Las razones del Consejo de Estado para dejar en el limbo el aborto legal

El Consejo de Estado decidió congelar los abortos legales. La decisión que tomó la sección Primera de este tribunal es para tomarse un tiempo para evaluar si la orden de que las clínicas interrumpan los embarazos debe darla el Congreso mediante una ley o el gobierno, como lo hizo mediante el decreto 4444 de 2006 para cumplir una sentencia de la Corte Constitucional.

Según el texto donde consta la decisión del Consejo de Estado, “se hace imperiosa la necesidad de que el legislador ordinario... regule la materia relacionada con el aborto... de no ser así, se llegaría al absurdo de entender que la sentencia de la Corte hace las veces de ley y que el Gobierno pueda reglamentar una sentencia”. Pero esta no es una posición definitiva. Es provisional, mientras se hacen los estudios que le permitan al Consejo resolver el dilema. Por lo pronto, suspendió la aplicación de aquel decreto. 

Según lo dictaminó la Corte en la sentencia 355, las mujeres embarazadas pueden abortar sólo en tres casos: cuando la continuación del embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea el resultado de una violación.
 
Sin embargo, después de que la Corte dictaminara su fallo, muchos hospitales, médicos y clínicas se negaban a practicarlo argumentando toda clase de excusas. Algo similar sucedía con las EPS que no aprobaban el procedimiento médico.
 
El  Ministerio de la Protección Social sacó entonces el Decreto 4444 en el que reglamentó que las EPS cubrieran los gastos cuando una mujer decidiera interrumpir su embarazo y que las clínicas y hospitales hicieran los procedimientos cuando se cumplía con los requisitos legales: la vida de la madre o del feto corrían grave peligro, o había habido violación.
 
Pero cuando los consejeros de Estado de la Sección Primera, uno de ellos muy cercano a la Procuraduría Delegada para los Derechos  de la Infancia, Adolescencia y la Familia, afin, por supuesto, al Procurador General, revisaron el decreto que de una vez por todas obligaba a que la sentencia de la Corte se pusiera en la práctica, resolvieron frenarlo. 
 
Así que si antes había tanta resistencia en cumplir el mandato del Alto Tribunal, con la movida del Consejo de Estado, en la práctica queda suspendido. En una carta enviada al ministro de la Protección, Diego Palacio por Juan Manuel Díaz-Granados, presidente ejecutivo de Acemi, la asociación que agrupa a las EPS, le pide que aclare qué se debe hacer ahora.
 
Díaz-Granados, en su texto, recuerda que la interrupción voluntaria del embarazo está incluida en el POS. Por eso, dice que “con el propósito de que las EPS adelanten, con estricta sujeción al marco jurídico, su función de aseguramiento y de prestación de servicios de salud, solicitamos muy respetuosamente imparta las instrucciones del caso para no afectar la debida prestación del servicio ni el derecho a la salud”. 
 
El presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, insistió en que es obligatorio cumplir la sentencia C-355 de 2006.

Si Consejo termina decidiendo que el asunto sólo lo puede reglamentar una ley aprobada por el Congreso, con la ascendencia conservadora que tiene allí el uribismo y el Procurador Órdóñez, será muy difícil que los legisladores aprueben la medida.
 
Mientras los ultra-religiosos se arropan con la bandera moralista y alegan  que bajo culalquier circunstancia el aborto es un atentado contra la vida del futuro bebé,  cientos de mamás, sobre todo las más pobres, tendrán que seguir acudiendo a clínicas de mala muerte a abortar cuando han sido violadas o para salvar sus vidas. Y lo que ocurrirá es que estarán en peor peligro.
 
Pero a los Consejeros de Estado que pusieron freno a una Sentencia de la Corte, al Procurador, y los hospitales y EPS reacias no parece importarles tanto la vida presente de la madres, sino conservar su ideología. Es el conservadurismo político que ha regresado en Colombia con una fuerza inusitada.