Estatuto antiterrorista fue aprobado por la Cámara de Representantes.

El estatuto antiterrorista permite que las autoridades intercepten todo tipo de comunicaciones, realicen detenciones y registros domiciliarios, sin previa orden judicial, a la vez que otorga facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares. Así mismo obliga a los ciudadanos a registrarse en una lista de vecinos para controlar la movilización, tanto en sus lugares de residencia como en los sitios donde laboran.

Esas medidas han sido duramente criticadas por la Onu y la Defensoría del Pueblo, pues suponen una violación a los derechos humanos de los ciudadanos. No obstante el proyecto de acto legislativo fue aprobado para brindarles esas facultades por tres años a las autoridades, sólo en caso de terrorismo. La votación final fue 94 representantes a favor y 35 en contra.

Los votantes a favor fueron en su mayoría de la bancada uribista, quienes apoyaron la iniciativa con el argumento de que las condiciones que presenta hoy el país requieren una legislación especial y permanente para enfrentar el terrorismo.

La ministra de la Defensa, Marta Lucía Ramírez, defendió la iniciativa al anunciar que las herramientas que en la actualidad ofrece el Estado son insuficientes. Así mismo aseguró que las facultades de policía judicial para las Fuerzas Militares sólo se usarán en zonas de difícil acceso. En el Congreso, uno de los principales defensores fue el representante Armando Benedetti, quien afirmó que el país sí requiere medidas urgentes para frenar el terrorismo.

Por otro lado, la oposición estuvo a cargo del movimiento Polo Democrático, el representante Gustavo Petro manifestó que aunque estas medidas ya se utilizaron antes de la Constitución del 91, "no sirvieron, no se acabó con la guerrilla y por el contrario se violaron los derechos humanos".

El defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, también se opuso al proyecto al señalar que "es una reforma Constitucional que permite al Ejecutivo afectar los derechos humanos de todas las personas, sin autorización judicial. No es necesario, ni conveniente que se violen los tratados internacionales. Apoyamos enfrentar el terrorismo, pero garantizando los derechos de la población", dijo.

El proyecto pasó a estudio de la Comisión Primera del Senado, que lo estudiará en tercer debate dentro de dos semanas.