Análisis: Cómo zanjar la crisis de Colombia y Ecuador

“Si Aisalia era delincuente, guerrillero, eso no justifica que se asesine a un ecuatoriano en suelo de Ecuador, por tropas extranjeras; este gobierno no va a permitir que este caso quede en la impunidad”, dijo el presidente de Ecuador Rafael Correa, tras comprobarse que Franklin Aisalia, un ciudadano ecuatoriano muerto en ese país por tropas colombianas, pertenecía a las Farc.

“Esta semana que pasó siguieron disparando en contra de los erradicadores de droga en la frontera con el Ecuador y eso, por supuesto, no podemos aceptarlo", dijo el canciller colombiano Fernando Araújo el miércoles de la semana pasada insinuando la falta de cooperación del gobierno ecuatoriano.

Las acusaciones mutuas de los gobiernos ahondan más la crisis diplomática que empezó con la incursión militar del ejército colombiano en territorio ecuatoriano que dio con la muerte de Raúl Reyes y otras 24 personas, entre ellas cinco de nacionalidad distinta a la colombiana. Cumplido un mes de estos hechos aún no se le vislumbra cuál puede ser la salida para que se normalicen las relaciones entre Colombia y Ecuador, pese a los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos y a la resolución de la Cumbre del Grupo de Río que dio por terminada la crisis. Las relaciones entre los dos países continúan rotas y la comunicación sólo se da a través del gobierno argentino que sirve de puente.

El incidente más reciente fue la comprobación de que el ecuatoriano Franklin Aisalia, cuyo cuerpo sin vida fue traído a Colombia, colaboraba con el grupo guerrillero. Antes de que se estableciera la identidad del cadáver, el presidente de Ecuador Rafael Correa, había dicho que si se trataba de un ciudadano ecuatoriano la crisis se incrementaría.

El Ministro de Defensa en Colombia, Juan Manuel Santos, respondió llamando la actuación de sus tropas “una acción legítima de guerra”, a pesar del rechazo expreso de los cancilleres ante la OEA el pasado 17 de marzo por considerarla una violación a la soberanía. Mientras tanto, el gobierno ecuatoriano considera que el agravio de Bogotá aumenta en la medida que se utiliza información extraída del computador de Raúl Reyes, para generar suspicacias.

Una ronda de consultas con académicos y expertos en Ecuador y Colombia exploran dónde está el corazón del problema y cómo se podría solucionar.

Las percepciones

Para el analista político Fernando Giraldo, el problema de la no resolución del conflicto estriba en la diferencia de las percepciones que tienen de los dos países de los hechos. Diferencia que obedece no sólo a proyectos políticos divergentes, sino a mentalidades distintas.

“Se hirieron los sentimientos de uno y otro lado lo que despertó un espíritu nacionalista a favor de cada Presidente. Los ecuatorianos sienten que se violó su soberanía y la mayoría de los colombianos cree que se actuó legítimamente. El problema cayó en el terreno personal y cada mandatario salió a acusarse mutuamente”, explicó Giraldo.

Los analistas de Ecuador coinciden en que la mayoría de sus connacionales tienen una imagen negativa de las medidas de Uribe en la frontera derivada de la desatención a los reclamos hechos desde Quito. Según ellos, los reclamos han sido constantes en temas sensibles como, las fumigaciones con glifosato que afectan a los pobladores de la región, el incremento de colombianos que buscan refugio en su territorio, las incursiones militares (del Ejército y la guerrilla) y la influencia del narcotráfico en su economía.

Simón Pachano, profesor de Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador, dijo a Sermana.com que “en Ecuador hay una percepción de que Colombia pareció no darle importancia a los reclamos. Así se fue alimentando un problema que se desbordó con el incidente del 1 de marzo”.

Patricia De La Torre, investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, argumentó que el gobierno de Uribe hasta ahora ha tenido una mirada restringida, que no tiene en cuenta los factores sociales en la zona limítrofe: “Ecuador ha albergado 85 mil refugiados y más de 300 mil colombianos. Eso en un país que es tres veces más pequeño que Colombia tiene unas repercusiones graves. Un día llegaron cerca de mil personas a una zona deprimida de Ecuador, buscando una mejor calidad de vida, huyendo del conflicto y de la presión de los grupos al servicio de narcotráfico; a los medios y al gobierno colombiano pareció no importarles la noticia”.

Según los analistas, el gobierno de Colombia tampoco ha reconocido los esfuerzos del gobierno ecuatoriano para ayudar a desmantelar la guerrilla ni ha tenido en cuenta que en su territorio nunca ha habido un conflicto como el de Colombia y por lo tanto el presupuesto de su país se orienta a otros problemas. A pesar de eso, en Ecuador, según un informe verificado por el Departamento de Estado norteamericano, el año pasado se desmantelaron 47 campamentos del grupo guerrillero.

A esto se suma que el conflicto colombiano no se ve de la misma manera en Colombia que en el resto del continente. Colombia interpreta que si los Estados de la región se comprometieron a luchar contra las formas de terrorismo al ratificar la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de La ONU, eso quiere decir combatir a las Farc a donde quiera que estén. Así lo deduce, después del atentado en el que murieron 36 personas en el club El Nogal, al Norte de Bogotá, la OEA, a petición del gobierno colombiano, acató el mandato que obliga a los 34 miembros del organismo a congelar los bienes y prohibir de libre tránsito a los miembros de organizaciones terroristas.

