derecho Internacional Humanitario.

No obstante, frente al punto en el que el Informe pide “un llamado al diálogo y la negociación para alcanzar una paz sostenible”, el gobierno emitió varias consideraciones.

La primera es que la sociedad civil ha reiterado su rechazo al secuestro y la violencia. Para respaldar su argumento, el gobierno recordó la multitudinaria marcha del 4 de febrero del año pasado, en la que le gente salió masivamente a rechazar el secuestro.
También indicó que en el país no había justificación para la violencia “con supuestos propósitos políticos” y expresó que en el país había garantías para el ejercicio de la política. “El sistema político colombiano es pluralista y con garantías para todas las fuerzas políticas”, dice en su comunicado.

También reiteró lo que en otras ocasiones ha dicho acerca de un diálogo de paz con los grupos ilegales: que “no es aceptable… que un diálogo de paz sea utilizado, una vez más, para engañar con promesas de paz mientras se recuperan fuerzas y se preparan nuevos ataques contra la población y sus instituciones legítimas”. Y dijo que para lograr esa paz sostenible que invoca la ONU, los grupos ilegales debían “cooperar en el combate al narcotráfico”.

El informe que presentó la ONU menciona el “lunar” que representa para el Estado, las denuncias por homicidios cometidos por miembros de la Fuerza Pública. En ese sentido el gobierno responde que desde octubre pasado no ha habido más denuncias de ese tipo y dedica una buena parte del comunicado a ratificar lo dicho en el informe sobre el esfuerzo de las instituciones del Estado para adoptar medidas de protección de los derechos humanos.

No obstante, en uno de los apartes del comunicado el gobierno se muestra sorprendido ante la afirmación que hay en el Informe de que las políticas adoptadas por el Ministerio de Defensa no habían “logrado incidir de manera significativa en la reducción de las graves violaciones”. Seguidamente menciona 15 medidas que tomó el Ministerio para resolver el problema, entre las que destaca el retiro de 12 oficiales del Ejército.

También asegura el comunicado que el Estado ha enfrentado la lucha contra la insurgencia “sin complicidades de ningún grupo paramilitar”. Aunque reconoce la “realidad dolorosa” que significan las ejecuciones extrajudiciales, argumenta que eso no puede empañar las victorias conseguidas “con las armas legítimas”. Y recuerda el costo de vidas humanas y las mutilaciones de soldados en nombre de la “defensa de la democracia” y “protección de la población”.

Destaca la distinción que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos hace de los grupos ilegales que surgieron tras el proceso de desmovilización, que según el informe, tienen como motivación principal la producción y tráfico de drogas. En ese sentido defiende la creación de la Ley de Justicia y Paz y los instrumentos para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.

En el comunicado, el gobierno admite que el Ejecutivo ha tenido discrepancias con la Rama Judicial, debates “fundados en diferencias en la apreciación de situaciones o en la necesidad de ventilar públicamente quejas recibidas por el Gobierno sobre eventuales actuaciones inadecuadas de miembros de esa Corporación”, refiriéndose a la Corte Suprema de Justicia. Y argumenta que no es por las investigaciones de la Corte, sino por el interés de que las actuaciones del organismo judicial “se hagan con justicia”.

Finalmente, el gobierno se compromete a asumir las recomendaciones hechas por la ONU, no obstante advierte que expresará “inquietudes en relación con la precisión de algunos términos”