Cientos de funcionarios salen a paro en apoyo a indígenas y corteros y para pedir mejores condiciones laborales. | Foto: León Darío Peláez

PROTESTA

El gran paro

Hoy confluyen los reclamos de distintos sectores sociales, desde las enfermeras y camioneros, hasta recaudadores de impuestos y maestros. Semana.com explica por qué se ha enrarecido tanto el clima laboral.

Juan Esteban Mejía, periodista Semana.com
23 de octubre de 2008

Este jueves 23 de octubre, trabajadores de diversas instituciones públicas harán un paro durante 24 horas, convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La invitación contempla un cese de actividades nacional y una marcha en Bogotá que parte a las 10 de la mañana desde la Plaza de Toros hacia la Plaza de Bolívar.

En la jornada participarán funcionarios del magisterio, del sector de la salud, de la Dian, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Sena, el Icbf. Además se sumarán cerca de 45.000 camioneros afiliados a la Asociación de Camioneros de Colombia quienes han dicho iniciarán ese día un paro indefinido.

El anuncio de paro de estos sectores se suma a la movilización de los indígenas del Cauca en el sur oriente del país y al paro de los cortadores de caña en Valle que cesaron actividades desde hace un mes. Los indígenas piden que les entreguen las tierras que el Estado les ha prometido por años. Los corteros exigen mejores condiciones laborales.

Hace apenas una semana se levantó un paro judicial que mantuvo bloqueada la justicia durante 44 días.

“Tengo la convicción de que esta coincidencia en el tiempo de estos movimientos que están expresando algún tipo de inconformidad no es una coincidencia al azar”, dijo el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, frente a la repentina confluencia de protestas. “Es una coincidencia planeada y organizada que buscaba concentrar en el mes de octubre, distintos tipo de protesta, de distinto tipo de actores a lo largo y ancho del país”, dijo.
 
Desde el otro lado, analistas argumentan que más que la conspiración política que sugiere el ministro Palacio, lo que el gobierno está cosechando son los frutos de la equivocada política laboral que ha desarrollado a lo largo de seis años.
 
Primero, porque al fusionar los ministerios de Salud y Trabajo en el de Protección, dejó a ambos sin la capacidad institucional suficiente para atender los diversos y complejos problemas laborales y de salud del país, y por supuesto, al Ministro le queda mucho más difícil manejar los dos frentes a la vez.  
 
Segundo, porque la normatividad de flexibilización laboral que se aprobó a inicios del primer período de Uribe, cuya noble intención original era crear más empleo, se salió de control y se volvió el insturmento perfecto para sustituir empleo de calidad por empleo inestable de contratistas a destajo y por cooperativas. Y esa es una de las protestas comunes de casi todos los huelguistas: solo para mencionar dos, 90 de cada cien profesionales de la salud están contratados por cooperativa, y 3.000 empleados de la Dian son por contrato temporal.

La CUT hizo el llamado a paro general para protestar, en parte, porque el gobierno había declarado la conmoción interior en respuesta al paro judicial (que ya se levantó) y por las muertes de sindicalistas. Si bien el gobierno ha hecho esfuerzos para disminuirlas , y en efecto, venían cayendo desde 2002, este año se comienza a revertir la tendencia.

De acuerdo con el registro de la Escuela Nacional Sindical, en lo que va de 2008 han sido asesinados 40 sindicalistas. Esta cifra, actualizada hasta octubre, ya supera el total de muertes de 2007, cuando se presentaron 39 muertes violentas de trabajadores sindicalizados.

Los afiliados a la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), otras de las agremiaciones sindicales, no participarán en la jornada.

Los sindicalistas también han rechazado lo que consideran una criminalización de las protestas por parte del gobierno. Según le explicó Tarsicio Mora, presidente de la CUT, a Semana.com, el gobierno está satanizando el movimiento social al señalar infiltraciones guerrilleras en las protestas indígenas, las de los corteros y las de los mismos sindicalistas,. “Nos están poniendo una lápida en la espalda”, dijo Mora.

“El Gobierno rechaza cualquier tipo de injerencia de grupos armados al margen de la ley, de terroristas, de actos vandálicos o de actos violentos”, dijo el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio en una de esas alocuciones que para los sindicalistas estigmatiza y tergiversa la protesta social. “Si se desbordan, el Estado tiene que tomar todas las medidas que le da la Constitución y la ley para restablecer el orden”, remató el ministro.

Cada una de las agremiaciones que saldrán a marchar hoy respaldan las demandas de la CUT pero también cada una tiene reivindicaciones particulares.

Los profesores

Unos 280 mil educadores de Fecode, el sindicato del magisterio, saldrán a paro porque el gobierno no ha girado los recursos para pagar las cesantías de unos ocho mil docentes que las han reclamado.

“No hay ningún motivo laboral para que los docentes suspendan sus actividades”,dijo la ministra de Educación, Cecilia María Vélez quien aclaró que era respetuosa de la marcha por los motivos convocados por la CUT, mas no del paro. Vélez dijo que quienes no asistan a sus trabajos, se les descontará el día de su salario. Y dijo que los alumnos deben asistir a los salones normalmente.

Los médicos

Los 14 mil empleados de centros de atención, clínicas y hospitales y públicos también suspenderán sus actividades este jueves. Sólo urgencias y cuidados intensivos seguirán funcionando.

María del Carmen Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales, Antoch, dijo que las razones del paro son dos. Protestan por la privatización de hospitales en Cundinamarca y por el modelo de contratación de los médicos.

Según las cuentas de Sánchez, al menos 90 de cada 100 profesionales en salud del país están contratados por medio de cooperativas de trabajo asociado y muchos no tienen salarios dignos para su profesión. Además, tienen que someterse a las condiciones de las EPS en cuanto a tiempo de consultas y límites en la formulación de medicamentos y tratamientos.

