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| 7/3/2005 12:00:00 AM

Paisaje, ¿patrimonio de quién?

Jueves 07. "Una grave amenaza en contra del natural disfrute del paisaje cafetero y de otras zonas del país avanza como verdadera plaga", anuncia Hugo Hernán Aparicio, lector de SEMANA.COM.

Paisaje, ¿patrimonio de quién? Paisaje, ¿patrimonio de quién?
La gestión oficial para que el paisaje cafetero colombiano sea declarado patrimonio de la humanidad, promete generar una serie de ventajas para las zonas tradicionales de cultivo, muchas de las cuales desarrollan ya proyectos turísticos exitosos.

Ese empeño, desde luego, suscita entusiasmo y merece todo apoyo. Sin embargo, una grave amenaza en contra del natural disfrute del paisaje cafetero y de otras zonas del país, avanza como verdadera plaga. Se trata de la incontrolada proliferación de cercas vivas en los predios rurales. Ciertamente los setos de arbustos de tupido follaje verde, especialmente la llamada Zwinglia, dan a las propiedades cierta privacidad y defensa contra intrusos o esporádicas ventiscas. Lo indeseable es que se levantan en forma desordenada, sin proporción de altura ni extensión lineal, como abusivas barreras visuales, coartando el derecho elemental que tenemos los ciudadanos de gozar la belleza de nuestra geografía y de la democrática luz solar que, según la revaluada sabiduría popular, "...sale para todos.."

Comprobar lo anterior es sencillo: basta recorrer, con ánimo observador, las vías regionales, las tradicionales rutas hacia las veredas y los municipios. La experiencia es desoladora: largos tramos viales, antes espléndidos miradores del paisaje cafetero, ahora empalizados a derecha e izquierda, convertidos en callejones ciegos que solo inspiran zozobra y tristeza.

El mensaje implícito es perverso: "Yo cuido mi propiedad; lo demás me importa un bledo"; o bien, "en lo mío hago lo que me de la gana". Y se revive así el eterno conflicto de fondo, ético y político, por cuanto el ejercicio desbordado de derechos individuales, produce, como en este caso, un efecto social nocivo. La juridicidad dicta que, en sentido general, el bien común está por encima del individual. Pero en ausencia de normas que hagan efectivo ese principio, aquí está sucediendo lo contrario.

Ninguna dependencia oficial ha promovido el trámite de una regulación que detenga ese desafuero. Si existen normas al respecto, no se hacen cumplir. ¿Por qué no iniciar un proceso de sensibilización que aboque el problema y produzca soluciones? Sería un importante avance para preservar el goce del patrimonio público natural, principal atractivo de extensas zonas del país y parte sustancial de la identidad colectiva de sus comunidades.

EDICIÓN 1888

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