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"México ha dado un paso hacia la justicia": Human Rights Watch

Viernes 20, 14:00 horas. La organización internacional destacó el arresto del ex titular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) Miguel Nazar Haro como "un enorme avance para la justicia en México".

15 de febrero de 2004

Nazar Haro está acusado de cometer abusos contra los derechos humanos y tendrá que afrontar cargos por su presunta participación en la desaparición forzada en 1975 de Jesús Piedra Ibarra, presunto miembro de una organización guerrillera de izquierda.

Se trata del primer arresto logrado por el Fiscal Especial que nombró el Presidente de México, Vicente Fox, en noviembre de 2001 para investigar y enjuiciar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante gobiernos anteriores. Un juez federal debe determinar ahora si el caso se irá a juicio.

"Este arresto podría marcar el inicio del fin de tres décadas de impunidad para algunas de las peores violaciones de los derechos humanos en México", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de HRW. "Tras dos años investigando estos crímenes, el Fiscal Especial está un paso más hacia el verdadero enjuiciamiento de uno de ellos".

La detención se produjo el miércoles, tres meses después del fallo histórico emitido por la Suprema Corte de México el pasado mes de noviembre, a través del cual revocó la decisión de un juez federal que rechazó la única solicitud de arresto presentada por el Fiscal Especial, Ignacio Carrillo Prieto. La Corte mostró su desacuerdo unánime al argumento del juez de que el crimen había prescrito y declaró, por el contrario, que el plazo de prescripción del delito de secuestro no se inicia mientras se desconozca el paradero de la víctima.

El fallo de la Suprema Corte abrió la posibilidad de enjuiciar a ex agentes del Estado presuntamente implicados en el secuestro de activistas de izquierda durante los años setenta.

Nazar Haro estaba prófugo de la justicia desde diciembre de 2003, fecha en la que el juez decretó la orden de arresto. Otros dos implicados en el caso, los ex agentes Luis de la Barreda Moreno y Juventino Romero Cisneros, siguen huyendo.

El Gobierno de Fox ha expresado reiteradamente su compromiso de poner fin al clima de impunidad que permitió que gravísimas violaciones de los derechos humanos quedaran sin castigo en México.

En julio anterior, HRW publicó el informe titulado "Justicia en Peligro", en el cual demostró cómo el funcionamiento de la Fiscalía Especial se ha visto seriamente debilitado por la carencia de recursos, el acceso limitado a documentos desclasificados y la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas. Desde la publicación del informe se han resuelto algunas de estas deficiencias.

La organización considera que son necesarias medidas adicionales para respaldar el trabajo de la Fiscalía Especial. En particular, el Gobierno de Fox debería ordenar a las Fuerzas Armadas y a otras instituciones del Estado, que colaboren más activamente con el Fiscal Especial, entregándole información relevante para sus investigaciones. Además, las autoridades deben redoblar sus esfuerzos por detener a los otros sospechosos en este caso.

"Aún queda mucho por hacer para que la iniciativa judicial más importante del Presidente Fox en derechos humanos obtenga resultados significativos", concluyó Vivanco. "La buena noticia es que, finalmente, la Fiscalía Especial está haciendo importantes progresos".