Aseguran a seis militares por desaparición y muerte de joven del caso Soacha

Tras aceptar la argumentación de la Fiscalía , el Juez Segundo Penal Municipal con funciones de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento intramural en contra de dos oficiales, un suboficial y tres soldados profesionales investigados por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada y el homicidio del joven Fair Leonardo Porras Bernal.

Los cobijados con la determinación del Juez son el mayor Marco Wilson Quijano Mariño, el teniente Diego Aldair Vargas Cortés, el cabo primero Carlos Manuel González Alfonso y los soldados profesionales Richard Contreras Aguilar, Carlos Antonio Zapata Roldán y Ricardo García Corzo, a quienes el fiscal de Derechos Humanos y DIH les imputó cargos en calidad de coautores por desaparición forzada agravada, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

Adicionalmente, a los dos oficiales, Quijano y Vargas, la Fiscalía también les imputó el delito de falsedad ideológica de documento público. El fiscal a cargo del caso al sustentar la petición de medida de aseguramiento sostuvo que ‘dejarlos libres era colocar en riesgo a los familiares de las víctimas y a quienes han rendido testimonios'.

Enfatizó que el caso de Porras Bernal no había sido el único y que la sociedad estaba frente a una organización dedicada "al tráfico de seres humanos”, e indicó que los ahora investigados “olvidaron su condición de garantes y la confianza depositada en ellos por la comunidad, para satisfacer sus intereses mezquinos”.

Igualmente, el funcionario judicial subrayó que la gravedad de los cargos imputados, así como el daño causado constituían factores que podían impulsar a los investigados a no presentarse en las diligencias a las que fueron citados.

A su turno el representante del Ministerio Público consideró fundados los motivos expuestos por la Fiscalía para solicitar la imposición de medida de aseguramiento en una guarnición militar, máxime ‘cuando se está frente a delitos de lesa humanidad como es la desaparición forzada'.

Luego de escuchar los argumentos de los intervinientes el Juez aseveró que “ hay elementos de la Fiscalía que me permiten hacer inferencia razonable de que los procesados pueden estar incursos en los delitos imputados, por lo que para este despacho están dados los presupuestos para imponer medida de aseguramiento.”

Esa decisión fue apelada por la defensa de los imputados, que al filo de la medianoche fueron trasladados a una instalación castrense por miembros de la Policía Militar.

Por el llamado Caso Soacha ya fueron afectados con medida de aseguramiento proferida por el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Cimitarra (Santander), con funciones de Control de Garantías, dos oficiales (r) y cuatro soldados profesionales investigados por la desaparición y muerte de Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez, en hechos ocurridos entre el 1 y el 4 de marzo de 2008.

Tomado de www.fiscalia.gov.co