Corte Constitucional ordena al Congreso legislar sobre procesos en Corte Suprema

La Corte Constitucional le pidió este jueves al Congreso de la República que reestructure los procesos judiciales que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá adelantar para las investigaciones de delitos de su competencia que se cometan a partir de este 29 de mayo. Lo Corte dijo que la nueva ley debe crear la doble instancia para que los procesados puedan apelar un fallo en primera instancia, y además debe encargar a magistrados diferentes, las funciones de investigación y juzgamiento para que éstos no sean juez y parte en los procesos.

La trascendental decisión fue tomada los magistrados de la Corte Constitucional y anunciada en rueda de prensa el jueves por su presidente, el magistrado Humberto Sierra Porto, que paradójicamente dejó sentada su posición disidente frente a la polémica decisión.

Según dijo el magistrado Sierra la ley debe velar porque “en la Corte Suprema pueda existir una distinción entre quiénes investigan y quiénes juzgan, y también las demás garantías del debido proceso, esencialmente la doble instancia”. Explicó que esto no significa que los aforados hasta ahora no gocen de las mismas garantías procesales a que tiene derecho toda persona.

En el fallo, sin embargo, la Corte es muy clara en advertir que la ley que sea instaurada no beneficiaría a los congresistas que sean procesados por delitos cometidos antes del 29 de mayo de 2008. No tendrá efectos retroactivos, o sea que no cubriría los actuales procesos por parapolítica o por vínculos de congresistas con las Farc. Tampoco aquellos que han sido relacionados, o sean vinculados posteriormente, por el presunto delito de cohecho que se cometió cuando se votó la reelección presidencial en junio de 2004.

La ley que deberá tramitar el Congreso de la República regulará el proceso de tal manera que los magistrados que investigan los delitos cometidos por los congresistas no sean los mismos encargados de juzgarlos. De igual forma se crearía un procedimiento para que los condenados por esta Corte puedan apelar a la decision.

En cuanto a la forma del procedimiento que se regularía, el magistrado Sierra explicó que existen varias vías y que es función del Congreso escoger cuál es la más adecuada. “Alternativas pueden haber muchas, será el Congreso quien determine cuáles son las más lógicas”, dijo.

Es imposible determinar cuánto tiempo demoraría en aprobarse el proyecto de ley, cómo saldría y qué implicaciones políticas tenga. Uno de los temores que surge desde ya es acerca de la posibilidad de que los congresistas terminen aprobando una ley de la cual se puedan beneficiar posteriormente.

En cuanto al tiempo que se demore en aprobarse el proyecto entra en juego el receso legislativo que está por comenzar y el ambiente que se respira por estos días en el Capitolio. Como lo expresa El Espectador en su edición de este viernes “Si la propuesta de la ‘silla vacía’ha generado una verdadera tempestad política y aún no hay un punto final sobre la discusión de los impedimentos para votar esa reforma política, no menos tormentosas serán entonces las polémicas que se suscitarán para definir la suerte de la doble instancia en la Corte”.

Durante la rueda de prensa el magistrado Sierra Porto también expresó la preocupación de la Corte Constitucional por la manera como se están manejando los tramites legislativos en el Congreso y particularmente en las comisiones encargadas de los asuntos internacionales.

Según lo explicó el magistrado no se están haciendo adecuadamente las comunicaciones a los congresistas sobre qué días se van a hacer votaciones y cuál será el tema sobre el cual se va a decidir; responsabilidad que corre por parte de los presidentes y secretarios de las comisiones del Congreso.

Algunos analistas también han interpretado que el sorprendente fallo de la Corte puede tener implicaciones sobre los actuales procesos, en la medida en que abre la puerta para que los abogados de los actuales procesados por parapolítica que resulten condenados argumenten que no tuvieron posibilidad de apelar, y que además los magistrados que los investigaron fueron los mismos que los juzgaron, y por tanto no recibiron las plenas garantías judiciales.