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| 5/16/2004 12:00:00 AM

Gobierno gastó cerca de 3 billones de pesos en contratos de cooperación internacional

Viernes 21, 8:00 horas. Esta cifra comprendida entre 1998 y el año 2002, abarca cerca de 787 agencias internacionales, según lo denunció el contralor general, Antonio Hernández Gamarra.

Gobierno  gastó cerca de 3  billones de pesos en contratos de cooperación  internacional Gobierno gastó cerca de 3 billones de pesos en contratos de cooperación internacional
Al hacer la denuncia, el funcionario exigió nuevas normas para la revisión de este tipo de gastos, pues se evaden parámetros establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y control fiscal de los recursos, pues los organismos a los cuales se da el dinero gozan de un fuero especial que no exige control estatal.

Según el informe de la Contraloría, los recursos fueron entregados en el periodo en mención, de la siguiente manera: El 23 por ciento, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); el 26 por ciento al Departamento de Defensa de Estados Unidos; el 20 por ciento a la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (CECAB); el 18 por ciento a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); y el 13 por ciento restante a organismos como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Para Hernández Gamarra muchos de los contratos eran innecesarios pues los hubieran podido ejecutar las mismas entidades públicas sin necesidad de generar este tipo de gastos. También aclaró que es urgente comenzar a diferenciar entre convenios de cooperación técnica internacional efectiva y de simple administración de recursos públicos.

El Contralor dio crédito al Gobierno Nacional en la regulación de este tipo de gastos, pero subrayó la importancia de tomar medidas más efectivas y permanentes. Para esto anunció la presentación de un proyecto de ley al Congreso, donde se establece que dichos convenios deben ser objeto de control fiscal, así como los contratos y proyectos administrativos que sean financiados con recursos públicos.

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