El último chance de los buseteros

Las cooperativas y agremiaciones de transportadores de Bogotá están con los pelos parados. Este martes 1 de diciembre se abre la licitación para las nuevas empresas que entrarán a operar el transporte público de la ciudad.

Los trasportadores están asustados pues las condiciones del nuevo modelo imponen estándares que, según ellos, los excluye del jugoso negocio y sólo le da juego a grandes empresas. Dicen que los requisitos son tan altos que sólo firmas extranjeras podrían operar el SITP y sacar tajada de una torta que mueve el día en Bogotá 6.000 millones de pesos.

“El pliego de licitación se hizo para que los pequeños transportadores no estemos ahí”, dijo Alfonso Pérez de Apetrans, una cooperativa con cerca de 600 afiliados. “Nos van a sacar de taquito”, dijo.

Como Pérez, representantes de otras asociaciones de propietarios y choferes mostraron su preocupación durante el debate de control político que se le hizo al Alcalde Samuel Moreno en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes este miércoles.

“Este contrato a 25 años va a ser el negocio del siglo en Bogotá y va a dejar comprometidas a las próximas seis administraciones”, resaltó la Representante por Bogotá, Gloria Stella Díaz del movimiento Mira, quien convocó al debate y asumió la vocería política de los transportadores.

El SITP es un nuevo modelo para la gestión del transporte público de la ciudad. El sistema contempla la división de la ciudad en 13 zonas que serán administradas por el mismo número de empresas, con nuevos estándares de calidad, frecuencia y racionalidad en la oferta (menos buses y menos recorridos). El SITP fue ordenado por la nación a través de un documento Conpes y este año un fallo del Tribunal de Cundinamarca ordenó al Alcalde ponerlo en funcionamiento en 2011.

Actualmente en la capital están registradas 66 empresas de transporte (30 grandes) que mueven 14.000 buses, busetas y colectivos en toda la ciudad y de los cuales son dueños, según datos de la Secretaría de Movilidad, 19.000 propietarios (puede haber varios propietarios por vehículo).

Según denunció la Representante Díaz, para poder aspirar a manejar una de las 13 zonas, las nuevas empresas tendrán que demostrar recursos que oscilan entre 46.000 millones de pesos y 300.000 millones, según la zona. “¿Cómo puede una pequeña empresa aspirar a demostrar semejante cantidad de plata?”, preguntó Díaz.

Une y gobernarás
Aunque el panorama planteado por la Representante Díaz y los transportadores los hace aparecer como víctimas de un proyecto para poner orden al desmedro de los buses, está en manos de los propios transportadores pasar a ser beneficiarios de un sistema moderno que parece irreversible para una ciudad de más de 8 millones de habitantes, de los cuales el 71 por ciento se mueve en transporte público.

Una de las características del gremio del transporte en Bogotá es que está totalmente atomizado. Esta división en micro-negocios familiares explica en parte la dificultad de las administraciones de la ciudad para poner orden y también el servicio anticuado, poco competitivo e indigno que ofrecen a los bogotanos.

A los transportadores sólo les queda un salida: que se unan bajo la sombrilla de empresas grandes, competitivas y modernas, según se deduce de los pliegos del SITP.

Aunque no lo dijo, el Secretario de Movilidad (quien asistió a nombre del Alcalde que ya convirtió en costumbre no asistir a las citaciones al Congreso) lo dejó entrever en su defensa de los beneficios del nuevo modelo que plantea el SITP.

“Por ejemplo, para licitar el sector de Suba-Centro se necesita que el aspirante tenga un patrimonio de 58.000 mil millones de pesos, lo que desde la perspectiva de un propietario individual parece una cifra astronómica”, reconoció el Secretario Fernando Álvarez. “Pero en esa zona operan 900 buses cuyo patrimonio total ya suma 50.000 millones”, dijo. En otras palabras, individualmente ninguno puede concursar pero unidos estarían a un paso de hacerlo.

Aunque a los transportadores no les gusta decirlo en voz alta, las rencillas entre unos y otros, la guerra por el “producido” -como llaman ellos las ganancias diarias que les deja cada bus- es lo que los ha hecho condenar a la ciudad a un sistema insostenible que hoy se devuelve contra ellos.

“Yo llevo 30 años en esto y me conozco el negocio”, dijo a Semana.com Guillermo Hernández, un propietario de tres busetas que ruedan por el occidente de la ciudad. “Hemos tratado de concertar con otros propietarios para organizarnos y poder hacer una empresa grande, pero no es fácil”, dijo y reconoció que las diferencias entre unos y otros y la falta de poder de los gerentes de las cooperativas los mantiene atomizados.

“Si logramos que al menos mil propietarios nos pongamos de acuerdo y trabajemos juntos ahí ya podemos hablar otro idioma”, dijo Hernández y recordó que los transportadores pequeños temen repetir la experiencia que tuvieron con la licitación para operar TransMilenio hace 8 años en la que, según Hernández, “los peces grandes terminaron comiéndose a los chiquitos”.

El Secretario trató de placar los temores. Álvarez dijo que el SITP tiene como prioridad incluir a los pequeños transportadores en el nuevo modelo de negocio y explicó que “entre más propietarios hagan parte de la empresa oferente, mayor puntaje recibe en el concurso para entregar el contrato”. También dijo que se premiará a los oferentes que estén dispuestos a pagar mayor dinero a los pequeños transportadores por sus buses.
 
Al debate estaban convocados el Procurador General, el Contralor Distrital, el Contralor General de la República, y el gerente de Transmilenio.