Algo estrechos

"La Picota fue llenándose de gente. Los paisas llegaban por manotadas, también entraban del Valle, del Cauca, de los Llanos. La pelea con los rolos se fue acabando porque había muchas colonias más. Eso fue lo bueno de ese crecimiento. Lo malo fue que ya no podía uno moverse. Si se agachaba, empujaba a alguien. En las celdas hechas para un interno metían hasta tres. Los pasillos se llenaron. Hasta en los baños había cambuches. Protestamos. Los políticos presentaron una tutela que ganaron y con la que el Inpec se limpió el culo. La agitación crecía porque era que ya no podíamos respirar. Yo pedí una audiencia con la Defensoría y muchos me respaldaron porque era su profesor y ya me reconocían cierta famita. El director, que vivía muy mosca después de la fuga nos oyó sin parpadear. La petición era que sacaran gente para otras cárceles. Nos dijo que todas las cárceles estaban igual porque el país se había vuelto patria de delincuentes (...)", así narra el escritor Alfredo Rangel en su libro Penas y cadenas la historia de El Bombillo, un detective del DAS que por infortunios de la vida terminó en La Picota pagando una pena de 30 años.

Como este personaje hay miles de presos en Colombia que viven en condiciones lamentables, no solo por tratar de sobrevivir a la violencia y la corrupción que se da dentro de las cárceles sino por las condiciones de vida que allí se ofrecen. Hasta se podría llegar a plantear la hipótesis de que el criminal debería pensar antes de delinquir solo por no vivir muchos años o incluso hasta semanas tras las rejas.

El Centro Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) recibe en promedio mil presos mensuales, una cifra demasiado exagerada si se tiene en cuenta que de cárceles como La Modelo, una de las más grandes del país con capacidad para 1.800 personas, salen en el mismo período menos del 50 por ciento de los que ingresan. El plantel ha llegado a tener hasta cuatro mil presos recluidos.

El hacinamiento en cárceles colombianas es uno de los principales problemas que tiene la justicia y va a empeorar si se tiene en cuenta que la población carcelaria tiende a aumentar cada año y lo que es peor, con delincuentes que requieren ser recluidos en cárceles de alta y media seguridad. El ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, confirmó, durante un debate en el Congreso hace dos semanas, que se van a construir 15 centros penitenciarios con capacidad para 24 mil personas, lo que reduciría el hacinamiento en un15 por ciento aproximadamente, lo que no es suficiente para solucionar el problema pero genera resignación al ver que el proyecto cuesta miles de millones de pesos.

"En síntesis, a mayor hacinamiento, la calidad de vida de los reclusos y la garantía de sus Derechos Humanos y fundamentales es menor ", dice el último informe de la Defensoría del Pueblo donde analiza el estado de la capacidad en las cárceles hasta el año pasado.

Según cifras del Inpec, a diciembre de 2003 la población carcelaria era de 62.448 personas y la capacidad de las cárceles de 48.291. En ese mismo año, el aumento de enero a diciembre en población fue de casi 8 mil reclusos mientras que el incremento en la capacidad durante el mismo periodo fue de tan solo 2.552 cupos. Además, según el informe de la Defensoría, desde la década de los 90, el Inpec ha venido suprimiendo paulatinamente establecimientos carcelarios "bajo la sana filosofía de racionalizar sus recursos humano y económico", lo que ha provocado un leve impacto en la capacidad de la población.

"Nuestra sociedad no puede seguir financiando la construcción de nuevas universidades del crimen mientras se cierran escuelas, colegios y hospitales" dice José David Toro, director de la Fundación Horizontes de Libertad y experto en temas carcelarios, basándose en un muestreo realizado por la Fundación en el 2001 donde se determinó que un 85 por ciento de las personas que salen de las cárceles reinciden en el delito.

"Yo no dormía esperando el ataque de cualquier compañero. La mayoría de las violaciones, y las que no lo son, se dan ahí en esa mesa de hombres desesperados y arrinconados. De noche éramos casi una sola persona. Uno tiene que acostumbrarse a todo, porque el todo nunca se acostumbra a uno", dice en su relato Don Pedro, otro de los desesperados habitantes de La Modelo, personaje del libro de Molano.

Las alternativas

Con el hacinamiento además de violar los derechos fundamentales de los detenidos, se genera insalubridad y congestión en los despachos judiciales, por eso para Toro el problema se debe cortar de raíz comenzando por implementar una política de prevención ética del delito a través de programas de reincorporación social para las personas que estén próximas a recuperar su libertad.

También dice que es prioritario establecer una política de alternatividad penal para los delitos menores, penas sustitutivas por trabajo comunitario, cauciones prendarias, detención domiciliaria, trabajos extramuros (suspendidos actualmente en la mayoría de cárceles) para las personas próximas a la libertad, adecuación de clínicas de reposo y desintoxicación para enfermos mentales, psicópatas y drogadictos y sobre todo procurar que la cárcel sea el último recurso para corregir a quienes rompen las normas de convivencia social.

"La construcción de cárceles más inhumanas y represivas bajo el modelo de concesión solo son el camino para establecer en Colombia la privatización del sistema penitenciario, política nefasta que solo ayudará a promocionar la violencia en Colombia", agrega Toro lo que contradice los planes del Gobierno que consisten en dar en concesión la construcción de los nuevos centros penitenciarios.