Para Ecuador las cosas son distintas. Es cierto que se comprometió a luchar contra el terrorismo pero no existe una lista de terroristas designados por la ONU ni la OEA. Tampoco hay una definición unánime de qué es terrorismo y el organismo lo dejó a consideración de cada Estado. Incluso, en la resolución de la OEA para zanjar el diferendo diplomático, quedó expreso el compromiso de los países de luchar contra “amenazas de seguridad provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales”, pero no se usó el calificativo.

Por esta razón Grace Jaramillo, analista internacional de Ecuador, explicó que los heridos que dejó el ataque militar, fueron tratados como víctimas y no como terroristas, aún sabiendo que se trataba de guerrilleros. “El lenguaje influye mucho para que la crisis tenga esa dimensión”, dijo.

En ese sentido, De la Torre afirmó que no sólo Ecuador sino la mayoría de países del continente no aceptan el calificativo de terrorista, porque hacerlo es una manera de caer en juego de los Estados Unidos por ampliar el ‘Plan Colombia’ a toda la región y su avanzada armamentista.

Quizás, como argumenta Juan Fernando Jaramillo de DeJuSticia en su columna de Semana.com, el error colombiano está en insistir en el calificativo de terrorismo para convencer a la región del daño que han hecho las Farc en Colombia.

La política exterior

La crisis diplomática pone de relieve la falta de convenios sobre cómo debían proceder los gobiernos. Los analistas, colombianos y ecuatorianos, estuvieron de acuerdo en que no había compromisos explícitos sobre cómo se debían atender los problemas fronterizos.

En gran medida esa falencia se debe a la debilidad de la política exterior. La analista internacional, Laura Gil, refiriéndose a la flaca diplomacia colombiana dijo: “Esos son los costos de que el cuerpo diplomático en Colombia se utilice como fortín político. En el país hace falta considerar más la profesionalización de los diplomáticos que los intereses personales”.

En ese mismo sentido Giraldo, cuestionó el hecho de que se hubiera menospreciado al país vecino. “Colombia consideró que no era grave lo que podía pasar con Ecuador. Cometió errores prácticos como dejar que todos los ministros salieran a hablar del tema. El riesgo es que en el hemisferio solo encuentre apoyo de Estados Unidos y termine aislado”.

Sin embargo, Colombia y Ecuador históricamente habían gozado de buenas relaciones. Así lo han reconocido analistas y dirigentes políticos de los dos países. La ex canciller colombiana, María Ema Mejía, recordó que las relaciones diplomáticas de los dos países se mantenían mediante comisiones encargadas de atender problemas puntuales: “Las embajadas aceitaban las relaciones y habían comisiones como la Combifron para tratar los temas militares y otras para temas comerciales. Nada de eso hay hoy. La restauración de las relaciones va a ser algo lento y difícil porque no hay confianza”.

Las salidas

Lo primero que se necesita para lograr una restauración de la relación diplomática es voluntad política. Pese a la gravedad de los reclamos de parte y parte, si no existe la intención bilateral de zanjar la situación, sea cuál sea el mecanismo que se busque no es posible llegar a un acuerdo. Ese es un punto que comparten analistas y ex cancilleres.

Para el ex embajador de Colombia ante la OEA, Álvaro Tirado Mejía, lo primero que se debe hacer es buscar una solución amistosa. “Si las cosas no funcionan se debe acudir de nuevo a la OEA. Pero hay que insistir en ese mecanismo”, dijo. También reconoció que la intervención de países amigos al margen de un interés particular, como Brasil o Chile, podría propiciar un ambiente de diálogo.

El ex canciller ecuatoriano, Alfonso Barrera, explicó que el problema debe pasar por su reconocimiento sin ambigüedades. Se refería al hecho de que los dos gobiernos no han sido sinceros y todavía hay insatisfacción con las resoluciones convenidas. “Las partes deben poner más de sí mismas. El presidente Uribe y sus ministros no terminan de hacer todos sus reclamos y el presidente Correa debe ser más sencillo y quitar toda sombra de duda sobre su contacto con las Farc.

Tirado recomendó subir el nivel de representación diplomática. “No deben ser los ministros los que lleven las relaciones internacionales pues la proliferación de voces es dañina. Quienes manejen las relaciones exteriores deben ser el Presidente y su canciller”.
Otra de las soluciones formuladas tiene que ver con el nombramiento de una comisión. Este punto fue recomendado por la OEA en la resolución más reciente. La ex canciller Mejía dijo que urgía la creación de una comisión bipartita que no dejara de funcionar hasta que fueran solucionados los problemas de la frontera tales como: seguridad, comercio, fumigaciones y atención a los refugiados. “Hay qué tener voluntad política y deponer las diferencias, porque tanto para Colombia como para Ecuador las relaciones son muy importantes”, concluyó.

Como dijo hace unos días en Hora 20 el ex ministro de defensa Rafael Pardo, Ecuador va a seguir estando ahí siempre y Colombia tiene que mejorar su convivencia con el vecino. Además también están en juego 2.000 millones de dólares de las exportaciones colombianas a Ecuador y la creciente inversión de Colombia en ese país: sólo en 2006 los colombianos invirtieron 20 millones de dólares y en el primer semestre de 2007 se crearon 84 empresas colombianas.

Por eso la salida pasa por esforzarse menos con denunciar las pruebas de la supuesta conexión Farc-Ecuador (con el riesgo de repetir el fiasco de la foto de la que se dijo era el ministro ecuatoriano Larrea con Raúl Reyes, y resultó falso), y más por silenciar el coro de insultos, subir el perfil de los embajadores de lado y lado y crear los espacios para el trabajo conjunto para enfrentar los problemas de la frontera que no son pocos: inmigración ilegal, desplazamiento forzado, secuestros, acciones bélicas, lavado de dinero, tráfico de armas y de estupefacientes, sólo para mencionar algunos.