El articulito de la discordia judicial

El caos que padece desde hace cuatro semanas el país por cuenta de las pretensiones laborales de los 40.000 empleados del sector judicial, tiene una explicación tan sencilla como exótica: El incumplimiento de la Ley.

Lo curioso es que esa obligación la pasaron por alto no sólo el gobierno de César Gaviria que lo expidió sino los tres gobiernos posteriores. Ahora la famosa Ley 4 de 1992 se convirtió en actor principal del conflicto laboral colombiano y lo más irónico es que se mueve en medio de una fallida Reforma a la Justicia que no dedicaba un ápice a resolver los problemas estructurales del sector.

Desde las entrañas de Asonal explican que esa Ley marco en materia de régimen salarial y prestacional para los empleados públicos tenía como único propósito ajustar los sueldos del sector para hacerlos competitivos frente a la inevitable apertura económica. Pero Rudolf Hommes, ministro de Hacienda de la época, aclara que la finalidad del mismo era combatir la corrupción y mejorar la administración de justicia mediante sueldos justos. Tristemente ninguno de los dos propósitos se cumplió.

Los mismos protagonistas no recuerdan con exactitud el motivo por el cual el tema concreto de la nivelación salarial de los empleados de la rama judicial se abordó en un parágrafo de dicha Ley y no en un artículo concreto. La respuesta es que dicho trámite obedeció al lobby que hicieron jueces y magistrados durante la discusión del articulado en las comisiones primeras del Congreso. De ese tráfico de influencias surgió el famoso parágrafo que reza “…Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.

Ese parágrafo desfiló sin dolientes por más de una década. Pero en 2004 el panorama cambió por cuenta de una gabela que propició el presidente Álvaro Uribe. Mientras Fernando Londoño ejercía como Ministro de Interior y Justicia, expidió el decreto 4040 que bonificó a magistrados, procuradores y fiscales que actúan ante tribunales, lo cual incrementó en un 70% sus ingresos.

El regalito le costó al país 50.000 millones de pesos al año y de paso dejó un sabor discriminatorio ante jueces y sus colaboradores en los despachos. Como era de esperarse llegaron las presiones de los sindicatos y para bajar la temperatura a la discusión, el Gobierno tuvo que meterse de nuevo la mano al bolsillo y en dos oportunidades sumó otros 125.000 millones de pesos en primas para jueces y empleados oficiales.

Lo irónico de este asunto es que la totalidad de esas bonificaciones equivalen justamente a la suma de dinero que hoy en día le hace falta para igualar los 300.000 millones de pesos de reajuste a los que aspiraba Asonal y por los que la justicia en el país está paralizada. Antes de levantarse de la mesa de diálogo e invocar la criticada Conmoción Interior, el presidente Uribe había elevado su oferta a 133.000 millones de pesos. Hoy está en 150.000 millones de pesos.

Atrasados
Todo este asunto del paro puso sobre la mesa un problema que por años se había escondido bajo la alfombra: El atraso judicial.

Ese punto crítico fue, precisamente, la estructura vertebral del discurso que el pasado 7 de octubre hizo el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, durante la asamblea anual de Anif. Pese a las fuertes críticas con cifras que hizo en torno a la congestión judicial y los eternos términos de procesos, los medios sólo se interesaron por el tema de la Conmoción Interior que sugirió para afrontar el paro.

Sarmiento fue más allá y advirtió en su discurso que tal como están las cosas en el sector, “Cualquier causa laboral ordinaria, en más del 50% será decidida en un periodo superior a los 3 años”. Concluyó además que la sistematización de la justicia y su descongestión son prioridades y requieren una política de Estado.

El banquero puso el dedo en la herida y más aún si recordamos que la nivelación de sueldos por sí solos no es suficiente para lograr la eficiencia del sector.

Prueba de ello es que en 2006 Colombia destinó para el poder judicial US $945.000 dólares, mientras que Chile en 2005 invirtió $892.000 dólares y de acuerdo a informes del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, ese país –que en todo caso no tiene los problemas de órden público de Colombia- muestra más avances importantes, especialmente en la aplicación del sistema oral. En Colombia el tema de los problemas de la rama judicial está siendo tratado por grupos académicos de investigación tales como el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, DeJusticia, quien se puso a la tarea de recopilar estadísticas e información confiable en torno al sector.

La rama judicial, contrario a lo que han hecho creer muchos de los funcionarios que están hoy en paro, no es un sector mal pagado dentro de la función pública.

Por ejemplo un notificador de juzgados, es decir un mensajero judicial, gana en promedio un millón de pesos y no requiere estudio universitario para ejercer dicho cargo. En cambio, fuera del sector judicial, un técnico profesional de un ente territorial que cumple funciones de auxiliar en una secretaría, recibe cerca de 700.000 pesos. Visto así, la rama no está entre los peores pagos del sector público.

Para no ir muy lejos este año el Ministerio de Educación Nacional definió la tabla salarial de los docentes que va desde $662.079 para maestros de escalafón uno, hasta $2´140.766 para grado 14; pero para llegar a ese último nivel requiere años de experiencia y post grados. Lo mismo hizo el Departamento Administrativo de la Función Pública con la planta laboral de orden nacional. De acuerdo a esa tabla un funcionario profesional puede ganar este año desde $1´106.108 de primer grado salarial, hasta $4´581.747 en escala 24.

Sin embargo, en el sector de la justicia las disparidades en los rangos salariales son enormes. Mientras un juez municipal gana en promedio tres millones de pesos, un magistrado o delegados ante las altas cortes devenga catorce millones de pesos. Ese abismo fue gracias a la gabela que les concedió el presidente Uribe en 2004.