¿Rehabilitación con rejo?

Los relatos parecen sacados de una película de terror. “Cerraba la puerta, decía que me desnudara y me empezaba a tocar", dijo una joven morena de 20 años, que estudia Contaduría en las noches y trabaja como secretaria de día.
 
“Me esposaron contra una reja y así me tuvieron desde un viernes hasta el martes (…) tenía que pedir a gritos que me llevaran al baño y cuando iba todo el mundo me observaba (...) Tienen un bate con la palabra cambio (...) ”, dijo un hombre de unos 30 años que accedió a estudiar como parte del compromiso de que sus padres no lo volvieran a recluir. Y una joven que parecía modelo contó que una vez los pusieron a darle correazos a un muchacho que trató de escapar.

Son apenas algunos fragmentos de una decena de testimonios de pacientes del Centro de Atención a la Drogadicción (CAD) Conciencia y Cambio, en el barrio San Luis, de Bogotá, que hablaron con SEMANA. Habían sido entrevistados antes por las autoridades, que venían investigando los abusos que, según ellos, se cometieron con ellos durante su tratamiento para dejar las drogas.

Hace apenas un mes en otro sitio de rehabilitación en el barrio San Fernando, las autoridades hallaron un “cuarto de castigo” en el que se encontraron, según un reporte de El Tiempo, tablas con ganchos y cables con los que amarraban a los internos de manos y pies. El caso no aparece ni siquiera registrado en la Secretaria de Salud.
 
La justicia todavía no han dado su veredicto en ninguno de los dos casos.
 
Quienes tratan las adicciones se encuentran con pacientes muy alterados y algunos de los métodos de rehabilitación aceptados comúnmente pueden ser muy estrictos. Sin embargo, de acuerdo con especialistas consultados, no se ha demostrado que un régimen de terror  y agresiones les ayude a salir de su adicción. “Son vidas hechas pedazos, no tiene sentido destrozarlas más”, dijo un especialistas.

Ignacio Lombana, abogado de Conciencia y Cambio, asegura que los golpes no están dentro de ningún tratamiento, aunque aclara que el tema de la fuerza está presente como reacción a una posible agresión de un paciente. También habla de las terapias de choque, en las que se confrontan a los pacientes de forma individual o en grupo, incluso sobre temas muy privados para hacerlos entrar en razón.
 
Pero asegura que los delitos de tortura, acceso carnal violento y constreñimiento, entre otros, que les imputa la Fiscalía, nada tienen que ver con la realidad. Algunos, dice, son inverosímiles y anuncia que llevarán a la justicia otros cientos de testimonios a favor de sus defendidos.

Más allá de lo que determine la justicia en cada caso, hay un interrogante de fondo: qué control ejerce el gobierno sobre estas instituciones. Según una norma aprobada hace tres años, para que un centro de atención a adictos empiece a operar basta con radicar un formulario en donde se asegura que se cumplen con los recursos humanos, financieros, físicos y técnicos.
 
Luego de la aprobación de un centro, las autoridades tienen un plazo de cuatro años para verificar en el terreno que la información del formulario fue cierta y las instalaciones y los tratamientos son los adecuados. En teoría, según la respuesta que dio la Gerencia de Calidad en Salud del Distrito, se busca más el autocontrol que estar como policías vigilándolos.

En Bogotá hay 32 centros de este tipo, de los 451 que funcionan en todo el país (datos de 2005), pero en la capital sólo se han hecho cinco visitas en los últimos tres años. El Distrito dice que les falta personal, pues dicen tener 140 funcionarios para vigilar 14.000 entidades prestadoras de salud en la capital, entre las que las que están estos centros de rehabilitación.

Y cuando hay quejas por maltrato, la Secretaría hace una visita inmediata. Han hecho 18 desde finales de 2006, pero no prosiguen con investigaciones sobre el maltrato porque, según esta entidad: “no verificamos el actuar médico. Eso lo revisa el Tribunal de Ética Médica a partir de las quejas”. No obstante, como muchos de los presuntos abusos son cometidos por sicólogos o terapeutas, estos casos no llegan a dicho Tribunal según lo confirmó allí SEMANA.

Si no hay control y vigilancia adecuada es imposible saber realmente cuánto abusos se pueden estar cometiendo en estos centros. Y mucho menos actuar a tiempo para proteger a estos jóvenes en especial situación de vulnerabilidad.