Casi desalojan a 5 mil personas de Soacha

Casi mil familias estuvieron a punto de ser desalojadas del barrio Altos de la Florida, en Soacha, donde viven desde hace más de 15 años.

Durante todo este tiempo, se formó el barrio, donde ahora viven más de 5 mil personas, de las cuales el 40 por ciento son desplazadas. Adquirieron los lotes donde construyeron sus precarias casas pagándole 500, 600 u 800 mil pesos a una persona que resultó ser un impostor. 

El hombre no era el verdadero dueño de aquel terreno, donde todas estas gentes han vivido sin agua, alcantarillado, con energía de contrabando y sin vías pavimentadas para llegar hasta allá. “Cada 15 días llega un carro-tanque a surtir el agua”, explica Edgar Veleño, personero encargado de este caso.

Nadie tiene un empleo estable, sino que viven del rebusque. Conseguir la comida del día es toda una odisea. Hay muchas madres solteras y adolescentes y se calcula que más de la mitad de quienes viven allí son menores de edad.

A esas difíciles condiciones para vivir, se sumó el reclamo de los auténticos dueños del lote. Desde 1994 empezó el proceso jurídico para recuperar su tierra. Hace cuatro años, la justicia les dio la razón, pero por cuestiones de trámites y errores en los papeles, no se hizo el desalojo.

Este año, un fallo de tutela en segunda instancia dijo que, efectivamente, los ocupantes debían dejar el sitio para entregárselo a sus verdaderos dueños.

Entonces las autoridades del municipio, del departamento, algunas ONG y los representantes de la Junta de Acción Comunal del barrio pidieron concertar la decisión, pues el impacto social que provocaría el desalojo de tantas personas sería inmanejable. Además de la violación a los derechos de estos ciudadanos sin recursos, agobiados por la pobreza y que engañados actuaron de buena fe.

“Lo que se ha generado es una mesa de diálogo para buscar arreglo amistoso para que ellos adquieran el predio y mantengan su barrio”, cuenta Ernesto Martínez, alcalde de Soacha.

En efecto, el desalojo que debía hacerse en la mañana de este martes, fue aplazado por 30 días. La decisión fue concertada por las autoridades y el dueño. “Este mes se va a hacer un estudio del terreno, de cuántos lotes tiene y de cuál es el estado de las familias que viven allí” explica la religiosa Norma Inés Bernal, que ha estado al tanto del proceso.

Por lo pronto, se dice que los propietarios tienen voluntad de negociar. Están dispuestos a establecer un monto por cada pedazo de tierra que cada familia pueda pagar acorde con sus capacidades. Las negociaciones, hasta ahora, están en que cada parcela puede costar cerca de 3 millones de pesos, pero aún siguen los diálogos y las conciliaciones.