Barranquilla, una ciudad sin juicio

Ambos están presos en sus casas y la amistad que los unió es un recuerdo remoto que ninguno quiere recordar. Pudieron haber hecho historia de la buena en una ciudad que reclama un liderazgo capaz de encauzar su pujanza, si hubieran seguido el propósito que animó al ex sacerdote salesiano en su primera administración de luchar contra la corrupción que durante las últimas dos décadas habían postrado a Barranquilla, pero terminaron atrapados en el sistema que se proponían combatir.

Este miércoles y jueves debía realizarse la audiencia pública en el Juzgado Cuarto Penal Municipal. En esa sesión pública, los acusados, el alcalde Hoenigsberg y el cura Hoyos, debían comparecer ante el juez y someterse a interrogatorios de parte de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, los abogados defensores y el Actor Popular. Infortunadamente, este proceso, que lleva casi 13 años y que ha pasado por las manos de varios fiscales, todas las semanas le colocan un palo en la rueda impidiendo que el juicio se desarrolle dentro de los términos procesales.

La última argucia dentro de una larga cadena de recursos dilatorios, según lo afirma el Actor Popular y decano de la facultad de derecho de la Universidad del Atlántico, Gaspar Hernández, lo que busca es que el juez que tiene preso al Alcalde no siga con el proceso y pase a manos del Juzgado Segundo Penal Municipal, que en las últimas semanas accedió a una tutela contra el periódico El Heraldo y ha absuelto varias peticiones de la defensa de Hoenigsberg favorablemente. El defensor del padre Bernardo Hoyos, abogado José Humberto Torres, coincide también con el actor popular en que la colisión de competencias solicitada por la defensa del alcalde impide que se haga un juicio dentro de los plazos establecidos por la ley y estos recursos son dilaciones indebidas en un proceso sobre el cual existen suficientes pruebas.

Todas las dilaciones

La defensa ha agotado toda la estantería de recursos dilatorios, privando a la ciudad de un juicio justo. Los barranquilleros reclaman una decisión sobre quién malgastó esos 7.000 millones de pesos y a manos de quién fueron a parar.
 
Inicialmente, la defensa solicitó al Juzgado Cuarto que no considerara como parte en el proceso al Actor Popular, abogado Gaspar Hernández Caamaño, quien ha sido el impulsor del juicio y quien terminó defendiendo los intereses de la ciudad, porque la Alcaldía, sujeto que representa al distrito de Barranquilla, contra quien se cometió el daño, no estaba actuando en defensa de los intereses de la ciudad. Es más, en un oficio el jefe de la oficina jurídica, subalterno del alcalde Hoenigsberg, dijo que el distrito no había sufrido detrimento con dicha remodelación. El juez negó esa pretensión.

Posteriormente presentaron peticiones de nulidad con el argumento que el Fiscal noveno no era el competente, la cual también fue negada. Luego vino una etapa de recusaciones contra el juez Jafet Puello por haber dictado el 19 de septiembre medida de aseguramiento intramural contra el Alcalde, el cura y el interventor. El Tribunal Superior rechazó la recusación y confirmó la medida de aseguramiento pero la modificó otorgándoles a los sujetos cárcel domiciliaria.

Más adelante presentaron recursos de apelación contra la medida de aseguramiento y solicitaron a los magistrados del Tribunal Superior, Julio Ojito Palma y Alejandro Colmenares que se declararan impedidos por tener parientes en la administración, así como la nulidad de lo actuado por ellos. Ante este recurso, el Tribunal sorteó una sala de conjueces que dejó en firme la medida de aseguramiento, pero admitió que los magistrados se encontraban impedidos. Un hijo del magistrado Ojito Palma trabaja en la oficina de Planeación. El magistrado dijo que su hijo había obtenido ese empleo antes de que llegara el alcalde Hoenigsberg. Un hermano del magistrado Colmenares trabaja en la oficina del área Metropolitana y dos hijos del magistrado Rodrigo Jabba, quien sí se había declarado impedido, trabajan, uno en el despacho del alcalde y el otro en el Departamento Administrativo del Medio Ambiente Damab.

Ante esta situación se sorteó una sala de conjueces integrada, entre otros, por el abogado de Enilse López (alias ‘La gata’), quien meses antes no se había podido posesionar como director Seccional de Fiscalías por este hecho. Los especialistas dicen que eso no es un impedimento, pero habiendo procesos contra ella en la Fiscalía, se podrían crear suspicacias en caso de que la favorecieran con decisiones inhibitorias.

