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“Montoya era el que más presionaba por bajas”

González del Río confesó ante la JEP su responsabilidad frente a decenas de falsos positivos y salpicó a varios superiores.

Después de dos días de rendir versión libre, un coronel retirado del Ejército salió del edificio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con una carpeta bajo el brazo. Contenía un reporte detallado de 60 falsos positivos, el triple de asesinatos por los que había respondido ante la justicia ordinaria, cuya copia acababa de entregar con mano temblorosa a los magistrados. El exoficial duró una década detenido. Consiguió recobrar la libertad anticipada con el compromiso de contar los herméticos secretos sobre el capítulo negro en el que, según la Fiscalía, fueron ejecutados 2.248 jóvenes por el Ejército, presentados como supuestos guerrilleros muertos en combate.

La isla de San Andrés es el único territorio del país donde no hay reporte de falsos positivos. Investigaciones periodísticas y de ONG, así como reportes de Naciones Unidas, estiman entre 3.000 y 5.000 las víctimas entre 1988 y 2014. A pesar de ese alud, las responsabilidades no han escalado a los altos mandos. Al salir de la JEP, el coronel temblaba porque su confesión y los documentos aportados salpicaban a varios superiores.

Desahogado, salió de camino para su casa, cuando advirtió que una motocicleta lo acechaba. Estaba oscuro y había poca concurrencia en el parque del barrio El Restrepo. De un momento a otro, la moto aceleró y el parrillero le apuntó con un arma. El coronel, que por 13 años disparó las balas de la infamia, esta vez tuvo que correr. En cuanto consiguió llegar a su hogar, una llamada le anunció en qué estaba metido: “Se salvó de esta, sapo hijueputa”.

Le recomendamos: Habla el comandante del Ejército sobre los cuestionamientos de las últimas semanas

El nombre de este exoficial integra una lista negra de 11 amenazados por las verdades que están destapando ante la justicia especial. A pesar de que las diligencias se llevan a cabo bajo reserva desde hace un año, el pasado 14 de junio la Sala de Reconocimiento tuvo que expedir un auto en el que le ordena a varias entidades del Estado proteger a nueve personas, en altísimo riesgo. Antes, otras dos ya habían sido cobijadas con medidas de urgencia. Las retaliaciones se han extendido y también van contra un abogado y un reclutador de víctimas que conoce secretos contra altos mandos –retirados y activos–, quienes salieron impunes del escándalo en la justicia ordinaria.

Lea aquí el artículo completo. 

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