El hallazgo impactó a los funcionarios de la JEP y desde ese el momento cero comenzaron un minucioso trabajo, aún inconcluso, en el que han inspeccionado, uno a uno, cientos de esqueletos que reposan en el laboratorio de antropología. La situación los obligó a sellar una parte del laboratorio.
El problema para la universidad es que esos cadáveres de quienes sufrieron actos de violencia no deberían estar en su laboratorio. Y mucho menos sin la documentación completa y clara de cada individuo. La JEP encontró que muy pocos de los 136 esqueletos del CU tienen la traza documental requerida. La mayoría aparecen como NN, sin carpeta, simplemente reseñados por sexo y edad. Otros tienen los papeles incompletos y hay varios que ni siquiera registran el acceso al laboratorio.
El país se aproxima a una conclusión escalofriante: muchos desaparecidos murieron como falsos positivos y terminaron sepultados como desconocidos. Sus deudos nunca recibirán sus restos.
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