Así se aplicará el decreto que otorga perdón a los paras por delitos de sedición

La promesa que el presidente Álvaro Uribe les hizo a los más de 30.000 desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, se está cumpliendo. El pasado mes de mayo, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible uno de los artículos de la ley de Justicia y Paz que incluía la sedición, el gobierno les aseguró que de alguna manera se blindaría el proceso de paz con una norma reglamentaria. Y así lo hizo este miércoles con la firma del decreto 4436 (que reglamenta la ley 782 o de Orden Público, a la que se acogían los que no habían cometido delitos atroces), que indulta a los ex paramilitares que se hayan desmovilizado antes del 18 de mayo de este año, quienes podrán ser beneficiados con la cesación de procedimiento, preclusión o auto inhibitorio.

De acuerdo con la norma, todos los paramilitares que no hayan incurrido en delitos de lesa humanidad (como ‘Jorge 40’, ‘Gordolindo’ o ‘Don Berna’, que hoy están presos en la cárcel de Itagüí bajo la ley de Justicia y Paz) podrán ser beneficiarios de la norma, excepto los del bloque Élmer Cárdenas, dirigidos por ‘el Alemán’, ya que estos entregaron sus armas el pasado 15 de agosto.

El derecho penal universal señala que el delito de sedición se entiende como “el hecho de conformar grupos armados ilegales o hacer parte de ellos interfiriendo en el libre funcionamiento del orden institucional”. Es decir que si un desmovilizado que perteneció al Bloque Mineros ingresó a las AUC en 2002, se vistió con el uniforme, cargó un fusil y recorrió las veredas de Tarazá en Antioquia haciendo propaganda política y buscando reclutas, puede acogerse a lo que dice este decreto.

Ahora bien, de los 31.671 desmovilizados de las autodefensas, cerca de 2.600 decidieron acogerse a la ley de Justicia y Paz (o ley 975) porque incurrieron en delitos atroces, graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario o crímenes de guerra (masacres, torturas o desapariciones). Se supone que el resto nunca participó en la ejecución de cualquiera de estos delitos, hecho que deberá ser comprobado por una autoridad judicial (un juez o un fiscal) para que este beneficio sea procedente.

El ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, aclaró que si algún paramilitar que decidió acogerse a Justicia y Paz (porque lo incluyó alguno de sus jefes) y no masacró ni torturó a nadie, puede recurrir al reciente decreto.

Por su parte, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, dijo que no se expidió esta reglamentación antes por ajustes que se le venían haciendo a la norma. “Lo que queremos es darles seguridad y solidez jurídica a decisiones que se han venido tomando mientras avanzaron las desmovilizaciones. Si una persona dice que no cometió un delito atroz, se acoge a este decreto, pero después un fiscal comprueba que sí mató, de inmediato perdería los beneficios de Justicia y Paz y sería juzgado por la ley ordinaria”, aseguró.

Desde Itagüí

Entre tanto, desde la cárcel de Itagüí donde, permanecen recluidos 59 paramilitares de la talla de Salvatore Mancuso y Ernesto Báez, se conocieron buenas noticias por parte del presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Mauricio Lizcano, quien aseguró que los ‘paras’ tienen ganas de reconstruir el proceso, tras haberlo roto la semana pasada luego de que el gobierno ordenó sacarlos del centro de reclusión de La Ceja, en Antioquia.

“Vamos a hablar con el gobierno a ver cómo se pueden reconsiderar las cosas, pero ellos manifiestan voluntad y tienen ganas de reconstruir el proceso”, aseguró el congresista, quien fue hasta la cárcel en compañía de otros colegas que grabaron el encuentro que luego será dado a conocer a todo el país.

También se conoció que el ministro Holguín autorizó el ingreso de 22 computadores portátiles al centro penitenciario, según él, para que los ‘paras’ puedan seguir las noticias que se producen sobre el proceso, e incluso para que puedan ser utilizados como garantía de su defensa.

Aunque el presidente Uribe parecía implacable en su decisión de mantenerlos encerrados, asegurados y en las condiciones en que debe estar un delincuente, este jueves se consideró la posibilidad de que también puedan ingresar televisores, una impresora, una fotocopiadora, equipos para gimnasia y cocineros de la confianza de los desmovilizados, ante el temor de un envenenamiento por enemigos suyos que permanecen en el penal.