Procuraduria solicitó pérdida de investidura del representante Rubén Darío Salazar

En Audiencia cumplida el martes ante la Sala Plena del Consejo de Estado, el Ministerio Público, a través del Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, Wilson Ruíz Orejuela, señaló que, para el caso particular, se configuran las causales contenidas en los artículos 110 y 183 numeral 1 de la Constitución Política y 286 de la Ley 5 del 92.

Según el Ministerio Público se deben atender las pruebas testimoniales, entre las que se destaca la del señor John Jairo Sánchez, que, en una segunda versión ante la Corte Suprema de Justicia, aceptó que el Congresista, durante los once meses en los que trabajó a su servicio en una Unidad Técnica Legislativa, le pidió dinero para la campaña con miras al Senado de la República y que a su nombre se solicitó una suscripción telefónica para una Asociación de Vivienda Popular que posteriormente se trasladó para el uso personal del Representante en su apartamento.

Según el Ministerio Público estos hechos se enmarcan dentro de las causales de pérdida de investidura claramente estipuladas en el artículo 110 de la Constitución Nacional.

Además, consideró el Ministerio Público que, el congresista incurrió en conflicto de intereses, por cuanto como coordinador de la Comisión de Presupuesto, debió haberse declarado impedido en la votación de la Ley de Presupuesto Nacional, por su intención de beneficiar con su voto a una Asociación de Vivienda Popular, fundada por él, y la cual dependía su existencia de la aprobación del rubro correspondiente en el presupuesto de la nación.

(Con información de la Procuraduría)