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¿Arias está atrapado sin salida?

Tras ser extraditado por Estados Unidos, el exministro regresó al país a pagar una condena que muchos consideran excesiva. ¿Podrá rescatarlo el uribismo?

Este viernes, Andrés Felipe Arias llegó extraditado a Colombia para cumplir su sentencia de 17 años de cárcel y para pagar 30.000 millones de pesos de multa. Arias arribó el viernes a Bogotá en un vuelo chárter proveniente de Estados Unidos, a las 8:20 de la mañana. El exministro venía escoltado por un grupo de marshalls. El Gobierno Duque dispuso todo para que ningún fotógrafo registrara la llegada a la capital.

Su caso se ha convertido en una de las mayores controversias jurídico-políticas del país en los últimos años. Sobre el exministro de Agricultura hay dos opiniones. Por un lado, unos lo consideran inocente y piensan que su condena resultó del choque de trenes que tuvo lugar hace diez años entre el entonces presidente Álvaro Uribe y las Cortes. Otros estiman que sí hubo irregularidades en el manejo del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), pero que una condena de 17 años resulta excesiva.

La ‘Ley Arias’ reviviría, entre otros, los expedientes del proceso 8000, la yidispolítica y la parapolítica, por eso, es poco probable que prospere.

Solo hay unanimidad sobre esto último. Culpable o inocente, un carcelazo de casi dos décadas por los hechos que le endilgaron al exministro suena desproporcionado. Ante buena parte de la opinión pública, Arias es culpable de haber montado un carrusel de beneficiarios de Agro Ingreso Seguro y aportantes a su campaña presidencial. Sin embargo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia no tiene nada que ver con estos hechos. Esta gira alrededor de los cargos de celebración irregular de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.

No todo el mundo está de acuerdo con que los hechos demostrados constituyen un delito. Al contrario de lo que muchos creen, AIS no era un programa para favorecer a los campesinos más pobres. Lo crearon en 2006 Uribe y el propio Arias, con aprobación del Congreso, con el objetivo de preparar a los agricultores colombianos, grandes, medianos y pequeños, para competir a nivel internacional en los tratados de libre comercio.

Le recomendamos:  Una ley que permita la segunda instancia, la única esperanza de Arias

Por lo tanto, los subsidios que recibieron los grandes agricultores, aunque desataron amplias polémicas en la prensa, no constituían delito. El problema comenzó cuando una docena de terratenientes decidieron fragmentar sus predios para obtener más subsidios de los permitidos a un solo predio. Ese fue el caso de las familias Dávila, Vives, Lacouture y otros clanes, que subdividieron sus tierras e hicieron todo tipo de piruetas para lograr subsidios del orden de 26.400 millones, según dijo en su momento la entonces fiscal Viviane Morales. La exreina Valerie Domínguez, novia de Juan Manuel Dávila, acabó convertida en el símbolo de ese escándalo porque su nombre apareció como propietaria de uno de esos terrenos.

Lea aquí el artículo completo.

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