El 23 de abril de 2008, Semana.com presentó un derecho de petición de información ante el Ejército en la que solicitaba datos sobre las condiciones en las que murieron diez personas a quienes el Ejército señalaba como miembros guerrilleros.
En su respuesta del 29 de abril de 2008, el jefe de Operaciones del Ejército Nacional,
general Gustavo Matamoros, negó la información “por tratarse de asuntos relacionados con la estructura militar y concernientes con la Defensa y Seguridad Nacional, dichos datos solamente pueden ser suministrados en virtud de un mandato judicial proveniente de autoridad judicial competente”.
Con la asesoría de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Semana.com entabló
una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá y la perdió. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia y mediante sentencia emitida 21 de agosto del mismo año, revocó el fallo de primera instancia que negaba el amparo constitucional y ordenó al Ejército entregar la información.
Según la sentencia de la Corte, con ponencia del magistrado Pedro Octavio Munar Cadena, se vulneró el derecho fundamental de petición del periodista porque el Ejército se limitó a mencionar que se trataba de asuntos relacionados con la seguridad nacional “sin exteriorizar ningún argumento que conduzca a entender que la seguridad nacional se encontraría comprometida con la respuesta”.
Además, el magistrado considera que un hecho ya pasado no puede afectar la seguridad nacional. “Máxime cuando en múltiples ocasiones, son los mismos militares de alto rango quienes divulgan a los medios de comunicación y al público en general operaciones realizadas en contra de los grupos armados al margen de la ley”.
Para cumplir con el fallo, mediante un oficio, el 2 de septiembre de 2008 el Ejército Nacional respondió en forma completa la petición de información presentada por Semana.com. Y los datos resultaron reveladores para esclarecer las muertes de dos mineros uno en Remedios y el otro en el Sur de Bolívar.
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