¿En qué conciliaciones media la Procuraduría entre ciudadanos y el Estado?

La solicitud que Íngrid Betancourt le hizo a la Procuraduría para que mediara en una conciliación por 15.431 millones de pesos con los ministerios de Defensa y del Interior, despertó en miles de personas un sentimiento de protección por los recursos públicos.

Después de la polémica que desató la petición de la ex candidata, ella desistió y su abogado mandó recoger los papeles con los que pretendía sustentar que ella y su familia debían esa cantidad de dinero.

Orlando Beltrán, Gloria Polanco, Jorge Eduardo Géchem y Consuelo González presentaron solicitudes de conciliación. En conjunto, buscan indemnizaciones por más de 20 mil millones de pesos. El ex diputado del Valle Sigifredo López, en diálogo con los medios de comunicación, también reconoció que busca una reparación por parte del Estado. En todos los casos, reclaman falla en sus esquemas de seguridad.

Polanco pide negociar 12.530 millones de pesos; Géchem, 7.380 millones de pesos; Beltrán, 7.895 millones de pesos; González, 800 millones de pesos.

El mecanismo de la conciliación se creó para descongestionar los juzgados con las demandas contra el Estado, ahorrar recursos públicos y solucionar pronto los conflictos entre la gente y las instituciones públicas.

Es tal la cantidad de demandas, que para solucionar el problema fue necesario crear la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa. Cualquier persona que tenga un conflicto con el Estado por sus acciones u omisiones, debe intentar conciliarlo mediante esta oficina. Si no se cumple este requisito, ningún juez podrá aceptar su demanda.

En 2009, cuando se instrumentó este requisito, se presentaron 40.891 solicitudes de conciliación por casos que pudieron costarle al Estado 361 mil millones de pesos. Pero ese año se hicieron 2.855 conciliaciones, por las que se pagaron con dineros públicos 161 mil millones. Según Isnardo Jaimes, procurador delegado para la conciliación, gracias a las conciliaciones, el Estado ahorró 200 mil millones de pesos.

“Obviamente, hay un obstáculo”, dice el funcionario. “Consiste en que es el Estado mismo el que no quiere conciliar. Cada organismo del Estado tiene que tener un comité de conciliación y éstos dan respuestas negativas a muchas acciones”.

Según Jaimes, el argumento para no conciliar es, básicamente, económico. “El Ministerio de Hacienda no les da el dinero suficiente para conciliar”, dice. Aunque también se ven casos en los que los funcionarios guardan la esperanza de ganar los casos, pese a que muchos de éstos se parecen a otros en los que la justicia falló en contra del Estado.

“Es importante que la gente entienda que una conciliación tiene mayores ventajas que un proceso judicial porque se puede resolver en tres meses. Después, pasa a revisión de un juez, que debe dar su concepto en máximo 90 días. O sea, un conflicto con el Estado se resuelve en seis meses y las partes se evitan soportar hasta 13,5 años, plazo máximo que dura un proceso ordinario, mucho tiempo”, dice Jaimes.

Hay algunos conflictos que con frecuencia enfrenta el Estado y que pueden encontrar en la conciliación una solución eficiente. Por ejemplo, los militares y policías retirados suelen tener pleitos con las cajas que administran sus recursos.

Ocurre con frecuencia que los uniformados en retiro reclaman porque sus salarios no se actualizan cada año según el incremento de la inflación. Entonces demandan. Según Jaimes, actualmente hay unos 60 mil casos que pueden costar entre 4 y 5 billones de pesos. La justicia ha fallado en contra del Estado. Por eso, esta vez se está buscando una conciliación, pese a que los funcionarios encargados de negociar dicen que no hay recursos.

Pero así como muchos problemas costosos se están solucionando mediante la conciliación, otros han encontrado en este mecanismo la forma de solucionar conflictos por pocos montos que no merecen una demanda, pero que sí se pueden negociar por esta vía.

Es el caso de varias empresas prestadoras de servicios públicos que están solicitando conciliaciones con la Superintendencia de Servicios Públicos por 8.000 pesos, 15.000 pesos, 20.000 pesos, en fin, por montos muy pequeños. “En este momento tenemos mil procesos de estos, que nos están provocando una acumulación de actividades en las procuradurías judiciales. Todas las semana se están presentando solicitudes de conciliación parecidas”, comenta Jaimes.

Este lío se está presentando porque cuando los usuarios de estas empresas encuentran que en sus facturas les están cobrando más de lo normal, acuden a la Superintendencia de Servicios. Suelen ser montos pequeños. Pero cuando este organismo decide que la empresa no debió cobrar el sobrecosto, la compañía busca una conciliación. “Las empresas dicen que de poco en poco se puede acumular mucho dinero, que tienen que reponerles a los usuarios. Pero es más el desgaste que el monto que se concilia”, dice el procurador Jaimes.

Ahora, la tarea que tienen en la Procuraduría es negociar para lograr que esto no se siga presentando y educar a todo el que tenga conflictos con el Estado para que use adecuadamente la conciliación.