Corte aplica castigos por lesa humanidad

Con la condena a 40 años de prisión impuesta la víspera a un ex gobernador provincial por vínculos con el paramilitarismo, la Corte Suprema inició la aplicación de sentencias por lesa humanidad a políticos investigados y detenidos por presuntos lazos con esos grupos.

En su extenso fallo mediante el cual condenó el jueves al ex gobernador y ex embajador en Chile, Salvador Arana, la Corte concluyó que el crimen de "concierto para delinquir", o asociarse para cometer un crimen, era un delito de lesa humanidad en el caso del paramilitarismo, grupos señalados de matar a cientos de personas a las que acusaba de colaborar con las guerrillas.

Con esa conclusión se abre la posibilidad de que al menos 50 políticos, entre congresistas activos y otros que ya ocuparon ese cargo, procesados desde 2006 por sus presuntos nexos con el paramilitarismo, sean tratados bajo ese tipo de delitos y se expongan a penas similares a la aplicada al ex gobernador Arana, de 47 años.

La Corte condenó a Arana por sus lazos con esos escuadrones de la muerte y por el asesinato, en abril de 2003, de Eudaldo Díaz, ex alcalde de un remoto pueblo de la costa Caribe de Colombia. Arana estaba detenido en una prisión de Bogotá en mayo del 2008.

No obstante, según el magistrado Julio Enrique Socha, presidente de la sala penal de la Corte, el fallo no debe entenderse como que en adelante todos los llamados "parapolíticos" serán juzgados por delitos de lesa humanidad.

"Vamos a estudiar caso por caso", precisó Socha en una entrevista con la AP. Dijo además que sólo hasta ahora la Corte vinculó a los llamados "parapolíticos" con delitos de lesa humanidad "porque llevamos varios años estudiando jurisprudencias internacionales que se pudieran aplicar al caso colombiano".

La decisión de la Corte fue recibida por activistas de derechos humanos como un gran paso contra la impunidad.

Iván Cepeda, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, dijo que la medida ponía en la mira de la justicia a eventuales altas personalidades del mundo político, empresarial y militar, porque aunque no participaron directamente en una masacre o en un asesinato atribuido a los paramilitares, "pertenecían al grupo como una figura principal" desde afuera entre los telones del poder.

Con esa jurisprudencia usada por la Corte colombiana "se juzgó en Perú al ex presidente Alberto Fujimori", según Cepeda.

Pero para los abogados defensores de los procesados, gran parte de ellos aliados al presidente Alvaro Uribe, el tema de convertir en delito de lesa humanidad el crimen de concierto para delinquir agravado debe ser estudiado con lupa.

La Corte Suprema está "desbordada" y se "está obstruyendo el derecho a la defensa" con tal fallo, aseguró el penalista Jesús Albeiro Yepes, también defensor de congresistas acusados.

Según Yepes, si constitucionalmente es válido revocar una sentencia de la Corte mediante el pedido de una tutela, "¿por qué mi cliente o yo vamos a dejar a un lado ese recurso?".

La referencia del abogado fue porque en la misma sentencia contra Arana, la Corte dejó otra advertencia clave: que el fallo contra el ex gobernador no puede ser modificado o revocado, so pena de compulsar copias por este hecho ante la Corte Penal Internacional (CPI).

En Colombia desde 1992 mediante una acción de tutela --en la que cualquier ciudadano invoca la protección para un derecho que considera violado-- cualquier sentencia puede ser dejada sin efecto, incluidas las de la Corte Suprema de Justicia y eso abrió una brecha a la última instancia que se supone tiene el máximo tribunal del país.

Con esa brecha en la mira, los magistrados de la Corte Suprema advirtieron que si la sentencia de Arana es modificada o revocada, "se demostraría que algunas instituciones en Colombia obstruyen la eficacia de la administración de justicia". Los magistrados no indicaron a qué instancias se referían al hablar de obstrucción.