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Guillermo Fino, ex director del Seguro Social. (Foto: Archivo SEMANA)

JUDICIAL

Guillermo Fino, otra vez a la cárcel

Por cohecho impropio e interés ilícito en celebración de contratos cuando fue director del Seguro Social, este abogado fue capturado anoche en Bogotá.

9 de julio de 2009

El CTI de la Fiscalía capturó en la noche de este miércoles al ex director del Instituto de Seguros Sociales, Guillermo Fino, luego de que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia anulara un fallo del Tribunal Superior del Quindío, de noviembre de 2008, que lo absolvía de cometer cohecho impropio e interés ilícito en la celebración de contratos luego de que ya había sido condenado a 84 meses de prisión.

Los hechos investigados ocurrieron en el 2002, cuando Fino le exigió una comisión del 10 por ciento a la firma Fresenius Medical Care Colombia S.A. a cambio de adjudicarle un contrato por 40 mil millones de pesos para la prestación de servicios médicos y quirúrgicos a pacientes con insuficiencia renal adscritos al Seguro Social.

Los 4 mil millones de pesos fueron cancelados por el representante legal de Fresenius, con recursos provenientes del anticipo de 16 mil millones de pesos efectuado por el ISS el 5 de abril de 2002, mediante cheques girados a una cuenta clandestina a la contabilidad de Fresenius, abierta por ese mismo representante, según informó la Procuraduría en ese entonces.

Rodrigo Díaz Sendoya, el anterior gerente general de la multinacional en Colombia, y quien fue por ocho años el artífice de la consolidación de esta empresa en el país, dijo públicamente que la casa matriz de Alemania le dijo que solucionara, como fuera, la deuda atrasada que el Seguro tenía con ellos.

Hace tres años, la procuraduría inhabilitó a Guillermo por 20 años para ocupar cargos públicos y impuso, además, una multa de 25 millones de pesos.

Uno de los últimos trabajos de Fino fue como defensor de David Murcia Guzmán, el dueño d e la comercializadora DMG, señalado de lavado de activos y captación ilegal de dinero.
 
La sentencia de la Corte Suprema negó que Fino pagara su pena como detención domiciliaria.