Al gobierno no le gusta la ley de Cristo

Un histórico proyecto de Ley se abre paso en el Congreso, en aras de proteger, asistir y reparar a las víctimas del conflicto colombiano. Lleva por nombre, Ley 157 de 2007, y fue radicado por el senador liberal Juan Fernando Cristo. Sin embargo, el proyecto corre el riesgo de no ser aprobado porque al gobierno no le gusta la propuesta tal como está, pese a que todos los partidos, organizaciones sociales, representantes de las víctimas y hasta el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ven con buenos ojos la propuesta.

“Es la primera vez que en Colombia se discute el problema de las víctimas de la guerra. Es la primera vez que legislamos para las víctimas y no para los victimarios. El objetivo es poder garantizar la reparación integral y el reconocimiento de más de 3 millones de compatriotas, a quienes la guerrilla, el Ejército y los paramilitares les han vulnerado sus derechos”, dijo Cristo a Semana.com.

El Ministro del Interior, Carlos Holguín, expresó su desacuerdo con la propuesta. “El gobierno no apoya la propuesta tal y como está, porque así es un barril sin fondo. Hay que hacerle algunos ajustes”, dijo este lunes. Por esa razón el proyecto corre el riesgo de que con su presión sobre la bancada de la coalición del gobierno sea hundido en el debate de la plenaria del senado.

¿Cuáles son los avances del proyecto?

Otro de los avances importantes de la iniciativa es el reconocimiento de las víctimas de violación a sus derechos por parte de agentes del Estado. El proyecto de ley considera víctimas no solo a quienes han sufrido los vejámenes de los grupos armados ilegales, sino también de miembros de la fuerza pública.

Hasta ahora, el gobierno ha mostrado resistencia a incluir este concepto en las políticas a favor de las víctimas. Para la muestra:el decreto 1290 expedido el pasado 22 de abril para la reparación de este sector de la población por la vía administrativa, excluyó la categoría. La razón: aceptar que dentro del universo de víctimas existen las de agentes del Estado, es aceptar que algunos miembros de la Policía y del Ejército han vulnerado derechos de la población civil.

Para Iván Cepeda, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), “sería histórico que fuera aprobado un proyecto de Ley que menciona las víctimas de agentes estatales”. Cepeda dijo que en Colombia podrían ser más de 70 mil las víctimas de paramilitares que actuaron en connivencia con miembros del Ejército y la Policía. “Sin la inclusión de este punto y de la devolución de las tierras a quienes fueron despojados de ellas, el proyecto quedaría siendo una disposición formal sin ningún fondo”, agregó.
 

Este martes el Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur), reportó en un informe en la ciudad de Londres que Colombia es el país con el mayor número de desplazados en el mundo, con 3 millones de personas. La cifra tomada de la Corte Constitucional,  ubica al país por encima de Irak y el Congo. En el transcurso de los últimos 3 años se han registrado en la Fiscalía 120 mil personas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que esperan lo que el Estado les prometió: acceder a la verdad, dónde están sus seres queridos, por qué fueron asesinados, en qué circunstancias, etc.; justicia y reparación integral.

El proyecto incluye una diferenciación de lo que es la reparación a las víctimas, la ayuda humanitaria y la asistencia en general. La reparación no solo está enfocada en la devolución de los recursos a las víctimas, y la indemnización por la privación de ellos, sino que incluye el reconocimiento simbólico y colectivo de su condición. Por esta razón, el proyecto crea el día de solidaridad con las víctimas, el Museo de la Memoria, entre otras figuras.

“Esta es una parte sustancial para la reparación moral a las víctimas, para poder hablar de reparación integral y garantizar la no repetición de los hechos”, dijo Cristo.

La ayuda humanitaria la componen los auxilios básicos necesarios en materia de alimentación, aseo personal, atención médica y psicológica, y alojamiento entre otros. Y la asistencia son los programas de acompañamiento a las víctimas, mientras logran el restablecimiento de sus derechos y la incorporación a las nuevas condiciones de vida.

Por estas características del proyecto, Catalina Díaz, coordinadora del Área de Reparaciones del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), ve la propuesta como un paso hacia adelante en la restitución de las víctimas. Díaz subrayó que esta propuesta va más lejos de la simple solidaridad del Estado ya que reconoce su responsabilidad. “Hasta el momento, las políticas del Estado a favor de las víctimas eran un apoyo solidario con gente que sufre. Pero para que la distribución de justicia hacia una transición sea verdaderamente una reparación integral, tiene que existir la aceptación de responsabilidad del Estado. No de sus agentes, de manera individual y penal, sino por no haber garantizado el bienestar y los derechos fundamentales”, explicó Díaz.

El proyecto adiciona un Fondo para la Reparación. Buena parte de los recursos obtenidos de las extinciones de bienes incautados a narcotraficantes y a los grupos armados, sea para la reparación de las víctimas. También propone la creación de una figura que encabece la responsabilidad del estado con las víctimas: el Alto Comisionado para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Colombiano, pues hasta ahora los victimarios cuentan con dos representaciones (el Alto Comisionado para la Paz y el Alto Comisionado para la Reintegración) pero quienes sufren las consecuencias de la guerra de manera directa, ninguna.

“Dicho proyecto es una necesidad urgente, no sólo de las víctimas y sus familiares, sino del país en general, y un reclamo de la comunidad internacional que ha venido apoyando los esfuerzos del Estado colombiano por avanzar en procesos que nos ayuden a allanar el camino a la paz con justicia social”, dijo el Procurador Edgardo Maya, quien en una carta enviada a la Presidenta del Congreso este lunes, pidió que se aprobara el proyecto.