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| 5/7/2007 12:00:00 AM

Afirma el general Padilla: “El Ejército seguía a personal de la Fuerza Pública que participaba en reuniones políticas de los círculos bolivarianos”

El comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, aseguró que los dos oficiales de inteligencia sorprendidos cuando merodeaban la casa de Gustavo Petro buscaban a miembros de la Fuerza Pública de Colombia que se reunían con adeptos a Hugo Chávez. ¿Quiénes son los militares colombianos que participan en esos encuentros?

Afirma el general Padilla: “El Ejército seguía a personal de la Fuerza Pública que participaba en reuniones políticas de los círculos bolivarianos” El senador Gustavo Petro frente a su oficina, en el Congreso de la República, el día que hubo una insólita inspección judicial. FOTO: DANIEL REINA / SEMANA
Un inesperado giro dio en las últimas horas el caso de los dos oficiales del Ejército sorprendidos por la escolta del senador Gustavo Petro cuando merodeaban su residencia. Según el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, “el Ejército seguía a personal de la Fuerza Pública que participaba en reuniones políticas de los círculos bolivarianos”.

La afirmación del general Padilla seguramente provocará unas reacciones de consecuencias monumentales. Esto porque los llamados círculos bolivarianos son unas de las estructuras más poderosas de la revolución que impulsa Hugo Chávez en Venezuela.

En otras palabras, el general Padilla está diciendo que hay militares activos de Colombia que mantienen reuniones con personas pertenecientes a una de las organizaciones de la entraña pura del chavismo, que hoy jalona en Venezuela una revolución de corte socialista. Los círculos bolivarianos forman el núcleo del proyecto chavista y su funcionamiento se da tanto de manera legal como ilegal.

La afirmación del general Padilla fue hecha en las escalinatas de la Casa de Nariño tras sostener una reunión con el presidente Álvaro Uribe en donde le informó de lo ocurrido. Luego fue corroborada en la noche de este martes en diálogo con Semana.com y ratificada hoy en las cadenas radiales.

El alto oficial dijo que los dos oficiales de inteligencia buscaban establecer sí hay miembros de las Fuerzas Militares vinculados con una mujer llamada ‘Andrea’ de la que no dio más datos. Para inteligencia militar, ‘Andrea’ podría sostener la reunión con el personal de la Fuerza Pública colombiana –a quienes tampoco se identificó ni de los cuales tampoco se suministró sus rangos- en la zona en donde coincidencialmente vive el congresista.

Luego fue ratificada por el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi. Sin embargo, ni el alto oficial ni el ministro entraron en detalles sobre cuáles son los militares colombianos que mantienen esos encuentros, tampoco se explicó de qué rango, ni a qué unidad están adscritos.

Esta mañana en diálogo con La W, el general Padilla se reservó los nombres pero informó que en caso de comprobarse su participación en estos encuentros serían “expulsados” de las filas. Cuando se le preguntó sí ellos habían incurrido en un delito de traición a la patria respondió que lo importante es que el país debe saber que ellos no pueden “participar en política”.

Sobre por qué se realizó la operación en Cajicá –donde vive la ex esposa del senador Gustavo Petro- dijo que fue un “acto de torpeza” de la inteligencia militar. “Fue un error infantil”, aseguró. Informó, además, que en estos momentos no hay ningún elemento que vincule al senador Petro ni a su familia con actividades ilegales. El general Padilla dijo que el congresista  “es una persona honorable”.

Las declaraciones del general Padilla son un elemento más en la cadena de reacciones tras conocerse de la presencia de miembros de inteligencia militar –sin uniforme pero armados- en casa del hoy congresista más crítico de la administración Uribe.

Precisamente, el parlamentario reveló en el Senado de la existencia de un plan en que hay diez sicarios con alta tecnología y que vienen tras él para asesinarlo. Petro dijo que la información fue suministrada por el director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Andrés Peñate.

Entre tanto, el ministro del Interior, Carlos Holguín, informó que el esquema de seguridad del congresista es el más grande de las personas cuyas vidas corren riesgos.

