Universidad Nacional, sola en la pelea por más plata

Todavía no se ponen de acuerdo el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional para lograr una solución a la falta de dinero de que se quejan las instituciones públicas de educación superior. 

La ministra de Educación, Cecilia María Vélez, acaba de presentar ante el Congreso un proyecto de Ley para reforma la Ley 30 de 1992. La idea, según dijo, es inyectarle más plata a la educación superior pública.

Entre 2010 y 2019, se le adicionarán 4 billones de pesos a este fin, habrá 500 mil cupos nuevos y la cobertura se incrementará del 35 al 50 por ciento, de acuerdo con los planes de la funcionaria.

Eso significa la cantidad de estudiantes de carreras profesionales y técnicas pasará de 1,6 millones, que son los que hay ahora, a 2,1 millones para antes de finalizar esta década.

La propuesta

El proyecto que presentó la Ministra no cambiará el modelo de financiación actual. Es decir, cada año, el presupuesto que el Gobierno les girará a las universidades se incrementará con base en el incremento del costo de vida del año inmediatamente anterior. Por ejemplo, la plata que se les giró para 2010 se incrementó con base en el aumento del costo de vida de 2009.

Pero lo que sí contempla el proyecto es que, si se aprueba, las gobernaciones que les deben plata a las universidades, se pongan al día lo más pronto posible con sus deudas.

Y aunque no cambiará la manera de calcular el incremento del presupuesto, sí se aumentarán los recursos adicionales que la Nación les gira cada año a estas instituciones públicas.

Actualmente, esos dineros de más equivalen al 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Cuando el crecimiento de este indicador sea entre 0 y 5, los dineros adicionales se mantendrán en el 30 por ciento.

Cuando el PIB crezca entre 5 y 7,5 por ciento, el incremento de los aportes adicionales a las universidades públicas será del 40 por ciento. Y si el PIB crece más del 7,5 por ciento, la plata de más que gira la Nación subirá el 50 por ciento, según establece el proyecto presentado por el Ministerio.

El documento también contempla dineros adicionales para que las universidades públicas hagan investigaciones, crea un fondo administrado por el Icetex para cubrir gastos de manutención de estudiantes de bajos recursos, y elimina el descuento del 2 por ciento que se hacía del presupuesto de las universidades para financiar el Icfes.

Casi todas de acuerdo

La propuesta del Ministerio fue aprobada por la mayoría de rectores que conforman el Sistema Universitario Estatal (SUE).

La única universidad que no sigue la moda es la Nacional. Para Moisés Wasserman, rector de esa institución, “el proyecto no se basa en un diagnóstico del problema estructural del financiamiento de las universidades públicas (diagnóstico que existe y ha sido presentado en el pasado reciente por nosotros), y por tanto no va a constituir una solución de fondo”. 
 
“Los nuevos aportes están condicionados a políticas del actual ministerio, que si bien son aceptables, no son los únicos posibles. Eso, de hecho, obligaría a futuros gobiernos y en situaciones eventualmente diferentes a las que vivimos, a continuar la inversión de nuevos recursos con base en lineamientos inflexibles”, comentó el Rector.

Finalmente, rechazó que los nuevos recursos sean consignados primero al Ministerio de Educación para que éste los distribuya. “Aunque los fondos después de asignados entran a la base presupuestal, la diferenciación de dos tipos de cuentas podría llevar a que una parte del presupuesto de las universidades goce de autonomía plena y otra (la adicional) no. Esto además de constituirse en un problema de principio podrá generar complicaciones legales y de manejo presupuestal”, explicó Wasserman.

Por lo pronto, no hay ninguna decisión sobre la financiación de las universidades públicas. Falta que el proyecto haga su trámite en el Congreso y en ese recorrido, pueden cambiar aún muchas cosas.