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El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que en la últimas horas se capturaron a dos funcionarios de la entidad, un fiscal especializado de Santander y un miembro del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) , al parecer ellos habrían recibido más de 100 millones de pesos para desviar investigaciones.
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Los presuntos actos corruptos se habrían registrado en medio de un proceso relacionado con lavado de activos y extinción de dominio. La Fiscalía General de la Nación indica que durante meses ha recopilado pruebas contundentes para demostrar que los funcionarios habían cometido actos corruptos.
Barbosa advirtió a las manzanas podridas: “Sabemos que, en la ciudad de Bucaramanga, como lo dijimos en la ciudad de Cali, hay un grupo de funcionarios que está detrás de estas actividades y vamos por ellos”, dejando claro que el ejemplo de la lucha contra el crimen tiene que empezar por la entidad que él dirige.
Las detenciones se produjeron por investigaciones que adelantaron sus mismos compañeros que forman parte del grupo especializado anticorrupción. En este proceso en particular contaron con el apoyo del Gaula Militar.
“En el momento de la detención le fueron encontrados 110 millones de pesos, que al parecer le exigieron a una persona para favorecerla en un proceso que llevaba el despacho del fiscal detenido”, dijo Barbosa. La entrega del dinero se habría dado en una cafetería.
Para Barbosa los funcionarios detenidos forman parte de una organización criminal que aprovechan el manejo de información privilegiada en los procesos contactaba a los investigados en Bucaramanga para favorecerlos a cambio de dadivas y dinero.
De manera enfática Barbosa señaló: " No vamos a permitir que esto vaya a convertirse en practica de algunos delincuentes que se parapetan en las entidades públicas”. Desde la Fiscalía ha dicho en diferentes ocasiones que no cesarán en combatir la corrupción en todos sus frentes.
Tanto el fiscal especializado como el investigador detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías para imputarles cargos por los delitos que habrían cometido. Según se conoció se pedirá detención para los funcionarios mientras avanzan las investigaciones.
De acuerdo con las autoridades, el fiscal capturado habría recibido 100 millones de pesos de la persona interesada en frenar la investigación en su contra. Estas maniobras ilegales se habrían presentado entre diciembre de 2019 y enero de 2020.
Jorge Iván Ríos fue el fiscal detenido el pasado 11 de marzo y SEMANA conoció que Ríos fue el mismo abogado que participó en la investigación que se realizó en tiempo récord para esclarecer el homicidio del fiscal especializado en bandas criminales, Alcibíades Libreros ocurrido en diciembre de 2019. La hipótesis central fue la de un hurto y esa misma dio condena a los miembros de una banda que quedaron grabados en varias cámaras de seguridad robando una cadena de fantasía. Según las autoridades, los homicidas pensaron que se trataba de oro.
Pero la investigación siempre tuvo cuestionamientos, que llevarían a pensar que el supuesto robo fue solo la fachada de un ataque de grupos ilegales muy poderosos del Valle del Cauca, que estaban siendo investigados por el mismo Libreros. Era conocido que este fiscal tenía amenazas en su contra y no contaba con esquema de seguridad, pese a que lo había solicitado. Hechos de corrupción como estos han hecho que las víctimas duden de los resultados judiciales.
Ríos siempre fue enfático en decir que no habían reunido pruebas que demostraran que el homicidio de su colega estaba relacionado con su cargo o con represalias por grandes capos del narcotráfico, por lo cual cerró el caso con la condena de los atracadores. Sin embargo, el juez dejó abierta la posibilidad de investigar si existieron otros autores intelectuales.