Así lo determina un decreto firmado por el presidente Alvaro Uribe Vélez y todos sus ministro y que fue anunciado el pasado viernes públicamente.
El Gobierno justificó su decisión basándose en las amenazas que aún subsisten contra las instituciones, razón por la cual fue decretado desde el pasado 10 de agosto, tres días después de la posesión del presiente Uribe.
"Subsisten las causas de grave alteración del orden público que atentan contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana", indicó el Ejecutivo.