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| 3/17/2003 12:00:00 AM

La ONU cuestiona política de seguridad del Gobierno Uribe.

Miércoles 19, 9:00 horas. En un informe acerca de las violaciones a los derechos humanos en Colombia, el Alto Comisionado de la ONU critico algunas de las medidas de la política de seguridad que ha implantado el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. La que peor salió librada fueron las facultades de Policía Judicial que se les dieron la las Fuerzas Militares.

La ONU cuestiona política de seguridad del Gobierno Uribe.
La ONU cuestiona política de seguridad del Gobierno Uribe.
Así mismo, hizo 28 recomendaciones para hacer frente a la degradación del conflicto, especialmente por las últimas acciones protagonizadas por los grupos armados, como la bomba en el Nogal, el secuestro de los norteamericanos, el creciente desplazamiento y la bomba en Neiva, entre otras cosas.

También sugiere mayor presencia de la Procuraduría y la Defensoría en zonas de rehabilitación y un grupo especializado en la Fiscalía que investigue nexos con los grupos paramilitares, pues el informe señala que puede haber una marcada ambigüedad en el compromiso en la lucha contra este grupo.

Michael Frühling, director de la oficina del Alto Comisionado señaló en la presentación del informe, que éste es un aporte para la solución de un conflicto y para crear una agenda de trabajo para que el gobierno actual muestre resultados a corto y largo plazo en la protección de derechos humanos y constitucionales.

Igualmente, rechazó la petición del presidente Uribe Vélez de que la organización lo acompañe en su cuatrenio, porque "el Estado aún no cuenta con una política efectiva y coherente en materia de derechos humanos y DIH".

Para hacer esa aseveración, Früling se basa en el aumento significativo de denuncias de violaciones atribuidas directamente a miembros de la Fuerza Pública, en comparación con el año 2001, y asegura que muchas de estas conductas se realizaron en desarrollo de la política de seguridad del nuevo gobierno.

Por eso también explicó que le preocupa especialmente la adopción y ejecución de la política de seguridad, las medidas de conmoción interior, la actuación de la fuerza pública en las zonas de rehabilitación, la situación de la antigua zona de despeje, el auge de los paramilitares, las falencias de la administración de justicia, las insatisfactorias condiciones de la población carcelaria, el desplazamiento forzado y la victimización de los grupos étnicos, entre otros.

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