Alcalde de Barbosa, Antioquia, en líos por millonario contrato

Una comunicación de la Procuraduría General de la Nación generó estruendo en las calles del municipio de Barbosa, ubicado en el norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En un texto, el ente de control disciplinario dio a conocer entre la opinión pública que el mandatario local tiene una carpeta abierta por un cuestionado contrato.

“Por presuntas irregularidades en contratación pública, Procuraduría formuló pliego de cargos al alcalde de Barbosa, Antioquia”, encabezó en el documento. De acuerdo con esta entidad, que tiene los ojos puestos sobre las actuaciones de los funcionarios públicos, las supuestas faltas se habrían dado en un acuerdo celebrado con un tercero.

Al parecer, Édgar Augusto Gallego Arias suscribió un contrato con alguien que, según las primeras averiguaciones, estaría inhabilitado para ejecutar proyectos con la administración municipal de Barbosa. Pese a ese escenario, el mandatario local firmó el millonario servicio que se gestionó en medio de las crisis que levantó la pandemia de covid-19.

En detalle, el investigado suscribió un contrato para suministrar desayunos, refrigerios, almuerzos e hidratación en la emergencia sanitaria destinados a la población vulnerable con el propietario de un establecimiento de comercial que habría contribuido a la campaña electoral de 2019 con la que Gallego Arias llegó al cargo.

Frente al material probatorio que tiene la Procuraduría General de la Nación, la actuación del alcalde fue calificada provisionalmente como una falta gravísima, cometida a título de dolo. Ante los cuestionamientos, Édgar Augusto Gallego Arias no se ha referido. Sin embargo, el ente de control disciplinario irá más allá del contrato.

“La Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá verifica los posibles montos aportados por el contratista para la elección del servidor público y si estos superan la suma máxima a invertir para un candidato, según los gastos fijado como topes en las campañas”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.

Otro funcionario público que está en la mira de las autoridades es el exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar, y otras dos personas que ejercieron en la administración de la ciudad cuando empezó a caminar el proyecto de Hidroituango. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación les imputó una serie de delitos por presuntas irregularidades, y ellos desestimaron las acusaciones.

En la lista también figuran el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, que hoy está cumpliendo una condena por parapolítica; el exdirector del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; y el exgerente general de EPM, Federico José Restrepo Posada.

Ellos deberán responder por la falta de interés indebido en la celebración de contratos, dado que, presuntamente, el 30 de marzo 2011 se habría entregado a dedo el acuerdo para financiar la construcción de la generadora de energía Pescadero-Ituango mediante una negociación directa con las Empresas Públicas de Medellín.

A juicio de los investigadores de la Fiscalía, “esta actuación habría vulnerado principios esenciales de la contratación pública previstos en la Constitución y diferentes normas”, se lee en el archivo que conoció SEMANA.

Otras dos personas deberán responder por supuestas inconsistencias en la gestión de la licencia ambiental para la construcción del túnel de desviación temporal del río Cauca son Jesús Ignacio Echavarría Mejía, apoderado de Hidroituango ante la ANLA, y Hernán Sánchez Cruz, profesional de la Dirección Ambiental Social y Sostenibilidad del Proyecto Ituango.

Los archivos recopilados por las autoridades judiciales reconocieron que en 2015 inició la edificación del sistema, sin tener la autorización de las autoridades ambientales. Es decir, tenían que modificar el permiso que inicialmente les dieron, pero no lo hicieron, contrario a como se lo exigió el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.