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| 2/27/2009 12:00:00 AM

Gobeirno de EE.UU resalta avances en Derechos Humanos en Colombia

Gobeirno de EE.UU resalta avances en Derechos Humanos en Colombia Gobeirno de EE.UU resalta avances en Derechos Humanos en Colombia
Un documento, que fue entregado por el Gobierno de Estados Unidos al Congreso de ese país, indica que la aplicación de la Ley de Justicia y Paz ha sido fundamental para esclarecer crímenes y reducir los índices de violencia en Colombia. Señala a las Farc, el Eln y bandas delincuenciales como las principales violadores de Derechos Humanos en el país.

El reporte sobre Derechos Humanos 2008 del Departamento de Estado de Estados Unidos, destaca los avances de Colombia en esa materia, gracias a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

“A pesar de que los problemas continúan, el respeto del Gobierno por los asuntos de Derechos Humanos ha mejorado, lo cuel se evidenció particularmente en el progreso de la implementación de la Ley de Justicia y Paz”, dice un aparte del informe, que fue entregado en la víspera al Congreso de ese país.
 
El proceso de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, exalta el informe, ayudó a clarificar más de 20 mil crímenes y llevó a la exhumación de 1.788 restos en 1.441 fosas comunes.

El documento reseña, sin embargo, que “los paramilitares que se negaron a desmovilizarse y nuevos grupos ilegales, continúan cometiendo numerosos actos ilegales y abusos”.

“Las investigaciones de la Suprema Corte y el Fiscal General de la Nación sobre el vínculo de políticos y paramilitares implicaron a 70 representantes, 15 gobernadores y 31 alcaldes; muchos de ellos estaban en la cárcel al final de año (2008)”, agrega.

El informe señala a las Farc y al Eln como los principales violadores de los Derechos Humanos en Colombia, cometiendo delitos como muertes políticas, muerte de miembros retirados de las fuerzas públicas de seguridad y oficiales locales, secuestros y desapariciones forzosas, y desplazamientos masivos forzados.

También los señalan de ser responsables de la subordinación e intimidación de jueces, fiscales y testigos; violación de los derechos de privacidad de los ciudadanos; restricción de la libertad de movimiento; reclutamiento de niños soldados; ataques contra activistas de Derechos Humanos, y acoso, intimidación y muerte de profesores y sindicalistas.

 
Vía agencia de presna del Palacio de Nariño

EDICIÓN 1888

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