El vicepresidente habló hayer ante las Naciones Unidas

INTERVENCION DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, DOCTOR GUSTAVO BELL LEMUS

Ginebra, 21 de marzo del 2000







Señor Presidente de la Comisión,
Señora Alta Comisionada para los derechos humanos,
Distinguidos señores delegados,



La historia enseña y la experiencia vital corrobora que la construcción y el desarrollo de las naciones viene a ser la suma de las crisis, los momentos de apogeo y depresión, la incertidumbre en ciertos estadios, el auge celero en otros, las oscilaciones entre la paz y la confrontación. Como toda organización humana, experimentan la exaltación en sus momentos cumbres y las afligen las dolencias generadas por la violencia, restañan las heridas y recobran energía para proseguir la aventura sin igual de la vida. Las naciones no claudican, se reaniman, reconstruyen y, en muchos casos, surgen victoriosas y prósperas aun con sacrificios casi extremos.



Todas las naciones han padecido en alguna edad de su historia convulsiones sociales, guerras intestinas, contiendas externas, amenazas endógenas y exógenas que han puesto en entredicho su propia existencia. La superación de esos episodios críticos y agobiantes las han enaltecido, fortalecido sus vínculos y madurado su conciencia. Las profundas crisis nacionales que han forjado los últimos siglos, alternan y conviven con momentos de esplendor en las artes, las letras, la ciencia y la tecnología.



Las dos grandes conflagraciones mundiales que registró la centuria pasada se vieron superadas por el empeño de los pueblos afectados y la presencia activa de la cooperación internacional. Aún cuando para muchos Estados esos momentos aciagos se hayan superado, ninguno está exento de la amenaza a su estabilidad, a la paz y a su vigencia misma.



Colombia, constituida desde su origen como estado democrático, con una reconocida tradición electoral y unos partidos políticos que se sitúan entre los más antiguos de occidente, se encuentra amenazada desde distintos flancos. No obstante sus riquezas naturales y sus valiosos recursos humanos, desfases sociales y económicos, problemas propios de las sociedades en vías de desarrollo y también factores exógenos, han contribuido a la eclosión de fenómenos como el narcotráfico y la insurgencia que hoy inciden en el complejo escenario



La vocación de universalidad de los derechos humanos es un axioma tan significativo que constituye uno de los signos determinantes del progreso de las civilizaciones. La aspiración a una plena realización de estos derechos es y ha sido uno de los derroteros de nuestra esencia democrática. Causas diversas, no sólo condicionadas por factores económicos, han incidido en la generación de asimetrías y profundas divergencias que han desembocado en un conflicto interno, el cual, a pesar de la decida acción del Estado, expande sus efectos sobre la población civil. La proliferación indiscriminada de atentados perpetrados tanto por la insurgencia como por los grupos de autodefensa, la fragmetación de esos movimientos armados y su manifiesto desprecio por el respeto de las normas básicas del derecho internacional humanitario, han exacerbado el conflicto. La relación de causalidad entre éste y la vulneración reiterada de los derechos fundamentales es una realidad que a nadie le es desconocida.



La vigencia de los derechos humanos en una situación de normalidad es siempre perfectible, si consideramos que en ningún confín del planeta, aún con elevado y sofisticado nivel de desarrollo, es absolutamente invulnerable y plena. Media siempre entre las realidades sociales, políticas, económicas y culturales, y el inquebrantable deber de realización de esos derechos una distancia, leve o mayor según el grado de desarrollo y la situación particular de los distintos Estados. Superar esa brecha presente en todas las naciones es el designio que a todos nos anima.



En la situación de reconocida complejidad que enfrenta Colombia, es claro que las dificultades para asegurar la plena protección de los derechos humanos son substantivamente superiores a las que encaran sociedades no asediadas por un conflicto. Esas circunstancias apremiantes compelen al Estado a conciliar, en ejercicio de la legitima defensa de su nación, las presiones a que lo someten las exigencias de la paz y la seguridad.



Ese reto histórico y la conciencia de lograr la paz para consolidar el sendero del desarrollo individual y colectivo, son los móviles de la decisión que el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana ha asumido al promover una solución negociada del conflicto en el contexto del Plan Colombia. Este programa se ha concebido con sentido integral para procurar aclimatar la paz mediante la recuperación económica, el fortalecimiento del sistema de defensa y seguridad nacional y el sistema judicial, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo social.



