Por masacre de Trujillo, otros dos militares a la cárcel

Tres años de asesinatos y torturas tuvieron que soportar los habitantes de Trujillo, Valle, cuando a finales de los 80 y comienzos de la década de los 90 grupos de narcotraficantes, en colaboración con algunos miembros del Ejército, desaparecieron a unas 350 personas. En ese entonces, el teniente Wilfredo Ruiz Silva, y según la Fiscalía, fue uno de los responsables de esta tragedia junto con otras 19 personas (entre uniformados y civiles) que hoy tienen orden de captura.

En la mañana de este miércoles, el coronel Ruiz (quien actualmente se desempeñaba como comandante de la Regional Estratégica de Inteligencia) se entregó a las autoridades en las instalaciones de la Brigada 13 en Bogotá, luego de que la Fiscalía lo señalara de homicidio agravado, concierto para delinquir y secuestro por “hechos ocurridos en entre marzo y abril de 1990”. Además, miembros del CTI de San Gil y de Bucaramanga capturaron al suboficial retirado Jairo Trejos Parra, también vinculado al proceso que se desarrolla por la masacre de Trujillo.

Las dos detenciones e producen tras la medida de aseguramiento que se ordenó contra el ex presidente de la Asamblea del Valle, Rubén Darío Agudelo Puerta, quien también fue sindicado por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio por omisión.

De acuerdo con la Fiscalía, el coronel Ruiz Silva junto a varios de los ahora retirados militares y policías buscados por las autoridades, habrían tenido responsabilidad en algunos de los crímenes. Por aquellos asesinatos, y entre las órdenes de captura emitidas por la Fiscalía, también figura una contra el coronel retirado del Ejército Hernán Contreras Peña.

Por estos delitos también deben responder Henry Loaiza Ceballos, alias El Alacrán, preso en el municipio de Girón en Santander (aún sin ser condenado), uno de los jefes del desarticulado cartel de la cocaína de Cali, y Diego Montoya Sánchez, alias Don Diego, hoy capturado y a la espera de ser extraditado a Estados Unidos

Montoya ya fue indagado sobre ese episodio a comienzos de 2008, ya que se le responsabiliza por la muerte de 35 personas, pero las autoridades no lograron obtener información por cuanto el narco se negó a responder el cuestionario.

Entre tanto, con el juicio de El Alacrán, la justicia espera resolver el enigma sobre los autores materiales e intelectuales de ese oscuro episodio que sumió en un mar de violencia a la pequeña población norte vallecaucana y que se caracterizó por el descuartizamiento de campesinos, en medio de una guerra protagonizada por la mafia y sus ejércitos privados, paramilitares, y en algunos casos con la colaboración de la fuerza pública.

Salvo la captura en 2007 del mayor del ejército Alirio Urueña, en la actualidad no existe condena alguna por la masacre que también cobró la vida del padre Tiberio Fernández Mafla, cuyos restos fueron arrojados al río Cauca.

Por la matanza de Trujillo, el Estado colombiano tuvo que pedir disculpas pública en 1995 a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.