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| 2/11/2010 12:00:00 AM

¿Existe una política para combatir las bandas emergentes en Colombia?

Los vaivenes del gobierno frente a la mediación de la Iglesia para acercarse a los grupos emergentes y frente al tema de los pactos entre dos bandas en Medellín, demuestran que hace falta una política clara para combatir estas organizaciones.

¿Existe una política para combatir las bandas emergentes en Colombia? El gobierno ha buscado por todos lados qué hacer con las bandas criminales en el país que hoy cuentan con unos 4.000 hombres. (Foto: AP)
Las bandas criminales no solo son un problema para el Gobierno sino que, además, ahora anda encartado con el tema de la mediación de algunos sectores para que ellas le bajen el volumen a la violencia que generan en las ciudades.

Estos grupos, que comenzaron a aparecer tras la desmovilización de los paramilitares y que, se calcula, tienen unos 4.000 hombres repartidos en 248 municipios de todo el país, han venido opacando, por varias razones, la Política de Seguridad Democrática, bandera del gobierno del presidente Álvaro Uribe.

El hecho más reciente que evidencia esta situación sucedió esta semana, cuando en la noche del pasado lunes monseñor Julio César Vidal, obispo de Montería, fue autorizado por el gobierno para dialogar con bandas emergentes con el fin de que se sometieran a la ley. Es decir, que monseñores y curas en las Diócesis de Córdoba, Antioquia y regiones del Pacífico buscaran la forma de acercarse a esas organizaciones al margen de la ley para que pagaran cárcel y dejaran de delinquir.

La noticia se conoció al mismo tiempo que se supo de la tregua que sellaron dos bandas criminales en Medellín, la de ‘Sebastián’ y Valenciano’, y que sirvió para que los homicidios en esta ciudad se redujeran a un nivel de cero en un día (el año pasado se presentaron 2.178 homicidios). Este pacto (aunque también tenía el visto bueno del gobierno central, era independiente de la autorización del Gobierno a la Iglesia, se logró desde el pasado 12 de noviembre) se logró gracias a una llamada Comisión de Notables, de carácter civil, que tuvo acceso a los mandos medios, dispuestos finalmente a parar sus rondas de sangre y terror.

Pero todo se echó para atrás este miércoles cuando el comisionado de paz, Frank Pearl, dijo que el plazo para las mediaciones se vencía este viernes. “La autorización se vence el 12 de febrero y no se va a renovar”, fueron sus palabras. 

Todo indicaba que la Iglesia no haría caso. Desde la Conferencia Episcopal en Bogotá, se oyeron voces que insistían en la necesidad de acercarse a estas agrupaciones, desbordadas en muchas regiones según informes como los de Human Rights Watch, la Fundación Arco Iris y la Mapp- OEA .
 
Monseñor Rubén Salazar, presidente del Episcopado, sugirió que no es necesario el aval del gobierno central para buscar la paz con las bandas o con cualquier otra agrupación ilegal. “Tenemos que hacer algo, no podemos permitir que el país se siga desangrando, que se vaya directo al caos. Continuarán lo acercamientos, no sólo con estas bandas criminales, sino con todas las organizaciones armadas”, dijo Salazar.
 
Sin embargo, el llamado sólo alcanzo para que el comisionado Pearl visitara el viernes a los prelados y les autorizara, únicamente, adelantar labores pastorales con estos grupos. Además, si sus miembros deciden someterse a la justicia, la Iglesia desempeñaría en el proceso el papel de garante.
 
Se busca política anti-criminal

La situación ahora es que todos (el Gobierno, la Iglesia, las comisiones de notables e incluso otros organismos oficiales) jalan para su lado y procesos como los que se venían dando en Medellín, podrían venirse abajo definitivamente. Entonces, la pregunta es. ¿hay una verdadera política para combatir o al menos neutraliza las bandas criminales (que la Policía llama Bacrim) o emergentes que aparecieron después de la desmovilización de los paramilitares?

Lo único que se sabe es que la lucha contra esas organizaciones ha sido asignada a la Policía de Carabineros, aunque, claro está, toda la fuerza pública está en la obligación de combatirlos. Carabineros es la encargada de dirigir y ejecutar el plan para acabar con estas organizaciones que ellos dividen en: Erpac, Organización Nueva Generación, Los Rastrojos, Los Machos, Los Paisas, Águilas Negras y otras ubicadas en la Alta Guajira, Urabá, Sur de Bolívar y Magdalena Medio. (Ver El nuevo mapa de las bandas criminales en Colombia)

Además, muchas veces el presidente Uribe ha dicho que no negociará, ni hablará con criminales. De hecho, el comisionado Pearl insiste en que es el Ministerio de Defensa el que determina la política para combatirlas. La confusión viene entonces cuando es el mismo gobierno el que delega a la Iglesia o a un grupo de civiles la tarea para que se acerque a las bandas, hable con ellas y logre reducirlas hasta que se sometan a la ley. Todo esto sin contar la intempestiva propuesta de Uribe de pagarles a estudiantes de Medellín para que sean informantes de la fuerza pública, iniciativa que luego fue matizada ya que el mismo Presidente, quien dijo que el mensaje iba dirigido a todos los jóvenes y ciudadanos, en general.

Sobre ese tema Alonso Tobón García, del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, Cerac, escribió para Semana.com por qué el gobierno no sabe qué hacer con las bandas criminales.

Tobón dice que el Estado tiene una encrucijada y es la de determinar qué son estos nuevos actores de violencia y cómo tratarlos, si como enemigos o como criminales.

“El primero, el enemigo, es una unidad política que está por fuera del orden jurídico estatal y que constantemente amenaza su soberanía (el monopolio legítimo del Estado: el ejercicio de la violencia, control territorial, control de población, etc.); por ello, al enemigo se le aniquila o se le incorpora negociando. El segundo, el criminal, es un elemento que se encuentra dentro de la zona de poder del Estado y que debe ser sometido o exterminado para garantizar. (...)Esta determinación, más que un capricho teórico, trae repercusiones en la práctica, en la formulación de una política pública de seguridad adecuada”.

Enemigos o criminales, o los dos, lo cierto es que las bandas se han convertido en un nuevo actor armado que cuestiona, una vez más, la efectividad de la política de seguridad democrática, más aún cuando el plan para derrotarlas parece partir casi de ceros, a sólo seis meses del fin del segunda mandato del presidente Uribe.

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