Con valor, campesinos de Samaniego le hacen frente a la guerra

En la zona montañosa de Nariño, los habitantes se pararon frente a los hombres armados que tenían atestada de explosivos su tierra. Los cuestionaron sobre por qué le estaban haciendo la guerra a la población inocente con sus minas antipersonal y lograron que las retiraran, al menos, del camino principal, por donde no podían pasar.

La admirable historia ocurrió la lejana zona rural de Samaniego, allá donde hay empinados picos verdes sin vías para que lleguen carros y donde toca caminar por pantanosas trochas. Un lugar en el que no hay acueductos ni energía eléctrica, por lo que la gente cocina y tiene luz gracias a plantas que funcionan con gasolina y donde se bañan con agua de los ríos. Un terreno de campesinos agricultores por naturaleza que, por suerte de la guerra, han aprendido el cultivo y procesamiento de coca, aunque la paga sea ínfima.

Ahí han habitado desde hace ya bastante tiempo con la guerrilla del Eln y han tenido que soportar los efectos del conflicto, cada vez que las Farc y el Eln han chocado entre sí o contra el Ejército.

Conato de calma

“La comprensión de las exigencias del momento y nuestra condición revolucionaria nos conduce a ordenar a todas nuestras unidades a parar la confrontación entre las dos fuerzas”.

Así fue como las Farc y el Eln les ordenaron a sus hombres el cese al fuego entre sí mediante un comunicado conjunto, en diciembre pasado. El choque entre ambos grupos había afectado la vida cotidiana de mucha gente, entre ellos los habitantes de Samaniego y el resguardo indígena El Sande, en esa zona montañosa de Nariño. 
 
Sin embargo, la calma fue pasajera. A la llegada del Ejército, en desarrollo del Salto Estratégico (que consiste en la recuperación militar de territorios donde está ausente el Estado), se ha presentado la respuesta militar del Eln.

Entre tanto, los habitantes dicen que prefieren que los dejen dialogar directamente con los grupos armados ilegales para tener calma. Consideran que parándoseles de frente a los actores armados y diciéndoles las cosas como son, como ya lo hicieron una y otra vez, logran más que si siguen esperando a que las soluciones provengan de Bogotá.

¿Cómo llega un pueblo a tener esta convicción? La respuesta es comprensible. Después de vivir tantos años en la mitad de la guerra, aprendieron a reclamar juntos que se les respetara la vida.

Un pasado de guerra

La grave situación actual para esta zona del país se inició a comienzos de esta década, cuando “a raíz de las fumigaciones de los cultivos de coca en Caquetá y Putumayo, y de las operaciones del Plan Patriota, las Farc se desplazaron en masa hacia Nariño y Cauca e inundaron de coca la región”, según registró SEMANA en su momento en el artículo ‘Farc contra ELN’. 
 
El roce entre ambas agrupaciones se dio, inicialmente, porque el Eln, que ha tenido histórica presencia en esa parte de Nariño, no aprobaba la financiación con la coca. Pero la situación económica hizo que esa guerrilla cambiara de parecer, hasta terminar metida en el negocio.

Más tarde, “las Farc acusaron públicamente al Eln de haberse aliado con el capo de la droga Wílber Varela, que tiene a su servicio los grupos de pistoleros 'Los rastrojos' y 'Águilas negras', ambos bandas sanguinarias que se dedican al narcotráfico en esa misma región”, según registró SEMANA. Y la respuesta de un dirigente del Eln fue que en efecto compartían su territorio con estos grupos, porque "no podemos darnos bala con todo el mundo".

Entre el 30 de diciembre de 2006 y el 21 de enero de 2007 se presentaron los primeros combates entre ambos grupos en la zona montañosa de Nariño. “Cuando menos pensamos, fue que empezaron a señalar a unos y otros de ser dizque colaboradores de la guerrilla adversaria. Nos convirtieron a todos en sospechosos”, dice un habitante de la región que, como todos, prefiere preservar su nombre cuando habla de la guerra para evitar que los actores armados tomen represalias en su contra.

Los caminos se llenaron de minas antipersonal y los tiroteos con gente en medio de los pistoleros se volvieron frecuentes. “Nos afectaron nuestra vida cotidiana en lo social, lo económico y hasta en la educación”, dice la fuente.

Lo social se deterioró porque, por miedo, nadie quería asomarse por esa zona. “No entraba ni salía gente. No había comunicación, ni profesores, ni enfermeras”.

Lo económico se complicó porque la gente no podía salir a sus granjas por temor a pisar minas. “No había trabajadores, no había dónde vender los productos y muchos animales caían en los explosivos”.

