Por recompensas, el gobierno ha pagado 21 mil millones de pesos este año

En la mañana de este viernes, el congresista Juan Manuel Hernández, de Cambio Radical, dijo a los medios de comunicación que una directiva del Ministerio de Defensa podría estar facilitando la ejecución de falsos positivos como los de Soacha, ya que el pago de recompensas, según él, no está yendo a los bolsillos de informantes legítimos, sino a militares y funcionarios públicos que pueden estar tejiendo una mafia para quedarse con parte del dinero.

Desde El Salvador, el presidente Álvaro Uribe conoció la noticia y de inmediato salió a desmentir la versión. "Es injusto y perverso interpretar que una política de recompensas, que es una política que hace parte de unas órdenes legales y legítimas de procedimientos, pueda justificarse para producir unos hechos criminales", aseguró.
La molestia del Mandatario se debía a que hay versiones en el sentido de que la directiva ministerial 029 de 2005 y la falta de control del gobierno en su ejecución, pueden estar ocasionando ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática, como hasta el momento se han denunciado en zonas como Ocaña, Toluviejo (Sucre) y Córdoba.

Sin embargo esa directiva apunta a todo lo contrario. El almirante David René Moreno, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, explicó tres directivas del Ministerio de Defensa que regulan el pago de recompensas que tienen carácter de reservado.

Dice el oficial que en el año 98, cuando el titular de la cartera de Defensa era Gilberto Echeverry, se firmó una norma que determinaba, de manera general, a quién se le entregaban recompensas. Esta norma fue modificada después por el ministro Camilo Ospina, en el 2005, cuando se aclaró el monto de recompensas para desmovilizados que entregaran armas, información, ubicación de campamentos, etc.

A comienzos de este año, se le hizo una tercera modificación a la directiva en la que se ordenaba, entre otras cosas, prohibir el pago de recompensas a personal uniformado o a funcionarios públicos.

"El pago de recompensas se hace por resultados consistentes y tangibles, por hechos específicos, por capturas importantes, porque se logró una desmovilización", dijo el almirante Moreno, quien agregó que la Contraloría de la República hace permanente seguimiento al pago de estos dineros y por lo menos deben cumplirse cuatro fases para que la plata llegue a al destino del informante o cooperante. Moreno dijo también que este año se han pagado 21 mil millones de pesos en recompensas por información.
Moreno dice también que no es cierto que los cadáveres se tomen como trofeos: "aquí no se paga por muertos, se paga por información".

Estas aclaraciones hacen recordar los amargos episodios que las Fuerzas Militares vivieron a finales de 2006, cuando al mayor Javier Efrén Hermida y el capitán Luis Eduardo Barrera fueron señalados de cobrar dineros de recompensas por montar falsos positivos en Bogotá. Pero es necesario aclarar que en este caso, una mujer conocida con el nombre de alias "Jésica" ya fue condenada y los dos oficiales del Ejército están siendo investigados por la Fiscalía.