El proceso de paz, iniciado a través de la negociación y con miras a concertar un acuerdo con la insurgencia, se apoya en los principios de integridad territorial, democracia y derechos humanos. La diferencia esencial de esta estrategia de paz negociada y los esfuerzos realizados en el pasado estriba en el propósito de trascender un futuro acuerdo de desmovilización y reinserción de los excombatientes en la sociedad. Esta estrategia se funda en la necesidad de realizar reformas políticas, judiciales, sociales y económicas que permitan edificar una paz sustentable.



Desde los contactos iniciales entablados por el actual Gobierno con la insurgencia de las FARC, se observan progresos importantes que permiten avizorarla posibilidad de la solución negociada del conflicto.

Una vez concertada la Agenda común para el cambio, y se dispusieron los mecanismos de participación ciudadana en el proceso, a partir de la creación del Comité Temático Nacional responsable de la organización de las audiencias públicas con la sociedad civil y la recepción de las propuestas formuladas por los ciudadanos. La Mesa de Negociación y Diálogo se ocupa de la agenda acordada con ese movimiento insurgente, que versa sobre tres grandes segmentos temáticos relacionados con la estructura social y económica; los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y las relaciones internacionales; y la democracia y estructura política del Estado. En la presente fase de diálogo la Mesa de Negociación está considerando el primero de los temas enunciados, para lo cual ha invitado a expertos nacionales y extranjeros, realizado seminarios y un reciente periplo por distintos países para cotejar experiencias en la materia.



De igual forma se han reanudado los contactos con el autodenominado ejercito de liberación nacional ELN y se ha avanzado positivamente en la definición de unos acuerdos de base para la negociación.



A la luz de los principios que informan el derecho internacional humanitario y de conformidad con lo previsto en el artículo 3° común de los Convenios de Ginebra, el Gobierno ha instado a los grupos insurgentes a suscribir acuerdos humanitarios con el propósito de sustraer a la población civil de los efectos perversos de la contienda y aclimatar la solución negociada del conflicto.



En estos procesos, la participación de la comunidad internacional se desarrolla, como corresponde, sobre la base de los principios de no intervención en los asuntos internos y de cooperación internacional.



Como resultado de una ingente labor interinstitucional, el Gobierno de Colombia presentó y está aplicando, el documento titulado Política de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos y de aplicación del derecho internacional humanitario, concebido como la carta de navegación que inspira la acción del Estado en esos dos ámbitos.



El norte que define este instrumento propicia la coherencia interna de la gestión gubernamental, necesaria para encauzar la cooperación del Estado y la sociedad, y la concertada con la comunidad internacional. El plan ha permitido ordenar y priorizar los esfuerzos que se vienen adelantando.



A la par con el cometido de protección de los derechos humanos, se fortalece el objetivo de garantía de su ejercicio mediante la labor de prevención de las violaciones de los derechos fundamentales y el cumplimiento cabal de la obligación de sancionar pronta y ejemplarmente a los infractores, asegurando, por su parte, el resarcimiento a las víctimas y los medios para su recuperación y reintegración social, según el caso. Si bien la compleja situación nos insta a adoptar respuestas perentorias e inmediatas, la política nacional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario contiene propósitos perdurables y de largo término. Se sustenta en la necesidad de reconstruir, mancomunadamente con la sociedad civil, una escala de valores propositivos de solidaridad y tolerancia. Por esto, la labor de promoción se sitúa como objetivo primordial con miras a fomentar en los agentes del Estado y en todos los residentes en el territorio nacional, la observancia y la conciencia de la exigibilidad de esos derechos, presupuestos básicos de una cultura de paz consistente y perdurable.



La creciente generalización, fragmentación y degradación del conflicto constituye la mayor fuente de violación de los derechos fundamentales y amenaza permanente para las instituciones democráticas. Las infracciones graves y sistemáticas contra el derecho internacional humanitario en las que incurren deliberadamente y con especial sevicia, implican para el Estado la responsabilidad de conciliar la consecución de la paz y la preservación de la seguridad interna.



El Gobierno, ceñido al estricto acatamiento de la Constitución Nacional que prometió defender y hacer cumplir, y en tanto se alcanza una solución negociada del conflicto armado, continúa enfrentando a la insurgencia en ejercicio de la legitima defensa del estado de derecho. Los resultados de las operaciones desplegadas por las Fuerzas Militares en contra de los movimientos subversivos, en el bienio 1998 y 1999, significaron para éstos una pérdida del 13.5% de sus 20.000 efectivos.



