Arauca

Tras posesionarse como presidente, Álvaro Uribe escogió a Arauca como uno de los laboratorios principales de su política de seguridad democrática. En septiembre de 2002, Uribe declaró a los municipios de Saravena, Arauca y Arauquita "municipios prioritarios para recuperar y consolidar la autoridad democrática" bajo la figura de zona de rehabilitación.

Por su cercanía con la frontera venezolana por donde entran combustible y armas de contrabando, salen aviones cargados de coca -en el 2002 se estimaba que había unas doce mil hectáreas sembradas en Arauca-, cruzan impunemente guerrilleros con doble nacionalidad y por el pozo petrolero de Caño Limón, el segundo más grande del país, Arauca representa un lugar clave en el curso de la guerra.

Desde que comenzó a operar el oleoducto en 1986, guerrilleros del ELN y desde 1997 también de las FARC han golpeado los primeros noventa kilómetros del tramo araucano casi mil veces, provocando la pérdida de más de dos millones de barriles. y dando a los guerrilleros una capacidad de chantaje sin igual. Las guerrillas se han quedado con una parte importante de regalías. Con la incursión de los paramilitares en el 2001 la situación se agravó aún más.

En esta zona de rehabilitación los militares adquirieron mediante un decreto de conmoción interior facultades excepcionales para censar a los pobladores, allanar casas, detener personas, interceptar comunicaciones y restringir ciertos derechos sin orden judicial. Desafiando todos los peligros, el presidente Uribe gobernó desde la capital araucana durante tres días dándole a sus habitantes una esperanza de que las cosas podrían mejorar.

Pero la violencia se recrudeció. La guerrilla no sólo voló infraestructura, sino que apeló al método de bombas humanas y recurrió de nuevo a las masacres. Los paramilitares mataron periodistas y a varios líderes de la región. Cuando la zona de rehabilitación fue tumbada por la Corte Constitucional en 2003 la paz aún no había llegado al departamento.

Recuperar el control de Arauca no es fácil. Durante años, el ELN practicó un clientelismo armado que le permitió infiltrar el poder político departamental, hacerse a muchos contratos públicos y controlar la vida social del departamento. Por eso la captura de casi toda la dirigencia araucana en el 2003 fue aplaudida por muchos. No por las ONG de derechos humanos del departamento, quienes además de criticar las irregularidades en las capturas masivas, han denunciado abusos de la Fuerza Pública; el más evidente, el asesinato de tres sindicalistas.