Acusan a nuevo magistrado del CSJ de estar inhabilitado

El nuevo magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros Polanco, tendría varias inhabilidades para ejercer su cargo, según una denuncia hecha por su ex esposa ante la Procuraduría General de la Nación.

Liliana Torres González no pudo evitar que el funcionario se posesionara el pasado viernes, a pesar de que el mismo día que el Congreso lo eligió para el cargo, le escribió al Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, sobre las inhabilidades que tendría Claros Polanco para asumir su nuevo rol público.

“Me sorprende que una persona que ha sido cuestionada en su moral y ética en sus actos públicos como privados se le designe para ocupar la magistratura del Consejo Superior de la Judicatura”, le escribió la ex esposa del nuevo magistrado en una carta de seis páginas, fechada el 3 de septiembre de 2008. Y a continuación relata los episodios por los que, según dice ella, la ley imposibilitaría que Claros Polanco ejerciera su función.
 
En primer lugar, Torres González menciona las investigaciones disciplinarias que se adelantaron en contra del nuevo magistrado cuando éste fue gerente del Seguro Social de Bogotá. Claros fue suspendido 30 días de la gerencia del Instituto de Seguros Sociales, porque según una investigación modificó los valores de un contrato para favorecer a una empresa privada, según reveló esta semana Daniel Coronell en su columna en esta revista.
 
Semana.com intentó conocer la reacción del señor Claros pero no pudo contactarlo antes del cierre de esta edición.

Torres adjuntó a la carta los diferentes fallos y comunicados de los juzgados Tercero y Dieciocho de familia además de las demandas interpuestas en estos tribunales. En ellos demuestra incumplimientos con la cuota alimentaria de sus hijos y denuncia fraudes en la transferencia de sus propiedades de la empresa Autotaxi Colombia (de la que era socio mayoritario, según su ex mujer) a otras personas durante la separación de bienes en el proceso del divorcio.

Torres relata que a inicios de 2006 la conducta “agresiva, violenta e irresponsable en el entorno familiar” de su entonces esposo y representante a la Cámara, la llevó a instaurar una demanda de divorcio, no sin antes intentar la reconciliación a través de una comisaría de familia.

“El problema con ella es de tipo económico (...) Ella salió del apartamento y es cierto que mi reacción de impotencia frente a lo que ella me dijo fue destrozar las sillas del comedor, pero en ningún momento y bajo ninguna circunstancia le he agredido físicamente”, dijo entonces Claros ante al Comisaría 1ª de familia el 30 marzo de 2006.

Al tiempo, se inició un proceso judicial para que Claros Polanco respondiera por la alimentación y por parte de las cuotas del colegio de sus hijos, pero hasta la fecha, es decir, casi dos años después, él no ha cancelado un peso, según su ex esposa. Su incumplimiento provocó el embargo de sus bienes y la prohibición de salir del país.

En la misma carta al Procurador Maya Villazón, Torres González denuncia que Claros utilizó artimañas y recurrió al fraude para evitar que a la hora de la separación, los bienes conseguidos durante el matrimonio fueran repartidos entre ella y sus hijos. Según la ex esposa, el actual magistrado compró bienes a nombre de otra persona, nunca asistió a la cita en que se liquidaría la sociedad conyugal, y así “él se ufana de estar por encima del compromiso en el acta de conciliación y de las órdenes de los Jueces”. 

Los antecedentes no esclarecidos de Claros ponen un manto de duda sobre la autoridad que tendrá para ser juez de jueces, pues su trabajo en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura consiste en vigilar y sancionar a otros funcionarios de la rama.

Claros tiene especializaciones en Derecho Público, Gerencia de Servicios de Salud y Derecho Ambiental, así como un Master Executive en Gestión del Marketing, según consta en la hoja de vida registrada en la Presidencia de la República.