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Laboratorio del fracaso

Todo lo que podía salir mal con el acuerdo de paz viene ocurriendo en Nariño. La guerra sin fin, el abandono estatal y los grupos armados volvieron a imponer la ilegalidad como la única vía de supervivencia para las comunidades. SEMANA recorrió la zona.

En la vereda La Paloma, donde quedaba la zona veredal Aldemar Galán a 40 minutos de Madrigal (Nariño), la neblina es un velo que oculta varios síntomas del fracaso del proceso de paz en esa región. Todo lo que podía salir mal parece haberse cumplido allí: los excombatientes salieron huyendo y el Estado no llegó. No hubo cómo garantizarles una vivienda con los servicios elementales, los proyectos productivos nunca despegaron y la tierra pareció ser fértil solo para que creciera la coca y se reprodujera la violencia.

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Un planchón de cemento comido por la maleza y tres ranchos desde donde se observa la subregión de La Cordillera –que abarca los municipios de Taminango, Policarpa, Cumbitara, El Rosario y Leiva– son la única evidencia que queda del intento de los excombatientes de los frentes 29 y 8 de las Farc de regresar a la vida civil. Apenas tres meses después de dejar las armas, en noviembre de 2017, cerca de 60 hombres y mujeres que quedaban en La Paloma se marcharon para Cauca. Escapaban de los incumplimientos que venían espantando a 300 exguerrilleros que inicialmente se concentraron allí. ¿Dónde está la mayoría? Nadie sabe. Todo mundo supone que en las disidencias y otros grupos ilegales.

Si el país se empeñara en perseguir a todos los eslabones del narcotráfico, tendría que juzgar pueblos enteros.

El proceso de reincorporación nunca vio la luz en esta zona y el miedo que despertó ese fracaso contagió a otros corregimientos cercanos que como Santa Rosa, a 30 minutos de Madrigal, sienten la indiferencia del Estado. La zona veredal que era una oportunidad de desarrollo para ellos quedó convertida en otra promesa incumplida. Se esfumó la idea del acceso a la institucionalidad y de paso le quedó el camino despejado a los nuevos grupos armados que llegaron a aniquilar las expectativas y a reafirmar la ilegalidad como la única salida.

Los grupos armados grafitean unos encima de otros. Claudia Cabrera, la alcaldesa de Policarpa, ha pedido no retomar las fumigaciones con glifosato.

“Después de la voluntad de Dios, la coca”, es la respuesta enfurecida de un líder campesino en Santa Rosa cuando le preguntan qué hará si el Gobierno decide fumigar los cultivos ilícitos o desplegar una tropa del Ejército en su parcela para que erradique forzosamente. Más que rabia su tono revela frustración. El acuerdo con las Farc prometió un desarrollo que no llegó a este corregimiento del municipio de Policarpa.

“¡Si no le cumplieron a la guerrilla, qué va a ser de nosotros!”, repiten resignados desde que vieron salir la caravana con los excombatientes. Sin ellos, en la cima de la montaña quedó un emblema a la desolación que los puso a marchar con sigilo. Aguardan el próximo movimiento del Estado, que no supo optimizar el acuerdo colectivo que firmaron para sustituir los cultivos. De él dependerá que tengan que salir desplazados a escamparse del glifosato o les toque invertir los ahorros que tienen en una nueva cosecha.

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