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| 7/10/2005 12:00:00 AM

Alerta en Santander

Varias amenazas de muerte que han circulado los últimos días en Bucaramanga tienen en zozobra a sus habitantes.

"O dejan de trabajar o los matamos". Así de contundente es el mensaje que han recibido en las últimas semanas varios activistas de los derechos humanos, sindicalistas, líderes populares y estudiantes de Santander. La más reciente amenaza fue dejada por debajo de la puerta en la Central Única de Trabajadores (CUT), en Bucaramanga. En ella figuraba una lista con los nombres de 13 personas, acompañada con un acta de defunción de uno de ellos. La Policía y la Fiscalía están tratando de establecer la autenticidad de este comunicado que firma el Bloque Central Bolívar de las AUC, actualmente en negociaciones con el gobierno para su desmovilización.

De la lista de amenazados siete son sindicalistas de la CUT, dos pertenecen a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, dos más son líderes de desplazados, uno al nororiente de Bucaramanga y el otro en Floridablanca, otra persona es líder popular del municipio de Piedecuesta y el último es estudiante de derecho de la Universidad Industrial de Santander (UIS).

De ellos, cuatro ya están protegidos por una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Carolina Rubio, una de las amenazadas dice que "pedimos garantías del Estado para realizar nuestro trabajo con seguridad".

El caso del estudiante Gabriel González prendió las alarmas en la UIS. Han circulado rumores de que miembros de las AUC estarían infiltrados en el claustro haciéndose pasar por estudiantes. Esta lista de amenazas se une a la explosión hace menos de un mes de una 'papa bomba', en la que resultó herido un profesor de la facultad de química y a la llamada que recibió un estudiante de ingeniería y miembro de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios por parte de supuestos paramilitares. Esto ha enrarecido el ambiente en el interior de la comunidad universitaria.

El vocero de la universidad y vicerrector administrativo de la UIS, Jaime Alberto Camacho, dijo a SEMANA que sólo tiene conocimiento de lo que le sucedió al profesor y que le "preocupa que se utilicen estas formas de expresión donde debería haber diálogo y argumentación".

El representante de los estudiantes ante el consejo directivo de la UIS, Salvador Rincón, dice que no entiende cómo el tema no ha sido llevado a discusión en Santa Fe Ralito, lo que interpreta como falta de respaldo a la universidad pública.
Al listado de la CUT y a los hechos de la UIS se suman llamadas amenazantes de personas que se identifican como paramilitares, recibidas en las oficinas de cinco miembros de sindicatos de la salud, como la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (Anthoc) y el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (Sintraiss), que han participado en manifestaciones en defensa de la salud.
La Fiscalía regional anunció que inició una investigación preliminar y envió una solicitud al Ministerio del Interior para que proporcione las medidas de seguridad necesarias a los amenazados, partiendo de un estudio de seguridad y acompañamiento cuando requieran desplazarse fuera de la ciudad.

Ni los amenazados ni las autoridades tienen claridad del por qué de esta ola de amenazas. Los afectados aseguran que continuarán con su labor de denuncia y movilización, y que de confirmarse la autoría por parte del Bloque Central Bolívar de estas presiones, sería un mal precedente que minaría la confianza en la voluntad real de desmovilización de este grupo.

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