¡Pilas con la lista de útiles!

Ya empiezan a entrar los muchachos a los colegios y llegan las listas de las cosas que hay que comprar para los cursos. Vuelve el habitual protocolo de leer la lista, hacer cuentas y comenzar la búsqueda.

Este año, los padres cuentan con una nueva norma para evitar los abusos en los que suelen incurrir muchos colegios por esta época. Desde el pasado 6 de enero, cuando el presidente Álvaro Uribe sancionó la Ley 1269 del 31 de diciembre de 2008, está prohibido que éstos exijan cuotas de dinero, bonos, donaciones, aportes de capital, implementos en especie o tarifas adicionales a las matriculas, pensiones o cobros periódicos. 

Según la ponencia del senador Jorge Guevara, quien presentó el proyecto de Ley, “esta prohibición tiene como propósito que los cobros correspondan a los costos de la prestación del servicio por parte de los establecimientos educativos y con ello, erradicar medios discriminatorios en la educación”.

A partir de este año, cuando se inicia la entrega de listados de útiles escolares, debe aparecer en ellos la totalidad de implementos que se necesitan para el año escolar. Durante el año no se puede hacer ninguna petición de aportes adicionales. Y los útiles de los muchachos, que deben estar aprobados por el Consejo Directivo de cada institución, no deben ser entregados al colegio.

La idea también es que no se abuse de la cantidad de útiles que se piden. Por ejemplo, ¿un niño gasta en un año tres cajas de colores? ¿varias tijeras? ¿docenas de esferos?

La petición excesiva de algunos implementos se convierte a veces en una donación tapada de implementos que el muchacho no usará, pero sí el colegio. Y esto sí podría presentarse en cualquier institución, no sólo en las que educan a los jóvenes de estratos altos. Por ejemplo, “¿para qué piden tres resmas de papel? Pídanme las hojas de papel que necesitan, la medida justa”, comentó Guevara en una entrevista con ww.eleducador.com.
 
“Era necesario que se reglamentara el tema de las listas que piden los colegios porque eso se fue ampliando, por ejemplo, a implementos como el papel higiénico o papelería que debe estar incluida dentro de la matrícula. Los colegios fueron exigiendo a los alumnos cosas que hacen parte del servicio que deben prestar”, le dijo a Semana.com Alfonso Hernández, presidente de Fedepadres.
 
Esta vez, la norma encarga la responsabilidad de la vigilancia del cumplimiento de la ley a las secretarías de educación. Éstas “revisarán el listado de útiles escolares que éstos (los colegios) propongan para sus estudiantes y aprobará aquellos que se ajusten plenamente a su Proyecto Educativo Institucional (PEI)”, dice la nueva norma.


¿Colegios o clubes?
La nueva ley además está dirigida a algunos colegios, especialmente de estratos altos, que exigen una cuota por membresía, lo que convierte el acceso a la institución en algo parecido a lo requisitos para pertenecer a algún club social. “Algunos colegios privados exigen actualmente, de manera previa a las pruebas académicas de ingreso, la consignación ‘voluntaria’ de aportes a capital como requisitos para la admisión de nuevos estudiantes”, según explica el senador Guevara en su propuesta de ley.

“Por esa vía incurren esos establecimientos en excesos, al demandar de los padres de familia sumas que no corresponden a una retribución por la calidad del servicio educativo prestado y que a la vez se constituye un obstáculo para que los niños y jóvenes hijos de personas que medianos recursos económicos puedan buscar mejores opciones de educación pero acordes con los costos del servicio”, dice la ponencia del Senador.
 
“Los bonos están prohibidos desde 2003”, dijo a Semana la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Isabel Segovia. Sin embargo, “los padres de familia siguen dando donaciones o bonos y no hay ninguna denuncia oficial al respecto. Al final, la denuncia nunca la ponen los padres”, dijo la viceministra.
 
La viceministra explicó que esta práctica ilegal afecta al uno por ciento de los colegios, que son los de estratos altos.

De igual manera, no sobra insistir en que si los padres detectan el incumplimiento de la ley, lo denuncien sin temor ante las Secretarías. En estos casos, ese control social es importante, toda vez que, para las secretarías de educación, puede dificultarse la labor de revisar cada uno de los PEI, puesto que en el país existen 25.613 establecimientos educativos entre oficiales y privados.

Y si las autoridades encuentran que, en efecto, los colegios no cumplen la norma, hay sanciones económicas que oscilarán entre los 50 y 200 salarios mínimos mensuales. Si la falta se presenta varias veces, incluso se cerrará el establecimiento.