Las fuerzas insurgentes han incrementado su accionar contra la población civil utilizando armas de efecto indiscriminado, como cilindros de gas con explosivos, atacando concentraciones urbanas y reclutando menores de edad. El secuestro se ha erigido para esas fuerzas en práctica de talante casi industrial con el inicuo propósito de nutrir sus arcas y recabar mayor armamento. De los secuestros extorsivos y otros delitos atentatorios contra la libertad personal cometidos, hasta hace unos años, de forma esporádica y con carácter efectista por parte de la insurgencia, se ha hecho tránsito a una práctica sistemática y endémica que busca, además de la expoliación económica, la intimidación generalizada.



El Gobierno Nacional ha abocado el tratamiento integral de ese fenómeno delictivo, a través de la Estrategia Nacional para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana y confiado al Ministerio de Justicia y del Derecho, la coordinación del Programa para la Defensa de la Libertad Personal.



La acción en contra de los grupos de autodefensa, mal denominados paramilitares, está inscrita como política de Estado y gravita en torno a dos ejes complementarios: uno para combatir de forma directa y efectiva sus acciones, y otro, de carácter disuasivo orientado al desmantelamiento de los factores presentes en la etiología y desarrollo de tales grupos que surgieron, contra la voluntad del Estado, como instrumentos de respuesta al accionar de la insurgencia. Para el efecto, se ha creado un Centro de Coordinación que articula la gestión de inteligencia de los altos organismos judiciales y de investigación, con miras a identificar la ubicación de los grupos de autodefensa y coadyuvar en los respectivos operativos.



Las operaciones de la Fuerza Pública contra las autodefensas, entre bajas y capturas en los años 1998 y 1999, significaron para las autodefensas la pérdida del 11.5% de sus 4.800 miembros.



Estos esfuerzos institucionales, susceptibles de un fortalecimiento progresivo y los resultados judiciales que se registran, hacen evidente la voluntad del Estado colombiano de perseguir y sancionar a los grupos de autodefensa y desvirtúan todo vínculo oficial con la fuerza pública.



Se destaca el establecimiento de un procedimiento análogo al que opera en la Policía Nacional, en virtud del cual el Presidente de la República, en ejercicio de su potestad constitucional, desvinculará del servicio activo, mediante decisión discrecional, a integrantes de las Fuerzas Militares, en razón de su ineficiente o insatisfactorio desempeño en la lucha contra los grupos armados al margen de la Ley. De igual forma, se consagra como criterio fundamental para el ascenso de los miembros de la fuerza pública, la observancia de los derechos humanos y la eficaz actuación contra los grupos armados.



En aras de afianzar el compromiso de los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, con la causa de los derechos humanos, diversas entidades del Estado diseñaron el Nuevo Modelo Pedagógico para la Fuerza Pública. Este programa busca articular los derechos humanos en el proceso formativo del uniformado. En una perspectiva amplia, el propósito es iniciar desde ya el proceso de construcción de la fuerza pública postconflicto, apuntalado en la cultura de los derechos humanos.



La aplicación de estos procesos pedagógicos en derechos humanos y derecho internacional humanitario ha generado resultados ponderables que se traducen en una drástica reducción de las denuncias de violaciones de esos derechos atribuibles a los miembros de la fuerza pública, evolución públicamente reconocida por organismos nacionales e internacionales.



En el marco de la política nacional que expongo, el Gobierno ha desplegado sus mejores esfuerzos para asegurar la integridad de los defensores de derechos humanos y de los dirigentes sindicales. En el contexto del Programa de Protección de Testigos y Personas Amenazadas, el Ministerio del Interior, en coordinación con otras entidades, está desarrollando un proceso de inversión destinado a la protección de las sedes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y organizaciones sindicales, y a la protección individual de los defensores de esos derechos, que se extenderá a los periodistas. En total se han asignado recursos para este programa equivalentes US $ 4’000.000.



El Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES expidió el Plan de Acción para la Prevención y Atención del desplazamiento Forzado. La coordinación a nivel nacional de la ejecución del Plan se encuentra a cargo de la Red de Solidaridad Social. De otro lado, entre esta entidad y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se conformó una Unidad Técnica Conjunta, como instancia técnica calificada en el diseño y puesta en marcha de los esquemas de operación requeridos. El monto total de las acciones adelantadas por el programa de atención a la población desplazada de la Red de Solidaridad Social asciende a una cifra cercana a los US $ 6’500.000 millones de pesos, al 31 de enero del 2000.



