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Capturan a policía y concejal de Heliconia; serían enlaces clave para el Clan del Golfo

El excomandante de la Policía de ese municipio inició su proceso de retiro días antes de que comenzara la investigación.


Un nuevo escándalo sacude a la institucionalidad en Antioquia por cuenta de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En las últimas horas, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía detuvo a dos servidores públicos que habrían utilizado sus cargos para impulsar los negocios de esa organización delincuencial en el occidente del departamento.

En la redada contra el Clan del Golfo cayeron cuatro personas del municipio de Heliconia. Sin embargo, los nombres de Gabriel Antonio Marín Pulgarín y Bernardo Mesa Guisao cobraron importancia en la población, porque gozaban de reconocimiento público. El primero fungía como el presidente del Concejo y el segundo estuvo a cargo del comando de la Policía.

Al parecer, los procesados serían fieles aliados de la subestructura de Edwin Román Velásquez que opera en todos los municipios de esa zona de Antioquia. Ese grupo es responsable del plan pistola contra los miembros de la fuerza pública; además, son señalados de protagonizar desplazamientos, extorsiones y reclutamiento forzado de los campesinos.

De acuerdo con el estudio adelantado por el ente de acusación, el político antioqueño -que resultó electo en octubre de 2019 con la bendición del Partido Liberal- estaría a cargo del tráfico de estupefacientes por las calles de Heliconia. También les habría entregado información a los ilegales sobre las personas pudientes del pueblo para que fueran víctimas de extorsión.

Mientras que el uniformado, quien pidió su retiro antes de ser capturado, habría fijado una alianza con el brazo armado de la organización ilegal para que los homicidios no se cometieran en la zona urbana del municipio, sino en lugares donde sus responsabilidades de prevención se pudieran evadir, según lo establecido por la Fiscalía.

De igual manera, los investigadores encontraron que, supuestamente, el policía habría utilizado su comandancia para entregarles de manera irregular los automotores que eran incautados por la fuerza pública, con el fin de cometer las acciones terroristas que les dieron amplio despliegue a las cápsulas delincuenciales en los rincones de Heliconia.

En consecuencia, el concejal fue imputado por posible concusión; y el servidor de la Policía Nacional por el delito de concierto para delinquir. Los demás procesados deberán responder por concierto para delinquir agravado, extorsión, secuestro simple y desplazamiento forzado. Una vez les dieron a conocer los cargos, ninguno de los implicados aceptó los señalamientos.

Frente a ese escenario, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al político y a otras dos personas por los vínculos que, presuntamente, los asocia con el Clan del Golfo: Olmer Jair Ferraro Serna y Sebastián Arley Bolívar García. Y el policía fue cobijado con una medida de aseguramiento domiciliaria.

El comandante de la región seis de la Policía, brigadier general Gustavo Franco, celebró las judicializaciones y advirtió que la arremetida de la fuerza pública contra los ilegales de las AGC seguirá activa, mientras que los sicarios siguen asesinado a uniformados y civiles en varios municipios de Antioquia.

En menos de 15 días, la estación de Policía de Cáceres fue hostigada por un grupo de hombres que lanzaron una granada. En este hecho no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales. Sin embargo, la comunidad vivió momentos de angustia y zozobra al escuchar la detonación seguida de varios disparos que se lanzaron al aire.

A raíz de esa situación, el mandatario de los antioqueños, Aníbal Gaviria Correa, insistió en la necesidad de afilarle los dientes al Estado para incentivar el sometimiento de los miembros de las organizaciones delincuenciales.

“Que el Estado se imponga sobre las estructuras criminales, por supuesto, sin dejar de lado políticas y estrategias de sometimiento sobre todo para que miles de jóvenes enganchados por estas fuerzas oscuras puedan dejar ese camino, pero que sea el sometimiento y la fuerza del Estado”, dijo el gobernador.