Y la educación de los niños sufrió porque los profesores no querían ni asomarse por allá. “Cuando había profesores, a los padres les daba miedo enviar a los niños porque les tocaba caminar mucho por caminos que, posiblemente, estaban minados y porque a veces se oían disparos muy cerca y podían matar a los niños”.

Para diciembre de 2007, tropas de la Brigada Móvil 19 del Ejército iniciaron la Operación Emperador y fueron avanzando hacia la zona montañosa del departamento. Efectivamente, los guerrilleros tuvieron que replegarse hacia el filo de las montañas y los militares pudieron controlar el territorio hasta un sitio conocido como El Decio, que es el centro urbano y de comercio más cercano al casco urbano de Samaniego. Pero desde El Decio hacia lo alto de las montañas hay unas 14 veredas.

Allí, el Eln ubicó su retaguardia para defenderse de los ataques de las Farc y hostigar a los militares. Entonces puso cercos con minas antipersonal y un estricto régimen para los habitantes. A nadie le contaron cuáles campos estaban minados y cuáles no. La gente sólo podía salir una vez al mes para abastecerse de alimentos y gasolina, y regresar lo más pronto posible. Nadie podía hablar por celular. En esas condiciones quedaron unas 800 familias, conformadas por cuatro mil campesinos agricultores, que empezaron a padecer hambre.

Las pocas veces que podían salir no eran garantía para tener los alimentos suficientes para una familia entera hasta la próxima autorización para ir al mercado. Como no sabían cuándo sería la próxima salida, preferían llevar un poco más, por si acaso, o para compartir con una familia que tuviera hambre. Esas fueron las explicaciones que varios habitantes le dieron a Semana.com. Además buscaban abastecerse de suficiente gasolina, que es vital para su vida diaria, pero también, confiesan algunos, para el procesamiento de la coca.

Pero no podían llevarlo todo. Antes de empezar a subir las montañas, en la parte donde estaba el Ejército, había retenes. Los militares revisaban bolsa por bolsa y les preguntaban a los campesinos qué tan numerosas eran sus familias. Hacían cuentas y si llevaban más de lo calculado por los soldados que podía comerse en un hogar, le retenían el resto. Sospechaban que la comida fuera para los guerrilleros. La misma operación funcionaba para el control de la gasolina.

Una esperanza

La historia de este confinamiento empezó a conocerse por la región. La ilusión de tranquilidad apareció el 19 de febrero de 2008, cuando el ex asesor de Paz Luis Carlos Restrepo llegó al municipio para enterarse de la situación. Anunció que conforme avanzara la Operación Emperador, se irían extrayendo minas enterradas en el suelo.

Dos meses después, se conocieron dos noticias que alentaban los ánimos de poder volver a caminar tranquilos y alimentarse bien. Un pelotón de 30 soldados colombianos vestidos de azul y entrenados por la OEA, llegaron para quitar las minas. Estaban ejecutando un proyecto administrado por la Fundación Restrepo Barco en el que se invirtieron dos mil 757 millones de pesos con la idea de limpiar el suelo de explosivos entre abril y diciembre de ese año. 
 
De acuerdo con Mario Gómez Jiménez, director Social de la Fundación Restrepo Barco, ese dinero sirvió para capacitar a los campesinos para evitar accidentes por las minas antipersonal, arreglar vías y escuelas, dotar equipos de salud al hospital, atender víctimas, hacer educación para el riesgo con niñas y niños campesinos, comprar equipos de desminado, entre otros rubros. (Conozca cómo se invirtió esa plata).
 
Al tiempo que estos soldados ‘desminadores’ avanzaban por las montañas, en Bogotá, la Corte Constitucional emitió el Auto 093. En él, le ordenó al director de Acción Social que hiciera todo lo posible para llevarles alimentos, medicinas y la atención necesaria a las miles de personas que estaban encerradas entre las minas. 
 
Eran ya los últimos meses de 2008 cuando le gente empezó a notar que nada mejoraba. El saldo de la operación contra las minas arrojó como resultado el retiro de siete artefactos. Eso dice en este afiche, expuesto en Cartagena durante la Convención de Ottawa el pasado diciembre.
 
Respecto a la atención que debía llevar Acción Social, la Corte Constitucional emitió el Auto 284. En él, dijo que los resultados presentados por la agencia presidencial habían sido antes de haberse emitido el Auto anterior. Ordenó que, en serio, se hiciera un cronograma de actividades que ayudaran a mejorar las condiciones de las personas confinadas.
 
La cantidad de víctimas de minas antipersonal no presenta grandes variaciones durante estos años de guerra. De acuerdo con las estadísticas del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, en 2008 hubo 25 accidentes en Samaniego, dato que no dista mucho del de 2007, cuando fueron 31. La mayoría son de la zona montañosa. 
 