Para contrarrestar la impunidad en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, se creó el Comité especial de impulso a las investigaciones de violación de derechos humanos, integrado por la Vicepresidencia de la República quien lo preside, el Ministro del Interior, el Fiscal General de la Nación y el Procurador General. La Procuraduría delegada para los derechos humanos da cuenta de un escaso número de denuncias contra las fuerzas Militares por violación de estos derechos, que evidencia una notavle reducción cercana al 98%, cifra en la que han incidido los procesos pedagógicos emprendidos



Otra de las áreas centrales de la política nacional en materia de derechos humanos, es el fomento de la agenda legislativa. Como una de las áreas que reclamaban una pronta y decidida reforma en el ámbito de la administración de justicia en Colombia, era la jurisdicción penal militar, el Congreso de la República aprobó el pasado 17 de junio, con base en el proyecto presentado por el Gobierno Nacional, la Ley que contiene el nuevo Código Penal Militar. El propósito que inspira esa norma es establecer una jurisdicción penal militar en plena armonía con la Constitución política de 1991 y plasmar por vía legislativa los diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la materia que se han aplicado desde la fecha de las respectivas providencias.



El proyecto de ley que tipifica los delitos de genocidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y modifica el tipo penal de la tortura fue aprobado por el Congreso. En el trámite, el legislador en su autonomía, más allá de la descripción de las normas internacionales, introdujo en el tipo penal del genocidio el elemento "grupos políticos". Con el objeto de mejorar la redacción de este punto y por considerar que puede introducir equívocos dada la situación de conflicto armado interno que vive Colombia, el proyecto fue objetado, por estrictas consideraciones jurídicas, sustentadas además en la normativa internacional, y reintegrado a las plenarias de las Cámaras para su estudio.

El Gobierno ha adelantado todas las gestiones necesarias para que Congreso le otorgue tratamiento prioritario con el propósito de ser aprobado en el más breve plazo.



Una iniciativa legislativa para introducir un nuevo régimen penal fue presentada al Congreso por el Fiscal General de la Nación. El proyecto de Código Penal finalizó su trámite legislativo en el mes de diciembre de 1999. Un aspecto novedoso y central de tal iniciativa lo constituye la intención de incluir en el régimen penal colombiano una serie de conductas violatorias de derecho internacional humanitario. En lo que hace a la protección de los derechos de los niños, la ley 548 de 1999 consagró la prohibición de alistar en las filas de las Fuerzas Armadas a menores de 18 años. Igualmente se ha tipificado y penalizado el reclutamiento de niños por parte de los grupos armados no estatales. Mi gobierno saluda con especial beneplácito la aprobación del texto del Protocolo facultativo a esa misma convención sobre la venta de niños, la pornografía y la prostitución infantil.



En el momento actual, La Vicepresidencia de la República en coordinación con las distintas instancias del Estado, se ocupa, de la elaboración de un Plan nacional de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario, como dispositivo de concertación descentralizada, autogestionaria y participativa para articular la política expuesta. En esa misma senda estamos empeñados en decantar el proyecto pedagógico y la estrategia de comunicación y difusión.



En el contexto de su política exterior, Colombia suscribió, en diciembre de 1999, el Estatuto de la Corte Penal Internacional e inmediatamente el Gobierno constituyó un grupo de expertos con el propósito de evaluar las implicaciones de orden constitucional y legal que comportaría la ratificación del Estatuto. En el mes de enero del año en curso, el Ejecutivo sancionó la Ley aprobatoria de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción. Una vez concluida favorablemente la revisión oficiosa de la Corte Constitucional, el Gobierno procederá al depósito del instrumento de ratificación. En su oportunidad, se produjo el canje de notas mediante el cual se prorroga el Acuerdo que estableció en Colombia una Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos.



Esta sinopsis del acervo de acciones y tareas ejecutas a partir de la fecha de promulgación de la Política nacional en los ámbitos de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, permiten apreciar la hondura y voluntad aplicadas en el desarrollo y cumplimiento de los lineamientos formulados por el Gobierno de Colombia.



La sujeción a la democracia, la preservación del estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y de los principios del derecho internacional y el cumplimiento de los compromisos contraidos, son para Colombia esenciales. Estimamos fundamental promover el diálogo y la cooperación internacional y abogamos por la más amplia realización del derecho al desarrollo, designio común de la humanidad.



La nuestra es hoy una democracia amenazada pero libramos una batalla sin descanso para defenderla y , en ese empeño, no desistiremos por que nos asiste la convicción que las puertas del destino se abren sólo a quien con decisión asume el desafío de la historia.



Gracias Señor Presidente,