Más adelante, no satisfechos con que todos los recursos fueran resueltos negativamente, presentaron cuatro tutelas contra el juez cuarto penal municipal, que fueron declarados improcedentes. Ahora, finalmente, han solicitado una colisión de competencias porque en dos juzgados penales municipales ( en el segundo y el cuarto), se siguen dos procesos que comenzaron en distintos momentos. El que se sigue en el juzgado segundo es por la contratación inicial de 1.950 millones en el año 1994 y una adición para terminar las obras para un valor de 3.500 millones de pesos. Y en el juzgado cuarto penal el proceso que se sigue es por la conciliación celebrada en el año 1998, cuando el padre Hoyos volvió a la Alcaldía. La conciliación fue entre el contratista, Fernando Thorné y el Distrito por valor de 3.500 millones de pesos. Sobre ambos casos existen suficientes pruebas y testimonios para llevar a cabo la audiencia pública del juicio. En este momento, el juez segundo aceptó la colisión de competencias planteada por la defensa de Hoenigsberg y pidió a su colega del juzgado cuarto que le mande el proceso para que se siga uno solo. El juez Jafet Puello rechazó la colisión y eso obliga a que sea el Tribunal Superior, sala penal, la que decida, pero como los magistrados se encuentran impedidos, deberá sortearse una nueva sala de conjueces. Adicional a todo este galimatías y trampas procesales, el abogado de Hoenigsberg, ex magistrado Carlos Gálvez Argote, acaba de presentar un nuevo recurso mediante el cual pretende anular todo el proceso y existe una fuerte presión para defenestrar al juez Jafet Puello, quien ha rechazado todas las nulidades y recursos dilatorios.

Mientras esta delicada urdimbre procesal impide que el juicio avance, crecen los rumores sobre los intentos de soborno y presiones contra magistrados y jueces en el edificio Lara Bonilla, donde funcionan los juzgados. Desde la semana pasada circula un pasquín firmado supuestamente por una agremiación que se denomina Asojudicial, una publicación de los trabajadores del poder judicial que denuncia la existencia de casos de corrupción en algunos despachos judiciales sin mencionar nombres y todo ello, aseguran, con la complacencia del Consejo Superior de la Judicatura. En esa circular, calificada como un pasquín, se dice que los conjueces se reunieron con el alcalde. Se preguntan que cómo puede explicar el juez segundo que hace unos meses se movilizaba en bus y de repente se movilice en un Chevrolet. También insinúan que ha habido promesas de tráfico de influencias para lograr que el magistrado Ojito Palma sea elegido magistrado de la sala penal de la Corte Suprema, en caso de que favorezca las pretensiones de los abogados de Hoenigsberg. Pero este magistrado había sido recusado precisamente por los abogados del alcalde, el magistrado hace unos meses dijo: “Es inexplicable esta actitud de los abogados del alcalde de pedirme que me declare impedido y que en otros casos en los que hemos fallado favorablemente sus pretensiones no la hayan hecho”.

Acerca de todas estas argucias, coinciden los del anónimo y los abogados Gaspar Hernández y José Humberto Torres, es que el alcalde Hoenigsberg vuelva al cargo para cumplirle al presidente Uribe los compromisos electorales de apoyar a los candidatos uribistas a la Alcaldía. Incluso, los dos últimos pisos los habían pintado y arreglado previendo que el alcalde regresara el pasado lunes 30 de abril al cargo, pero los recursos presentados por sus mismos abogados impiden que se cumpla la garantía de que al procesado, si a los seis meses de dictada la medida de aseguramiento, esta no se ha hecho efectiva recobrará automáticamente la libertad.

Sin embargo y en contra de Hoenisgberg y del presidente Uribe, están pendientes de resolverse dos tutelas ante la Corte Constitucional: una para que se designe a un alcalde temporal con base en una terna del Movimiento Ciudadano y otra del actor popular contra la decisión de los conjueces que fue acogida para revisión. A la primera se le vencen los términos el viernes y la segunda puede tardar dos o tres meses.

Mientras estos recursos se resuelven, los abogados Hernández y Torres reclaman a la Procuraduría General de la Nación una vigilancia especial del proceso que garantice el regreso a un juicio dentro de los términos establecidos por la ley y que se sancione las argucias dilatorias que han impedido que el juicio se cumpliera en el plazo establecido por la ley.