Narcotraficantes poseen el 48 por ciento de las tierras más productivas

La entidad explicó que el total de las tierras a nombre de narcotraficantes o testaferros, conforma el 48 por ciento de las tierras más productivas. Esta cifra equivale a más de cuatro millones de hectáreas fértiles y aptas para la agricultura. Tendrían un valor de 2.400 millones de dólares, unos 6,8 billones de pesos.

Están ubicadas en el Valle, Córdoba, Quindío, Risaralda, Antioquia, Magdalena, Guajira, Tolima y Caldas, departamentos donde se ha concentrado la mayor parte de la actividad 'agrícola' de los traficantes de droga en Colombia.

Ellos habrían comprado tierras en 403 municipios de Colombia durante los últimos 10 años, con el objetivo primordial de lavar los dineros del negocio de tráfico de drogas.

Sin embargo el estudio precisa que los predios rurales en su posesión podrían ser más numerosos, pues el cálculo exacto se dificulta a causa de que los registros oficiales no determinan claramente quiénes son sus propietarios, y porque los narcos utilizan testaferros para no figurar como los dueños legítimos.

"La compra de tierras permitió a los narcos tener un ahorro a largo plazo y proteger su dinero de la devaluación. Adicionalmente, les otorgó cierto liderazgo político en las regiones donde obtuvieron sus predios", precisa el informe.

Esa compra masiva de tierra tuvo serias consecuencias. La reducción de la frontera agrícola, la monopolización de la tierra, su encarecimiento y el desplazamiento forzado, son solo algunas de ellas.

De hecho, la Contraloría determinó que en el Eje Cafetero, Antioquia, Tolima y Valle muchos agricultores fueron forzados a vender sus tierras a los narcotraficantes, quienes recurrieron a la violencia y a la amenaza para lograr sus objetivos.

A pesar de lo deslumbrante de las cifras, la investigación arrojó un resultado aún más escandaloso. Según la entidad, los bienes rurales incautados a los narcotraficantes no han sido administrados eficientemente y no se cuenta con información detallada sobre el estado y utilización de los mismos.

No existen estadísticas completas y consolidadas con respecto a la extensión de los predios incautados y la identificación plena de los propietarios. También falta concretar información acerca de los avalúos comerciales de los terrenos, el estado del litigio y el tribunal o la instancia que lo conoce.

Si el desorden no fuera tal, advierte la Contraloría, Colombia podría darse a una reforma agraria ante la gran cantidad de tierras expropiadas. Sin embargo, aclara, ese sueño está muy lejos de concretarse si se tiene en cuenta que solo se han incautado 2.023 predios rurales (320.653 hectáreas) en todo el territorio nacional.

Hasta el momento, 450 familias campesinas de Cauca, Nariño, Caldas y Caquetá han recibido 5.600 hectáreas, las primeras que hasta ahora han sido expropiadas definitivamente a los narcotraficantes, avaluadas en 56.000 millones de pesos. Otras 314.000 hectáreas están en proceso de extinción de dominio.