Para este miércoles estaba prevista una reunión entre el comandante del Ejército, general Mario Montoya, y Petro en la que el oficial le iba a aclarar el hecho pero a última hora se canceló. En el ministerio de Defensa no dieron una explicación oficial de por qué se tomó esta decisión ni en qué momento se hará.

Recuento de lo ocurrido

Sospechosas. No hay otra forma de calificar las actuaciones de algunas instituciones oficiales hacia el senador del Polo Democrático, Gustavo Petro.

En menos de seis meses, el senador ha sido víctima de intimidaciones, no sólo por parte de grupos desconocidos, sino por las mismas fuerzas del Estado.

El último eslabón de esa cadena ocurrió el pasado viernes 4 de mayo, cuando su grupo de escoltas del DAS y la Policía detuvo a dos hombres. Los sospechosos rondaban en extraña actitud la casa de Petro en el municipio de Cajicá, en Cundinamarca, donde vive con su familia.

Cuando los custodios del senador se les acercaron, los extraños se presentaron como agentes del DAS, pero aquella versión fue rechazada por el propio director de la institución, Andrés Peñate.

Este lunes, el Ejército reconoció que esas dos personas eran soldados que “realizaban actividades de verificación dentro de un proceso interno que adelanta el Comando del Ejército Nacional”, según consta en un comunicado de prensa.

El hecho aislado podría tomarse como una simple tarea militar. Pero la coyuntura muestra más matices. El primero tiene que ver con serias sospechas de que haya operaciones de inteligencia vigilando a los opositores del gobierno de Álvaro Uribe.

Este temor surgió después de que el propio Presidente señalara que “tengo pruebas, que no las voy a revelar, son de inteligencia militar y policiva, de algunas de las personas que han ido a Estados Unidos, que dicen: ya nos tiramos en el Tratado de Libre Comercio, acusando a este tal por cual de Uribe”.

Después de esta confesión, los opositores del gobierno entendieron que sus actos estaban bajo la mira de las autoridades. Respecto a eso, Gustavo Petro no ha sido la excepción, puesto que es uno de los políticos que más ha cuestionado a Uribe.

Los hechos coinciden con aquel temor. Apenas cuatro días después de la declaración del Presidente, la Policía llegó sin avisar a la oficina del senador para hacer una inspección judicial. Supuestamente, los uniformados buscaban archivos que poseía Petro sobre un debate que hizo en 2003 relacionado con actos de corrupción por parte de miembros de la Fuerza Pública. Las pesquisas se hicieron por petición de una fiscal.

De inmediato, Petro reaccionó. “Si esa fiscal quería obtener los documentos, por qué no me los pidió a mí directamente. Esta situación no me gusta”.

La extraña aparición de los policías coincidió con el día y la hora en que el parlamentario haría una reunión con su escolta personal para aclarar detalles sobre su seguridad.

Pero esa no fue la única vez que Petro denunció acciones en su contra. Desde principio de año ha afirmado que su familia está recibiendo amenazas. Las intimidaciones se dieron tras el anuncio de un debate que revelaría el comportamiento de los paramilitares en Antioquia entre 1995 y 1997, cuando Álvaro Uribe era gobernador de ese departamento.

Pese a todo, el debate se hizo el martes 17 de abril. Más tarde, se presentaron los hechos en la oficina y, el más reciente, frente a la casa de Petro.

Para cada una de las situaciones, han surgido excusas. En el caso de la inspección en la oficina del Senador, el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, dijo que se trataba de “un acto insólito y de originalidad de una fiscal”. A renglón seguido, explicó que ella ordenó el ingreso a la oficina “sin comunicarle a su coordinador”.

El episodio terminó cuando el funcionario señaló que le llamaría la atención a la fiscal que ordenó la curiosa inspección, pero que no la sacaría del cargo.

Cuando el senador denunció las amenazas contra su familia, le suministraron una escolta y un abrigo antibalas. Pero han sido insuficientes para blindarlo de nuevas intimidaciones que no generan más que sospechas respecto a las actuaciones de algunos organismos del Estado.





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