“En esas condiciones, el mejor médico es el que menos formula y no el que mejor trata a los pacientes”, explicó Sánchez.

Vea aquí un video que muestra que sí se pueden lograr contratos que satisfagan a los profesionales de la salud.

Los de la Dian 

Los empleados sindicalizados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que vienen en paro desde la semana pasada, participarán de las protestas de este jueves.

El panorama nacional que reportó ayer, miércoles,  Ramiro Torres, presidente de ese sindicato, habla de parálisis completa de las actividades en oficinas de Barranquilla, Valledupar y Santa Marta y cese parcial en Armenia, Tulúa, Cartagena, Montería, Bogotá y Sincelejo.

Según Torres, uno de los motivos de su manifestación es que después de mucho negociar, se redactaron dos decretos que buscan ampliar la planta de empleados de la institución. Torres explica que el incremento de personal es necesario porque muchos tienen sobrecarga de trabajo actualmente. Según sus cuentas, en la Dian trabajan 5.500 funcionarios de planta y 3.000 contratistas a los que se les renueva el contrato cada seis meses, cuando en realidad la carga laboral amerita que haya 10.000 empleados.

Y el otro decreto es para modificar la jerarquía, de tal manera que sea más fácil ascender y así mejorar los salarios de cada quien. Pero lo que indispone a los funcionarios es que los decretos no han sido firmados por el presidente Álvaro Uribe.

La abundancia de contratos por prestación de servicios es un motivo adicional para suspender sus actividades y para participar de las manifestaciones de este jueves. 
 
A este respecto, el gobierno dijo que se adelanta un proceso dentro del Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado (Muisca). Este incluiría la puesta en marcha del decreto que establece cinco niveles jerárquicos, que van desde los cargos operativos hasta los directivos con sus correspondientes rangos salariales.
 
Sobre la planta de personal, hay un decreto que aumentaría a 7.500 el número de funcionarios vinculados directamente con la institución.

Los de la Supernotariado

Unos 2.300 funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro están invitados a suspender sus actividades.

Según Óscar Moreno, presidente del sindicato de esa entidad, lo que reclaman es una nivelación salarial que vienen gestionando desde hace dos años y que el Ministerio de Hacienda se niega otorgar argumentando que no hay dinero.
 
Además, faltan insumos de trabajo e infraestructura en las oficinas. Para Moreno, esto no debería suceder, porque “a menos de dos meses de acabarse el año, falta por ejecutarse el 50 por ciento del presupuesto de funcionamiento de la entidad”.

La superintendente Lida Salazar dijo que confiaba en que sus funcionarios no suspendieran las actividades porque acaba de entregarle al ministro Valencia Cossio una propuesta para el pago de una prima de reconocimientos de servicios y que sería discutida próximamente con los sindicalistas.

Los del Sena

La presidenta del Sindicato de Empleados Públicos del Sena (Sindesena), Aleida Murillo, dijo que unos 2.100 funcionarios de la institución saldrían a paro este jueves porque consideran preocupantes las propuestas que han hecho algunos empresarios de desmontar las rentas parafiscales.

En los últimos meses, ha tomado fuerza la intención de evitar que las empresas paguen las cuotas que sostienen al Sena, el Icbf y las cajas de compensación familiar, para que sean financiadas con recursos del IVA. Eso generaría una sobrecarga para los ciudadanos y aliviaría a los empresarios de un obligación.

Además, Murillo considera que la calidad de la educación que brinda el Sena ha desmejorado porque se han recortado recursos, hay menos insumos para que los docentes puedan preparar a los alumnos y crece cada vez más el número de estudiantes. Esto ha afectado la calidad y preparación de los egresados.

Murillo dice que también preocupa la contratación de 15 mil personas con la modalidad de contratistas, mientras que los vinculados a la planta de la empresa no son ni siquiera cuatro mil. “Eso ha generado una rotación del personal impresionante. Entran y salen contratistas muy seguido, lo que significa una inestabilidad en la educación”, explica.

Sin embargo, según dice, desde 2006 ha crecido el número de directivos del Sena, algunos de los cuales han tenido incrementos del 30 por ciento de sus salarios. “Eso no se da en todos los cargos. Por lo tanto, pedimos una nivelación salarial, que garantizaría un trato igualitario”, concluyó.

Los camioneros

Unos 45.000 conductores consideran que el gobierno no les ha cumplido con los acuerdos que lograron el pasado 16 de junio, tras un paro que duró varias semanas y ocasionó multimillonarias pérdidas.

En aquel momento, se levantó la manifestación porque el gobierno se comprometió a destinar recursos para la renovación de los camiones viejos de manera que salgan de circulación. Igualmente el gobierno se comprometió a hacer cumplir la tabla de fletes y que el camionero que cobre más o menos de lo estimado en ella, sería sancionado.

Finalmente, se estableció que quien vaya a matricular un camión nuevo, que haya importado, debería suscribir una póliza por 35 millones de pesos si es simple, por 50 millones si es doble troque, y por 70 millones, si es tractocamión.

Adicional a esto, Bancoldex le solicitaría a todas las compañías de financiamiento y a todos los bancos, especialmente a los que les han entregado vehículos en leasing, que les aumenten los plazos y les rebajen las tasas de interés.

Para los conductores, tales promesas no se han cumplido con la eficiencia que debería.

Así las cosas, los trabajadores que saldrán a paro este jueves dicen tener suficientes motivos para hacer huelga. Además consideran que es el momento ideal para expresar su solidaridad con la marcha de los indígenas y corteros de caña del Valle.