Alerta en el Cesar por estrategia electoral de congresistas presos

El ya candente ambiente electoral del Cesar se puso aún más ardiente, y no propiamente por las correrías de los candidatos en los municipios de la región. Esta vez la razón del alboroto estuvo a más de 600 kilómetros al sur del departamento, en la Penitenciaría de la Picota, la prisión bogotana en la que permanecen los congresistas presos por nexos con los paramilitares.

Desde ese lugar fue que el senador Álvaro Araujo, de Alas Equipo Colombia, concedió una entrevista a Radio Guatapurí, la emisora de propiedad de su familia y dueña de la mayoría de la sintonía en el departamento en donde éste tiene su fortín político.

Durante el extenso diálogo, Araújo mencionó en varias oportunidades que decidió hablar a través de ese medio de comunicación porque la prensa capitalina estaba ensañada contra él y porque confiaba más en la independencia de la emisora local. Lo que jamás mencionó fue que estaba hablando a través de un medio del cual es propietario.

El punto central de al entrevista fue la situación política del Cesar. Araújo volvió con la versión según la cual el escándalo por la parapolítica es un montaje orquestado desde el interior del país contra la región caribeña. Como en ocasiones anteriores, el senador intentó hacer ver como pugna regional el descubrimiento de la extensión de los tentáculos de las autodefensas a la política.

Pero lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue el apoyo anunciado a Arturo Calderón, candidato a la gobernación del Cesar. Calderón fue inicialmente avalado por el partido político de Araújo, pero ante la crisis política desatada por las órdenes de captura contra varios congresistas del Cesar, Alas cambió su estrategia y el candidato terminó inscribiéndose por firmas.

Según Araújo, esa decisión es inteligente, pero riesgosa y por ello lo invitó “a que no se exponga a que en el camino le hagan una ‘emboscada’, porque es que unas firmas son una expresión popular, pero unas firmas también lo dejan desprotegido de la presencia institucional de un partido que levanta una bandera orgullosa de un país de regiones, de un país federal”.

El congresista continuó diciendo que “estamos en la mira de un sistema perverso que rige a Colombia desde hace más de 130 años. Nosotros los costeños estamos siendo perseguidos políticamente. El gran huracán de la prensa nacional que ha querido llamar un impacto mediático muy fuerte como la “parapolítica” no es sino una acción política contra el caribe colombiano”.

Sus declaraciones fueron reproducidas por la prensa local y no tardaron en generar revuelo entre los candidatos. Mientras el propio Calderón dijo que él no es el ungido de Alas, ni de los clanes Araújo o Molina, algunos de sus rivales, como el conservador Jaime Murgas, denunciaron falta de garantías para la contienda.

Calderón fue durante tres años secretario de Salud del gobernador Hernando Molina (primo del senador Araújo y también accionista de Radio Guatapurí), quien fue separado del cargo desde mayo último por su vinculación al proceso por la ‘parapolítica’. El ex gobernador Molina, a quien Calderón aspira ahora a suceder, está acusado de concierto para delinquir en asocio con grupos paramilitares y se encuentra, al igual que Araújo, en la cárcel de La Picota. Además, es hijastro del Procurador General, Edgardo Maya Villazón.

Interrogado sobre el particular, Calderón dijo a la prensa local que “me inscribí en una Consulta de Alas, pero ella fue desmontada. Entonces decidí recolectar firmas para inscribirme con el apoyo del pueblo”. Pese a que el candidato quiere darle un tinte de independencia a su aspiración gracias a las 95 mil firmas recaudadas, los políticos del Cesar no tienen dudas de que es el heredero de los Araújo y los Molina, que visitó al congresista preso en su sitio de reclusión y sostienen que con la oficialización del apoyo del senador Araújo lo que viene será muy complicado para la campaña electoral

Según Murgas, las palabras de Araújo son una amenaza a la democracia y un anuncio de que el poder de esa familia sigue siendo muy grande, que se la jugarán a fondo por su candidato y que para ayudarse en ese sentido utilizarán “la burocracia oficial”.

Como Murgas, muchos políticos de la zona creen que la teoría del complot bogotano contra la Costa se cae de su peso y que de lo que se trata es de una oportunidad histórica que tiene la región para renovar a una clase dirigente que intenta perpetuarse en el poder después de haber incurrido en prácticas clientelistas y relaciones con personas al margen de la ley.

Además de Calderón y Murgas, aspiran a la gobernación Cristian Moreno (Opción Centro -Partido Verde), Guillermo Castro Daza (Partido de la U), Jesús Namén Rapalino (liberal) y Henry Chacón (conservador independiente).

Para la alcaldía de Valledupar se inscribieron Rubén Carvajal Riveira (candidato de los Araújo y los Molina), Rubén Darío Carrillo (Partido Conservador), Gonzalo Gómez Soto (avalado por firmas), Orlando Velásquez García (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia), Fredys Socarrás (candidato oficial de Alas) y el liberal Luis Fabián Fernández, entre otros.

Mientras los políticos de la zona toman partido a favor o en contra de Calderón, el gobierno nacional no ocultó su molestia por la intención de Araújo de influir desde la cárcel en la política electoral del Cesar. Incluso el ministro del Interior, Carlos Holguín, anunció que buscará la manera de reglamentar el tema de las entrevistas de los dirigentes políticos presos.

La propuesta del gobierno tampoco es tan sencilla de poner en práctica. En primer lugar, los medios de comunicación tienen todo el derecho a solicitar entrevistas con personas presas y a difundirlas. De no tratar con cuidado el tema, el Ejecutivo podría incurrir en una violación a la libertad de expresión.

De otro lado, el que un medio deje de informar sobre las artimañas de los políticos para interferir en las elecciones no quiere decir que estos dejen de practicarlas. De hecho, la revista SEMANA había informado desde el 26 de mayo sobre la existencia del denominado “pacto de La Picota”, mediante el cual los políticos presos ungían candidatos desde la prisión y daban instrucciones sobre la forma como se debía desarrollar el debate electoral de octubre. (Ver artículo relacionado “Política y acordeón”).

Más que de un impedimento legal, de lo que se trata es de establecer verdaderas garantías electorales para todos. Así no haya impedimento jurídico para que los políticos declaren su apoyo desde la cárcel a uno u otro candidato, no parece oportuno ni presentable que intenten imponer desde una celda a los futuros jefes políticos de las regiones en las que tienen su fortín político. Menos presentable aún es que los candidatos vayan a la cárcel a pedir la bendición para sus aspiraciones.

Pero al margen de lo que haga o no el gobierno para garantizar imparcialidad, los que de verdad saben quién es quién en cada región y tiene la opción de premiar o castigar a los candidatos son los mismos electores. La palabra la tiene ahora el Cesar.