Petición de frente

La gente confinada se dio cuenta de lo que estaba pasando y decidieron buscar ellos mismos una solución. Entonces se reunieron con los guerrilleros del Eln y les hicieron saber su malestar con el minado en su región.

Concientes de las cifras, los habitantes de aquellas montañas les dijeron a los guerrilleros que ellos estaban llevando la peor parte de su guerra. Las mismas estadísticas dan cuenta de que quienes pisan más explosivos son los civiles y no los militares, que eran los adversarios de los guerrilleros. “¿Ustedes están haciendo la guerra contra nosotros o contra quién?” fue, a grandes rasgos, el reclamo.

La presión fue tal, que el Eln accedió a retirar 35 minas de la vía principal y les dijo cuáles caminos estaban minados y cuáles no. Así fue como, para comienzos de 2009, la gente pudo moverse con más tranquilidad. Eso sí, los hombres armados les advirtieron que al mínimo asomo de militares o cualquier adversario suyo por la zona, activarían de nuevos los campos minados sin decirle a nadie la ubicación de las minas y volvería su confinante régimen.

También se había hecho común que el grupo guerrillero retuviera a personas ajenas a la región y, después de averiguar quiénes eran, las matara a su antojo. Entonces los habitantes les exigieron que no volvieran a hacer eso. “En seis meses, liberamos a seis personas vivas. Eran cuatro jóvenes de El Decio y una pareja que repartía volantes, invitando a la desmovilización”, cuenta un líder.

Todo fue posible gracias a que “si toca protestar, nos reunimos y protestamos contra ellos”, explica un habitante de la región.

Los campesinos están convencidos de que “las únicas propuestas de paz que han servido son los diálogos entre los grupos ilegales y la comunidad”.

El reto para el Estado en una situación como ésta no es menor. La gente sabe cómo defender su vida, pero el gobierno nacional, como se sabe, no ve bien este tipo de negociaciones o diálogos. Y sólo está de acuerdo con ellos siempre y cuando los miembros de esos grupos armados ilegales vayan a someterse a la justicia.

Miradas

Alexandra Hall Hall, jefe de Misión Adjunta de la Embajada Británica, considera que ese procedimiento de la población civil es fruto de “la necesidad. No es que la gente reconozca a los grupos armados como actores legítimos. Es que los grupos armados están en sus vecindarios y, según su perspectiva, no hay otro remedio para ellos. Y el problema para el Gobierno es que le resulta difícil aceptar este proceso, pero desde la perspectiva de un residente en el sitio es algo necesario”.

Ella estuvo recientemente en Pasto junto con Tommy Stramberg, consejero de la Embajada de Suecia, y Bastienne Karel, Segunda Secretaria Encargada de los Asuntos Políticos de los Países Bajos (Holanda). Su intención era conocer de primera mano la situación del departamento. Estos países hacen parte de la Unión Europea y del G-24, que son de gran interés del gobierno colombiano para sus relaciones comerciales y por la cooperación que aportan para proyectos sociales. Al final de su visita, hablaron con Semana.com sobre la percepción de lo que conocieron e hicieron un balance de la visita a esa convulsionada zona del país. (Lea la entrevista completa). 
 
En el mismo sentido de Hall Hall, Fabio Trujillo, secretario de Gobierno de Nariño, ve aquellos acercamientos de la población con los grupos armados como “acciones locales que el Gobierno nacional debería recoger dentro de su política. En asuntos que lleven a la paz y el desminado se deben recoger todas las acciones positivas sin tener que ceder en el liderazgo del proceso. El Gobierno debería mirar esas experiencias con buenos ojos siempre y cuando no implique la pérdida de la soberanía”.

La sombra de la guerra

El 20 de marzo de 2009 el Gobierno expidió la Directiva Presidencial 01 de 2009. En ella, dicta los lineamientos del Salto Estratégico, que es una propuesta con la que busca “potenciar las condiciones necesarias para lograr la consolidación sostenible del Estado de acuerdo con las particularidades territoriales”. 
 
La idea es que la fuerza pública entre primero a los campos y después de ella aparezcan otros ministerios e instituciones del Estado que traerán proyectos de escuelas, centros de salud, vías, en fin, política social.

Sobre el terreno, esto se tradujo en más presencia de militares intentando entrar a la zona donde el Eln se movía a sus anchas.

Ahora, esa guerrilla ha vuelto a minar caminos, poniendo condiciones para que la gente salga y entre a su territorio. Incluso, el año pasado el número de accidentes por minas no varió. Se mantuvo en 25, como en 2008. También volvieron los retenes y las restricciones de los militares.

Por ahora, los habitantes intentan proponer un nuevo diálogo, mientras sienten que el ciclo se repite. Igual, Samaniego está dispuesto a pararse de nuevo para defender la vida de sus campesinos.